Todo parece indicar que la suerte del titular del Interior, Juan José Santiváñez, finalmente está echada. Con el cambio de postura de Fuerza Popular y otros partidos presentes en el Parlamento con respecto a su permanencia en el Ministerio del Interior es claro que, si la presidente Boluarte no lo remueve, la representación nacional lo hará por la vía de la censura. Y la verdad es que ha acumulado méritos para ello.
Las cifras de la criminalidad –que él ha tratado más de una vez de negar o maquillar– han alcanzado durante su gestión niveles de escándalo, sus estados de emergencia se extinguieron sin que él diera “un paso al costado” como había ofrecido y la sindicación de personas inocentes como sicarios se le hizo un hábito. Todo esto, amén de las investigaciones fiscales que arrastra por diversos motivos y de las que trata de sustraerse con torpes artimañas, hacía desde hace tiempo necesaria su salida (una necesidad que los aliados tácitos del gobierno en el Legislativo preferían ignorar y por la que tendrán que responder ante sus electores el próximo año).
Pero necesaria no es lo mismo que suficiente. El problema de la inseguridad en el territorio nacional no va a desaparecer junto con él. Trece ministros del Interior han pasado ya por el puesto desde julio del 2021 sin que la situación dé indicios de mejorar. Así pues, el sicariato, las extorsiones, los robos y demás van a continuar su escalada demencial con el próximo titular del sector si el Estado no reacciona frente a este dramático cuadro en forma coordinada y desde todos sus estamentos. Porque lo que hace falta es una articulación de la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sistema penitenciario y –al parecer lo más difícil– el Congreso. Es desde allí que, en literal complicidad con el Ejecutivo, se conspiró contra la detención preliminar en casos de no flagrancia, con ello se le facilitó el camino a la extorsión y se alimentó la ilegalidad en el transporte, la minería, la educación y tantos otros rubros.
Lo que se requiere con urgencia para dar cara a este pavoroso estado de cosas no son nuevas declaraciones de emergencia o penas de muerte, sino un plan conjunto de todas las instancias oficiales ya mencionadas y de los gremios y organizaciones de la sociedad civil. La salida de Santiváñez es solo el primer paso.
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