(Fotos: El Comercio/USI)
(Fotos: El Comercio/USI)
Andrés Calderón

Jefe del Departamento de Derecho de la Universidad del Pacífico

Los debates importan y y ahora lo saben.

María Alejandra Campos lo advertía la semana pasada en este Diario, recordando la escalada posdebates de Enrique Cornejo en las elecciones municipales del 2014. Varios investigadores (Holbrook, 1999; Holz, Akin y Jamieson, 2016; Warner et al, 2011; entre muchos otros) han estudiado la influencia de los debates en las preferencias de los electores y los resultados mixtos probablemente demuestren que la efectividad de estos enfrentamientos públicos entre candidatos depende de muchos factores, como las habilidades de los propios postulantes, el número de candidatos y el formato del debate, así como la coyuntura particular que precede y sucede al debate.

Si miramos las encuestas publicadas el último fin de semana (Ipsos y CPI), podríamos concluir que el primer debate municipal realizado hace ocho días sí tuvo un impacto significativo, sobre todo negativo en quienes lo menospreciaron, como los ausentes Renzo Reggiardo y Ricardo Belmont (al momento de escribir esta columna, Belmont no había reculado en su anunciada decisión de no concurrir al debate de ayer; determinación que cambió a última hora, motivado por los últimos sondeos).

Algunos atribuyeron las actitudes de Reggiardo y Belmont a la soberbia. Yo creo que fue más bien estrategia. Más allá de que el formato del debate no ayudara mucho a la exposición de ideas, quien tiene pocas, vagas e irrealizables (Belmont) o ni siquiera se preocupó por que sus planes fueran originales y no plagiados (Reggiardo), tendría motivos de sobra para evitar exhibirlas y, más aun, para no confrontarlas con sus rivales.

De este modo, la silla vacía de un contendor simbolizaba al mismo candidato sentándose figurativamente en la ciudadanía y las instituciones. Un desdén que llama a la indignación, agravado por la intentona –felizmente abortada– que tuvieron los propios Reggiardo y Belmont de celebrar un debate entre ellos y paralelo al que había organizado el Jurado Nacional de Elecciones.

Frente a esta situación, no pocas personas plantearon que los debates debían ser obligatorios y que los candidatos que no asistieran fueran sacados de carrera por las autoridades electorales. Suena bien, ¿no?

Aunque popular, creo que no sería una medida razonable. Como la mayoría de votantes, quisiera que los candidatos debatieran pero no puedo obligarlos a hacerlo. De hecho, la regla general en la mayoría de países es que la asistencia a los debates es voluntaria. Uno de los poquísimos lugares donde el debate es mandatorio es en Argentina, y solo para las elecciones presidenciales. El castigo ahí no es la expulsión de la carrera electoral, sino la pérdida de espacios de publicidad audiovisual (franja).

Una de las libertades más preciadas de las personas es la libertad de expresión. Y aunque comúnmente la relacionamos por oposición a aquello que la recorta: la censura, quizá la manifestación más relevante de esta libertad es la negativa: la libertad de no expresarse, de guardar silencio.

¿Esto quiere decir que no hay consecuencias? Por supuesto que no. Pero el Estado no tiene que intervenir cada vez que algo nos parece incorrecto o indeseado. El castigo ciudadano es una herramienta tanto o más efectiva, sin entrometerse en la libertad de los candidatos de expresarse o guardar silencio y nuestra libertad de premiarlos o castigarlos con nuestro voto.

Las elecciones generales del 2016, plagadas de exclusiones, tachas y demás, nos mostraron lo peligroso que puede resultar la construcción de un sistema electoral formalista, complejo, poco predecible y excesivamente represivo. Según el Índice Mundial de Libertad Electoral 2018, ocupamos un respetable puesto 28 en un ránking que compara a 198 países. Aprendamos a valorar nuestra libertad, incluso la de aquellos a los que criticamos.