Congresistas demandan citar a ministro del Interior por retiro de Vladimir Cerrón de Programa de Recompensas

Parlamentarios de cuatro bancadas piden que el ministro del Interior, Julio Díaz, sea citado a la Comisión de Fiscalización para que explique la salida de los prófugos de la justicia Vladimir Cerrón y Juan Silva del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter).

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Cerrón, ex gobernador de Junín y líder de Perú Libre, lleva 16 meses en la clandestinidad. En octubre pasado, el Ministerio del Interior elevó a S/ 200.000 la recompensa que ofrecía a cambio de información que permitiera su captura. No obstante, al menos este 24 de abril, su rostro ya no figura en el programa.

En tanto, Silva, quien fue ministro de Transportes durante el gobierno de Pedro Castillo, tiene una orden de prisión preventiva en un proceso en su contra por el presunto delito de organización criminal.

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Los congresistas Arturo Alegría (Fuerza Popular), Lady Camones (APP), José Cueto (Honor y Democracia) y Alejandro Cavero (Avanza País) demandan explicaciones del ministro Díaz y que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos (Podemos Perú), lo cite para que responda por este caso.

En diálogo con El Comercio, Alegría, portavoz de Fuerza Popular, opinó que sería “positivo” que Díaz sea citado a la Comisión de Fiscalización y otros grupos de trabajo. Sin embargo, descartó que su agrupación haya conversado sobre una posible moción de interpelación porque se encuentran en semana de representación.

Una respuesta similar brindó Camones. “Sería importante [que lo citen a Fiscalización] para que nos den la información correspondiente”, dijo a este Diario.

La parlamentaria apepista también descartó que su bancada vaya a promover un pedido para que el ministro asista al pleno.

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A su turno, Cueto consideró que el ministro debe ser convocado por Burgos y el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Alfredo Azurín.

Sobre una posible interpelación al ministro, dijo: “Nadie puede trabajar así. No tiene ni un mes”.

En tanto, Cavero aseveró que Díaz “tendría que dar una explicación clara de por qué estas dos personas han sido retiradas del Programa de Recompensas”.

“El señor Juan Silva sigue prófugo y todo el mundo sabe que está en Venezuela. El ministro y si es una cuestión del Poder Judicial, si tiene que ver en esto, que también se pronuncie”, afirmó Cavero a Canal N.

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Prófugo Cerrón

Cerrón enfrenta una orden de prisión preventiva por 24 meses. Esto como parte de un proceso en su contra por un caso de presunto financiamiento ilegal a Perú Libre.

Pese a los pronunciamientos oficiales que niegan cualquier interferencia del gobierno de Dina Boluarte en la captura de Cerrón, persisten las dudas sobre el verdadero compromiso del Ejecutivo para detenerlo. El líder de Perú Libre ha logrado eludir múltiples operativos y continúa activo en redes sociales desde la clandestinidad.

Incluso, la Fiscalía de la Nación investiga si Cerrón ha utilizado uno de los vehículos presidenciales, conocido como ‘El cofre’, para evadir la justicia. Por ese caso, se investiga a la presidenta por el presunto delito de encubrimiento personal.

En marzo pasado, el Tribunal Constitucional anuló, en un fallo por mayoría, una condena contra Cerrón por negociación incompatible, en el caso “La Oroya”.

Esa fue la segunda vez que el TC falló a favor del prófugo en los últimos meses. A fines de diciembre de 2024 le anuló una condena efectiva de 3 años y 6 meses por el Caso “Aeródromo Wanka”.

Actualmente Cerrón no tiene condena penal vigente ni inhabilitación para ejercer cargo de elección popular, pero se mantiene una orden de prisión preventiva en su contra.

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Prófugo Silva

En el caso de Silva, el Ministerio de Interior ofrecía S/ 50.000 por información que permitiera su captura. Sin embargo, hoy su rostro tampoco figura en la página oficial del Programa de Recompensas.

Silva, quien fue ministro durante el gobierno de Pedro Castillo, tiene una orden de prisión preventiva en un proceso en su contra por el presunto delito de organización criminal.

El caso principal por el que se le investiga es el denominado Puente Tarata, una obra de infraestructura en la región San Martín, cuya licitación habría sido manipulada para favorecer a determinadas empresas a cambio de beneficios ilícitos.

Según la tesis fiscal, Silva y el expresidente Castillo serían los líderes de una organización criminal que operaba desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Presuntamente concertaron licitaciones y designaron funcionarios clave para asegurar el direccionamiento de contratos públicos.

En marzo pasado, el Poder Judicial rechazó un pedido del exministro para que cesen las órdenes de búsqueda y captura en su contra y se le revoque la prisión preventiva que mantiene vigente.

El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, emitió su resolución tras determinar que no hay argumentos válidos en la solicitud de la defensa del exministro, quien está en la clandestinidad desde el 2022.

La página oficial del Programa de Recompensas sí mantiene, por ejemplo, al exjuez César Hinostroza en la lista de los más buscados.