Medir el éxito de un programa diseñado para capturar a prófugos de la justicia es bastante simple. Si pasado cierto tiempo no logra apresar a una buena cantidad de fugitivos, debería ser obvio que no funciona. La lógica es elemental.
Un análisis tan básico no parece haber sido emprendido aún por el Ministerio del Interior. Este Diario publicó ayer un informe (con información obtenida a partir de la ley de transparencia) que daba cuenta del lamentable desempeño del Programa de Recompensas –antes conocido como “Lista de los más buscados”–. Como su nombre sugiere, este es un mecanismo para incentivar a que ciudadanos provean información que ayude a la captura de prófugos de la justicia a cambio de dinero. Sin embargo, de las 856 personas con requisitoria en el programa, el 81% lleva más de cinco años sin haber sido ubicadas. Algunas llevan más de siete años en esta situación. El prófugo más emblemático, Vladimir Cerrón, cumplirá pronto un año en la clandestinidad. Se ofrecen S/500.000 por su captura. En general, las estadísticas sugieren que, si el fugitivo no es capturado durante el primer año de su desaparición, la probabilidad de apresarlo baja dramáticamente en los años siguientes.
Los programas de recompensa, para ser claros, no son la panacea. Las líneas que distinguen una información vital para el arresto de una pista accesoria no siempre son obvias. Tampoco lo son las que separan a los cómplices de los informantes que esperan recompensa por su labor. Aun así, si el programa peruano tiene alguna chance de funcionar adecuadamente, probablemente su principal escollo por solucionar pasa por la baja confianza en la policía. De acuerdo con el INEI, menos del 20% de la población confía en la PNP. Si los potenciales informantes –por lo general anónimos por razones de seguridad– creen que alguna autoridad puede filtrar su identidad, su propensión a colaborar será mínima. En tiempos de extorsiones y organizaciones criminales en crecimiento, esta preocupación no es ilegítima. En segundo lugar, el sitio web y las redes sociales del programa no son especialmente amables para los informantes, lo que también dificulta su participación.
La ineficacia del Programa de Recompensas es un síntoma de problemas más sistemáticos en el Ministerio del Interior. Tampoco han funcionado los estados de emergencia urbanos, los programas de seguridad por horas ni otras iniciativas similares. Y al ritmo de 13 ministros en tres años dirigiendo el pliego, es poco probable que el resto vaya a funcionar.
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