Visto desde fuera

Dos días atrás, la delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que llegó a nuestro país para evaluar la situación de la libertad de expresión dio por finalizada su visita. Durante el tiempo que esta duró, el grupo se reunió con periodistas, asociaciones de prensa y autoridades de los principales poderes del Estado y, pese a que el informe con las conclusiones del viaje se conocerá todavía en un tiempo, sus integrantes ya han adelantado que el tono de este no será muy alentador. “La verdad, nos vamos muy preocupados”, le dijo a este Diario Carlos Jornet, uno de los miembros del equipo.

No hace falta ser un agudo observador de la realidad nacional para darse cuenta de que la de expresión es una de las libertades que más se ha visto afectada en los últimos años. El año pasado, por ejemplo, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú registró 392 agresiones contra periodistas o medios de comunicación: la cifra más alta en las últimas dos décadas. En enero, además, el periodista Gastón Medina fue asesinado en Ica, presuntamente como represalia por sus destapes, algo que no ocurría en nuestro país desde hace ocho años. Y apenas la semana pasada, la presidenta Dina Boluarte acusó a la prensa –sin pruebas– de estar detrás de un intento de golpe de Estado en su contra.

Todo esto, como decimos, ya se conoce, pero la visita de la SIP no deja de ser importante porque, al ser un organismo externo, permite que el problema alcance una audiencia internacional y, además, le pincha la llanta al argumento de nuestras autoridades, que suelen restarle gravedad al tema al afirmar que la prensa local exagera –o, peor aún, motiva– los ataques en su contra. Jornet, por ejemplo, contó que el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, les dijo que los proyectos de ley que se presentan para restringir el trabajo periodístico “son casos individuales”, cuando este Diario ha contado al menos 77 iniciativas en ese sentido presentadas desde el 2016. Un número que revela, más bien, una ofensiva permanente.

Mención aparte merece la actitud de la presidenta Dina Boluarte de no recibir a la delegación de la SIP, un comportamiento que es bastante congruente con la forma cómo ha venido rehuyendo a la prensa –hace dos años que no concede una entrevista–, pero que no deja de ser lamentable. Mientras que, en la otra orilla, es saludable la disposición de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, de firmar las declaraciones de Chapultepec y Salta II, aquellas que ni Boluarte ni Pedro Castillo quisieron rubricar.

Así las cosas, habrá que ver los detalles del informe final de la SIP, pero la sensación que sus integrantes se llevan es bastante parecida a la de quienes vemos el problema desde adentro.