
Una búsqueda realizada por este Diario días atrás dio con una sorpresa: los prófugos Vladimir Cerrón y Juan Silva ya no figuran en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), pese a que sobre ambos todavía existen órdenes de prisión preventiva vigentes por 24 y 36 meses, respectivamente. Por el excompañero de fórmula de Dina Boluarte, que lleva 16 meses en la clandestinidad, se ofrecía hasta hace poco la friolera de S/500.000. Mientras que para el extitular de Transportes, quien compartió equipo ministerial con la presidenta durante los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo, se prometían S/50.000 para quien diera información que permitiera su captura. De un día para el otro, sin embargo, sus rostros desaparecieron del sistema.
La situación, sin duda, merece explicaciones. Pero la información brindada por una fuente del Mininter a este Diario (quien señaló que el problema se hallaría en el Poder Judicial por permitir que las requisitorias contra ambos vencieran) y la respuesta de ese poder del Estado (que sostiene que las dos requisitorias están vigentes) anticipan un peloteo entre instituciones donde seguramente nadie asumirá su responsabilidad. Ni qué decir de la mandataria, que hace mucho renunció a su obligación de dar la cara y despejar las numerosas dudas que se ciernen sobre su administración, entre ellas, las relacionadas a su poco interés por ver a su antiguo socio de campaña cumpliendo con los mandatos de la justicia.
Porque, en efecto, podríamos decir que, de alguna manera, la desaparición de Cerrón y Silva del Programa de Recompensas es un sinceramiento de un gobierno que nunca ha exhibido la menor intención de buscarlos. Tan es así que el propio Cerrón, por ejemplo, ha continuado con varias de sus actividades en la clandestinidad (desde dar indicaciones a sus parlamentarios hasta brindar conferencias por Internet) e incluso ha solicitado su reincorporación como docente en la Universidad Nacional del Centro del Perú, confiado en que las autoridades no darán con su paradero.
Más allá de la gravedad de lo ocurrido con Cerrón y Silva –quienes, por decirlo de algún modo, son ahora unos prófugos invisibles–, no deja de preocupar la facilidad con la que en esta administración se han escurrido célebres procesados, como la ex primera dama Nadine Heredia, su hermano Ilán y el excongresista Michael Urtecho. Por si no se han enterado en Palacio de Gobierno, permitir que quienes deben responder ante la justicia huyan a vista y paciencia de todos y, una vez fugados, no mostrar interés alguno en capturarlos es también una forma de colaborar con la impunidad.