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Editorial: Una oportunidad de cobre

Otorgada la licencia para Tía María, el Estado y la empresa deben trabajar para despejar las inquietudes en torno al proyecto.

Editorial

Minería

La empresa Southern Perú, a cargo del proyecto cuprífero Tía María, ubicado en la provincia de Islay (región Arequipa), recibió la licencia del Gobierno para empezar la etapa de construcción. (Foto referencial: Andina).

Ayer, la empresa Southern Perú Copper Corporation anunció que había recibido la autorización del Gobierno para iniciar la construcción de la mina de cobre Tía María, ubicada en la provincia de Islay (Arequipa). Se han cumplido, así, los requerimientos formales que la ley exige a la minera para comenzar a poner en marcha el proyecto. Ello, sin embargo, no significa que el trabajo haya terminado. Pues ahora se inaugura una etapa tanto o más importante que la anterior, que consistirá en lograr la confianza de los ciudadanos que viven cerca del proyecto y que mantienen reticencias en torno al mismo.

Bien es cierto que, a estas alturas, las razones para impulsar Tía María ya han sido comunicadas ampliamente, y uno podría pensar que estas suenan, por sí mismas, harto convincentes. Una inversión de US$1.400 millones –esto es, un crecimiento del 0,4% en el PBI– que, en tiempos en los que las inversiones privadas de esa magnitud y los proyectos mineros no proliferan, no se puede desdeñar. La creación de 3.600 puestos de trabajo directos en la etapa de construcción, y otros 5.000 indirectos, que sin duda mejorarán la calidad de vida de los locales. Y, por supuesto, los S/5 mil millones por concepto de canon y regalías que entrarían a las arcas de la región, los municipios y las universidades.

Todas estas, decimos, credenciales que no se pueden ignorar.

Tan innegable como todo lo anterior, empero, es que el proyecto sigue despertando inquietudes y reclamos entre los ciudadanos de Islay, particularmente en lo concerniente a un supuesto daño ambiental que generaría la presencia de la mina en el valle de Tambo y en el agua que los agricultores de la zona utilizan para irrigar sus cultivos.

Ante este panorama, concierne a la empresa y al Ejecutivo trabajar para despejar las dudas que aún subsisten y para ganarse la confianza de la población, asumiendo, además, compromisos verificables y creíbles con esta.

El Gobierno podría, por ejemplo, generar mecanismos adecuados para que los ciudadanos puedan certificar que lo aprobado en el estudio de impacto ambiental (EIA) se lleva, efectivamente, a la práctica. Toda vez que, como sabemos, los EIA son documentos complejos y llenos de conceptos técnicos cuya comprensión resulta difícil para el ojo no especializado.

El Ejecutivo debe, pues, no solo detallar y explicar los alcances del EIA sino también comprometerse a velar por su cumplimiento y a tomar las medidas concretas en caso de que la empresa desconozca o vulnere alguno de los acuerdos asumidos.

En suma, el Ejecutivo debe dar las garantías de que el EIA ha sido cuidosamente revisado y de que su cumplimiento será monitoreado. En esa línea, debería también recalcar que cualquier incumplimiento será corregido y, ciertamente, sancionado.

Es un buen comienzo, también, que la empresa haya enfatizado que abrirá canales de diálogo en coordinación con las autoridades para absolver las inquietudes sobre la mina y para que se asuman “compromisos concretos” para el desarrollo de la provincia de Islay. Sin embargo, si bien el diálogo puede ser un buen inicio, este no debería ser utilizado como una coartada para que los involucrados eviten consensuar acuerdos específicos. Después de todo, si algo nos demuestra la experiencia reciente, es que el diálogo que no está anclado a puntos certificables termina siendo una pantomima que se difumina al poco tiempo.

Sería trágico, en fin, que el silencio del Ejecutivo –o su tibieza– en este caso le abran un espacio a ciertos grupúsculos ideologizados o políticos (y autoridades irresponsables) que terminen adueñándose del protagonismo en el debate en torno al futuro del proyecto, con las consecuencias que ya conocemos.

Después de todo, Tía María es también, para el Gobierno, una oportunidad nada pequeña para demostrar que puede revertir el déficit de inversión minera que desde hace algunos años viene aquejando el país. Y, en esa línea, su puesta en marcha sin turbulencias puede terminar aligerando el camino a los proyectos que todavía se mantienen encarpetados.

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