García murió inocente, por Fernando Cáceres*

Habiendo pasado algunos días del suicido de Alan García (AG), es importante analizar el impacto político que nos deja el hecho de que haya muerto sin que se le probara que cometió actos de corrupción. Los compañeros –denlo por hecho– nos lo recordarán por siempre. ¿Cómo hacemos para lidiar con esta ‘bofetada’ a nuestro precario Estado de derecho?

Los apristas y filoapristas están creando una peligrosa narrativa. Buscan culpar al gobierno y a los fiscales de la muerte de AG. Mientras Del Castillo exige que “los fiscales deben renunciar si Barata confirma la inocencia de AG”, Mulder habla directamente de una “responsabilidad del gobierno”, y Barnechea afirma que “hay que terminar el contubernio de la mafia judicial con los improvisados del gobierno”.

Es cierto que los fiscales son quienes piden la prisión preliminar y preventiva, pero son los jueces los encargados de valorar si hay pruebas suficientes para privar a los imputados de su libertad. No los fiscales (aunque en las resoluciones judiciales parezcan tomar decisiones antes de analizar las pruebas).

Asimismo, tampoco puede acusarse al gobierno de controlar a la fiscalía y al Poder Judicial, con argumentos falaces como los que usó AG y aún se leen en redes sociales: “Tras la liberación del presidente comunal de Fuerabamba, ¿alguien duda de que los fiscales obedecen al gobierno?”.

Los jueces claro que reciben influencia del entorno (gobierno, medios, vecinos). Miren sin ir muy lejos la prisión preventiva ordenada contra el PNP Elvis Miranda, donde los vecinos presionaron en favor del delincuente. Pero de ahí a concluir que Vizcarra digita el Poder Judicial hay un salto lógico inaceptable.

Aquella influencia del entorno es, en realidad, el meollo del problema. Los jueces de los casos Humala, Heredia, Fujimori y Kuczynski han ordenado exactamente la misma cantidad de meses de prisión preventiva que los solicitados por la fiscalía (cuando pidió 18, dieron 18, cuando pidió 36 dieron 36, y así), a través de argumentos –en gran medida– muy pobres. Por ejemplo, en el caso de PPK todo el análisis del juez Jorge Chávez sobre las alternativas existentes a la prisión preventiva se limitó a esto: “No existe alguna medida menos gravosa, que pudiera imponerse a […] Kuczynski Godard, que permita considerar que dicho peligro (de fuga u obstaculización de la justicia) se pueda evitar”. ¿Contundente, no?

Todo indica que los jueces tienen miedo a que, si no dictan la máxima pena pedida por la fiscalía, serán acusados de corruptos. ¿Cómo abandonar este ‘blanco o negro’? Urge que el presidente del Poder Judicial proteja a los jueces anticorrupción de las presiones externas. Esta es la primera tarea pos-AG.

*El autor fue viceministro de Educación durante el gobierno de Pedro Pablo Kucynski.