Majes Siguas II: cómo el proyecto para transformar desierto en tierra agrícola lleva casi 10 años sin concluir

El proyecto Majes Siguas II permanece casi 10 años a la espera de su ejecución. En diciembre de 2010, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y el consorcio Angostura Siguas firmaron un contrato de concesión para transformar 38.500 hectáreas de desierto, de las Pampas de Siguas, en terrenos agrícolas. Con una inversión de US$ 404 millones, la concesionaria que estaba conformada por las empresas Cobra Instalaciones y Servicios S.A. y Cosapi S.A. debía construir una represa y un sistema de irrigación para ampliar la frontera agrícola de la región sureña.

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Esta mega obra se ejecutará con financiamiento público-privado. El Estado asume el 51% de la inversión y la concesionaria el 49%. El Gobierno recupera su inversión con la venta de los terrenos habilitados y la concesionaria, con la comercialización del agua. La concesión es por 20 años, cuatro para la construcción y 16 años para la administración. Es un proyecto rentable, pero se infectó de conflictos, adendas, intereses políticos y malas gestiones que la mantienen en cuarentena por casi de 10 años.

De arranque el proyecto encontró resistencias en la población de Espinar. Los cusqueños no querían que las aguas del río Apurímac sean derivadas para irrigar Majes II. Sus protestas pasaron a los fueros legales. El Poder Judicial suspendió la buena pro de Majes II y Arequipa acudió al Tribunal Constitucional (TC). En noviembre de 2011, el TC dispuso que se haga un nuevo estudio hídrico del río. Dos años después, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) determina que la cuenca del Apurímac tiene suficiente agua para ambas regiones. Se archivó la demanda en el 2013.

Conflictos internos

Durante ese tiempo, el GRA y el inversionista firmaron cinco adendas para suspender el contrato. En febrero de 2014, cuando finalmente se superó el conflicto, el ex gobernador, Juan Manuel Guillén Benavides, junto al entonces presidente, Ollanta Humala, ponen la primera piedra en las pampas de Siguas y entierran una capsula con objetos representativos de Arequipa como señal de buen augurio. Era el inicio de la gran obra que daría trabajo a más de 100.000 personas.

No obstante, los tres años perdidos generaron dilemas internos entre la concesionaria y el GRA. El privado pidió actualizar el costo del proyecto. En el 2014 se firmaron las adendas 6, 7, 8 y 9 para suspender los plazos del contrato, pero no llegaron a un acuerdo sobre el nuevo monto de la obra. A inicios de 2015, en el gobierno de Yamila Osorio Delgado, se firman las adendas 10, 11 y la 12, ésta última fue denominada Texto Único Ordenado (TUO). Osorio renegoció el contrato y solucionó el conflicto económico, la inversión pasó de US$ 404 millones a US$ 550 millones. En julio de ese año la ex gobernadora puso su primera piedra, pero esta vez en Pusa Pusa (Caylloma), donde se construiría la represa. “Majes II ya no es un proyecto, es una realidad”, dijo en ese momento Yamila Osorio.

Pese al trato, la concesionaria seguía reclamando una serie de indemnizaciones. Además, se reveló que el GRA no había terminado de tramitar los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y estaba pendiente el saneamiento de los terrenos de Pusa Pusa. En marzo del 2016 mediante un convenio entre el GRA y la concesionaria suspenden la obra hasta septiembre de ese año, ese tiempo sería para que ambos resuelvan sus obligaciones.

Nueva propuesta

Vencido el plazo, el GRA le exige al privado que reinicie las obras del proyecto, que ya presentaban retrasos. En esa oportunidad la concesionaria comunicó que estaban importando una moderna maquinaria que ayudaría a culminar las obras en menos del tiempo establecido. En julio llegó la tuneladora y en noviembre de 2017 fue puesta en marcha. Esa vez también hubo una ceremonia de reinicio de obras en la zona donde se perforaría el trasvase. Estaban presentes la ex gobernadora de Arequipa; el ex presidente, Pedro Pablo Kuczynski; el vice presidente, Martín Vizcarra y congresistas. Un mes después del reinicio, las obras nuevamente se paralizaron.

La concesionaria pedía el desembolso del cofinanciamiento y el GRA le exigía el cierre financiero, así comenzó el entrampamiento. Mediante una carta de febrero de 2018, la concesionaria remitió al GRA su propuesta de cambio tecnológico. Por US$ 104 millones la optimizaría la eficiencia del agua y modernizaría el sistema de riego. Se planteó firmar la adenda 13 con el incremento de inversión, de US$ 550 a US$ 654 millones. Algunos consejeros lo rechazaron, congresistas se opusieron y hasta candidatos regionales, entre ellos, Elmer Cáceres Llica, amenazaron con demandar a la ex gobernadora si firmaba la nueva adenda.

Para resolver esta nueva controversia, primero se suspende el contrato hasta diciembre de 2018 y Yamila Osorio dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Proinversión y la Contraloría den su visto bueno a la adenda 13 antes que pase al Consejo Regional. A mediados de ese año, la constructora Cosapi S.A le vendió todas sus acciones a Cobra Instalaciones y Servicios S.A, y se alejó definitivamente del proyecto Majes Siguas II.

Llegó diciembre de 2018 y desde esa fecha hasta ahora se firmaron nueve actas más para seguir postergando el contrato. En la última suspenden hasta el 30 de octubre de 2020, si se firma la adenda 13 se reinician las obras de manera inmediata. El actual gobernador, Elmer Cáceres Llica, que en campaña se opuso fervientemente a la adenda 13, hoy le pide al gobierno central que le dé un fideicomiso de US$ 104 millones para que le entregue a la concesionaria y firme la adenda 13.

Cáceres Llica también tuvo su ceremonia de reinicio de obras de Majes II. El pasado 13 de mayo, día de su cumpleaños, se fue a las Pampas de Siguas con maquinarias y trabajadores para realizar movimientos de tierra. “Tal como lo prometimos, hoy estamos reiniciando el proyecto Majes II. Nadie va detener este proyecto”, dijo en su discurso, pero días después el mismo GRA paró la obra porque faltaba documentación. En realidad, no eran obras del proyecto Majes, eran las vías de acceso al proyecto.

Propuestas

Actualmente se debate al menos tres mecanismos para destrabar este gran proyecto agrícola. Este viernes llegó a Arequipa el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, para conversar con el gobernador y los consejeros regionales. El ministro propone un convenio para que se transfiera Majes Siguas II al Ministerio de Agricultura (Minagri) y asuma la representatividad para negociar directamente con la concesionaria. Una vez esté encaminado el proyecto, (cinco años) volvería la administración al GRA. Esta propuesta fue rechazada por los consejeros la semana pasada, pero tras la visita del ministro fue reconsiderada para su evaluación.

“La idea es sacar adelante el proyecto Majes. Esta es una primera reunión. Se está quedando un equipo para realizar un cronograma de trabajo. La idea es que Arequipa y las autoridades puedan entender de qué se trata el proyecto y cómo queremos destrabarlo. Es un convenio perfectible, sujeto a modificaciones, estamos transparentando la información para se tome la mejor decisión”, indicó Jorge Montenegro.

Por su parte, Elmer Cáceres propone que el gobierno nacional le otorgue un fideicomiso de US$ 104 millones, o que el Congreso de la República apruebe una Ley otorgando las garantías soberanas por el mismo monto, para que se pueda firmar la adenda 13. Cáceres Llica recordó que el Estado entregó préstamos millonarios a empresas privadas a través de Reactiva Perú y por ello también considera que se debe otorgar un fideicomiso para Majes Siguas II.

El consejero regional, José Luis Ancco, quién en una primera instancia rechazó el convenio del Minagri dijo que recién los técnicos están aclarando el documento. Sostiene que hay varios puntos en el tema técnico, legal y económico que deben transparentarse. “Vamos a tomar la decisión más clara para destrabar el proyecto y creemos que en dos semanas tendremos una respuesta. Habría sido mejor que el gobernador envíe una carta notarial a la concesionaría exigiéndole que reinicie la obra, porque hay una adenda 12 que debe cumplir. Sin la adenda 13 también se puede ejecutar el proyecto”, agregó José Luis Ancco.

Sea cual sea el mecanismo para destrabar el proyecto y sacarlo de su larga cuarentena, se debe concretar antes del 30 de octubre, puesto que el acta de suspensión del contrato vence esa fecha.

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