Editorial: Juntos es mejor

A pocas semanas de las elecciones generales, parece inevitable filtrar cualquier asunto gravitante por un tamiz político. Pero la discusión sobre las preferencias o antipatías ideológicas, así como la visión que cada quien tenga del rol teórico del Estado deben pasar a un segundo plano cuando se trata de desplegar la campaña de vacunación más efectiva y rápida posible.

Según los ministerios de Salud y Relaciones Exteriores, el Perú estaría recibiendo números significativos de vacunas de los laboratorios Sinopharm y Pfizer entre marzo y abril. De cumplirse, el siguiente gran obstáculo para alcanzar la inmunización masiva –y regresar a algún nivel de normalidad en la vida del país– será por supuesto la logística en la aplicación de las vacunas.

En este punto, las anteojeras ideológicas no deben impedir que la colaboración entre los sectores público y privado lleve a buen puerto el titánico esfuerzo. De un lado, queda claro que la vacuna contra el COVID-19 es un bien público que debe ser garantizado por el Estado a todos sus ciudadanos –y sobre todo aquellos en condiciones de riesgo–. De otro lado, la agilidad en el proceso de inmunización es absolutamente clave, y las redes y canales de distribución que tiene el sector privado pueden ser de muchísima utilidad.

Así, los esfuerzos de trabajo conjunto entre las empresas y el Ejecutivo deben ser promovidos. Recientemente, María Isabel León, presidenta de la Confiep, indicó que su gremio se encuentra en coordinaciones con sus miembros y con el Ministerio de Salud (Minsa) para adquirir vacunas y distribuirlas entre sus trabajadores y sus familias de manera gratuita. De acuerdo con Óscar Ugarte, titular del Minsa, la distribución complementaria de la vacuna por parte de las redes del sector privado sería conveniente, aunque la importación directa de la vacuna por cuenta de empresas aún no está autorizada, pues ello “podría alterar el proceso normal de vacunación” por fases. Por el momento –y dado que los laboratorios internacionales están enfocados en los tratos directos con los gobiernos–, esto último no presenta inconveniente, aunque podría ser un asunto por revisar en los siguientes meses.

La colaboración entre el sector público y privado, por lo demás, es ya práctica común en varios países para la distribución de las dosis. En Chile, con el apoyo de la red privada, se logró vacunar a 2,7 millones de personas en apenas 15 días. En EE.UU., los estados firman convenios con distintas cadenas de ‘retailers’ para proveer la vacuna a través de sus canales. En el Perú, de acuerdo con el propio ministro Ugarte, “las farmacias pueden ser un vehículo muy rápido de llegada para que se pueda vacunar” al 40% de los adultos mayores que no son afiliados a Essalud ni forman parte de Pensión 65.

A pesar de las pasiones que puedan despertar las posiciones a favor o en contra del sector público o privado, hoy de lo que se trata es simplemente de hacer lo más efectivo para conseguir y distribuir más vacunas lo más rápido posible. No hay espacio para dogmas ni prejuicios. Como en cualquier situación de crisis, ambos sectores deben complementarse para potenciar sus fortalezas y minimizar sus debilidades. La política de confrontación, por ahora, puede quedar de lado.