Tal parece que la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores continuará prohibida en los comicios del próximo año. El último intento para habilitarla volvió a naufragar esta semana, cuando la propuesta solo consiguió 78 respaldos en el pleno, nueve menos de los que requería para ser aprobada a través del Legislativo. Es cierto que todavía podría salir adelante mediante un referéndum, pero es poco probable que ello ocurra antes de que venza el plazo –el próximo octubre– para modificar las reglas electorales que regirán en las elecciones subnacionales del 2026. Nuevamente, pues, estamos ante una oportunidad perdida.
La noticia es lamentable, porque hace apenas un año esta misma representación nacional estuvo cerca de aprobar la reforma. En mayo del 2024, 92 parlamentarios la respaldaron, lo que hacía pensar que los 87 votos que necesitaba para ser ratificada en una segunda legislatura estaban garantizados. Sin embargo, cuando se sometió nuevamente a votación, solo recibió 76 endoses. Es cierto que aquella fórmula incluía la eliminación de los movimientos regionales, lo que disuadió a algunos legisladores de apoyarla. Por lo que esta vez se optó por debatir solo la reelección de alcaldes y gobernadores, sin ningún añadido que podría restarle votos. Y ni así…
Ciertamente, la reelección de todo tipo de autoridades es impopular. Y, en este caso, el recuerdo de gobernadores y alcaldes atornillados durante décadas es más poderoso que lo que muestran las estadísticas: que antes de que se vetara, muy pocos la conseguían. Por ejemplo, en el 2014, solo el 44% de los gobernadores se presentó a la reelección y apenas el 16% logró su cometido. Ese mismo año, pese a que más del 50% de alcaldes provinciales tentó un nuevo período, solo el 11% recibió el respaldo popular. En otras palabras, más que la regla, salir reelegido era una excepción.
Sumado a ello, la prohibición corta la posibilidad de ejecutar proyectos que requieren mucho más tiempo que los cuatro años que la Constitución le impone a toda autoridad subnacional; implica una pérdida de tiempo y recursos por la transición obligatoria que tiene lugar luego de cada elección, priva al ciudadano de la posibilidad de ratificar a una buena autoridad en las urnas, y ni siquiera elimina la corrupción (que fue el argumento que se utilizó para aprobarla), sino que, por el contrario, hay indicios de que la alienta.
Hechas las sumas y las restas, en fin, la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores trae más beneficios que su prohibición. Sin embargo, su impopularidad y los cálculos electorales de algunos congresistas que se oponen a ella hacen que hoy parezca una reforma imposible. Ojalá que, más temprano que tarde, esto cambie.
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