Entre la muerte de un exdictador, los incendios forestales incontrolables y la persistencia de la inseguridad ciudadana. Así se presenta octubre, un mes en el que el milagro parece ser un llamado a la acción que convoca tanto a las autoridades como a la sociedad civil.
Un estudio del Laboratorio de Soluciones Colaborativas de Políticas Públicas (LabCo) y Videnza Instituto del 2023 revela cifras alarmantes que muestran que el delito de extorsión en el Perú aumentó en más del 830% entre el 2017 y el 2022, registrando un total de 14.971 denuncias en el 2022. Vale resaltar que la extorsión no es un hecho reciente; más bien, ha estado latente en la esfera pública.
En concreto, actualmente el sector transporte es el más perjudicado por la intensificación de dicho delito. Personajes como Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, han expresado el miedo de los que se dedican a este rubro en Lima e incluso en el interior del país.
Uno de los casos que han empeorado esta coyuntura y más me han impactado ha sido la muerte de Jorge Ríos Lafitte, un conductor de 21 años al que balearon en Comas por retrasarse dos días en el pago de cupos. “Por S/7 le quitaron la vida”, narró su esposa.
Frente a ello, considero que el Estado debe priorizar la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad, tal y como lo establece la Constitución. Así, octubre se constituye como un llamado a la acción y no solo como un registro de tragedias recurrentes que dejan al descubierto la violencia del ser humano.
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