Los blindajes no tienen receso

El jueves, la Comisión de Ética Parlamentaria decidió no atender el pedido del legislador José Jerí (Somos Perú) para que se lo investigara de oficio por una denuncia que lo implica en una violación sexual. Hay que decir que, en una sesión anterior donde debía verse esta solicitud, la misma comisión no alcanzó el quórum necesario, por lo que no se puede decir que sus integrantes tenían mucho interés en revisarla. Aun así, no deja de sorprender la velocidad con la que los legisladores analizaron el tema (solo le dedicaron cinco minutos de la sesión) ni los argumentos que sostuvieron la decisión del presidente del grupo de trabajo, Alex Paredes (Bloque Magisterial): que el tema ya estaba en manos del Ministerio Público y que se trataba de hechos ocurridos fuera del Parlamento.

Sobre lo primero, como hemos dicho anteriormente, la Comisión de Ética no está facultada para indagar en la naturaleza penal de los hechos que se le imputan a un legislador. Ese no es su trabajo. Este, más bien, consiste en examinar si un congresista ha mostrado una conducta reñida con la moral. Como es obvio, la evaluación penal y la ética no son excluyentes, y sus sanciones, por supuesto, tampoco tendrían por qué serlo. Sobre lo segundo, cabe decir una obviedad que parece que a nuestros parlamentarios se les olvida constantemente: que no deben exhibir un buen comportamiento únicamente en sus espacios de trabajo. De ellos se espera que en todo momento y lugar guarden una conducta intachable, acorde con el alto cargo que la nación les ha encomendado.

Por ello fue un escándalo en su momento que al exparlamentario Freddy Díaz, hoy preso por violar a una trabajadora en una oficina parlamentaria, solo se le sancionara en la comisión de marras por libar licor y mantener relaciones sexuales en su despacho, bajo el mismo razonamiento que se ha aplicado con Jerí.

Pero Jerí no es el único beneficiado con la predisposición de sus colegas para el blindaje. Ayer, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por María Acuña (Alianza para el Progreso), aprobó el informe que propone desestimar la denuncia presentada por la fiscalía contra la congresista Rosío Torres (del partido de Acuña) por mochasueldo; una denuncia que, hay que resaltar, iba camino de cumplir un año desde que fue presentada. Entre los votos que salvaron a Torres, llamativamente, estaba el de Jerí.

El Congreso, como dijimos al inicio, puede estar en receso, pero los blindajes no descansan ni se van de vacaciones.