Crimen del hermano del alcalde de Pataz: su pasado en el Reinfo y los conflictos mineros que rodean el caso

El crimen ocurrió apenas una semana después del cuádruple asesinato registrado en Trujillo durante el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, un caso que volvió a poner en evidencia la violencia criminal que atraviesa La Libertad.

Según el acta policial, el ataque ocurrió aproximadamente a las 2:20 a.m., cuando Armas Villalobos se retiraba del establecimiento y caminaba hacia su vehículo. Horas antes había llegado al restaurante acompañado de un grupo de amigos.

Sus atacantes habrían aguardado su salida para interceptarlo y dispararle en varias ocasiones. Tras el ataque, Armas Villalobos quedó tendido en el suelo hasta que cuatro hombres lo levantaron y trasladaron hacia una camioneta, mientras personal de serenazgo acordonaba la zona.

La víctima fue colocada en los asientos posteriores del vehículo y trasladada hasta una clínica cercana, donde se confirmó su fallecimiento y se dio aviso a las autoridades. Armas Villalobos recibió al menos cuatro impactos de bala.

Horas después, agentes de la Depincri de Trujillo llegaron hasta el lugar del crimen. Personal de Criminalística recogió casquillos y realizó diligencias en una camioneta roja que permanecía estacionada en la zona.

En paralelo, agentes de la Divincri realizan un recorrido por los alrededores para establecer la ruta que habrían seguido los atacantes. Las investigaciones también buscan determinar la procedencia de un arma de fuego encontrada en el interior del vehículo de la víctima.

Homero Valdemar Armas Villalobos registraba al menos tres casos fiscales en La Libertad por hechos vinculados al sector minero. Entre ellos figuran investigaciones por los presuntos delitos de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, usurpación agravada y hurto simple.

En setiembre de 2020, la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) resolvió su pedido de inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Posteriormente, Armas Villalobos presentó un recurso contra una decisión relacionada con su permanencia en el registro. En 2021, el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas declaró infundado su pedido.

El procedimiento se produjo luego de que Compañía Minera Poderosa solicitara su exclusión del Reinfo al señalar que realizaba actividades mineras dentro de un área sobre la que la empresa contaba con derechos mineros.

“La Compañía Minera Poderosa S.A. solicita a la DGFM la exclusión de algunos mineros informales del Reinfo, entre ellos, el señor Armas Villalobos, ya que se encuentran desarrollando actividad minera en un área autorizada a favor de la citada compañía”, señala el documento de 2021.

Asimismo, la carpeta fiscal 239-2020, de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz, señala a Homero Armas Villalobos como uno de los investigados en una disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria por el presunto delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, en agravio de Compañía Minera Poderosa.

De acuerdo con la investigación fiscal, Armas Villalobos y otras seis personas, entre ellas su hermano y actual alcalde distrital de Pataz, Segundo Manuel Armas Villalobos, habrían impedido el libre tránsito en la operación minera mediante la instalación de piquetes de bloqueo en el ingreso al sector denominado “Cancha de Gruesos”.

Los bloqueos también habrían sido instalados en los accesos a Pueblo Nuevo y Zarumilla, así como en el sector conocido como “la Y”, principal vía de ingreso a las bocaminas ubicadas en los niveles 2.670 y 3.100.

“Dichos bloqueos impidieron el libre tránsito de todas las unidades móviles que prestan servicios a la Compañía Minera Poderosa, asimismo amenazaron a los conductores con atentar contra su integridad, por lo que tuvieron que dejar sus unidades vehiculares estacionadas y retirarse del lugar”, señala la imputación fiscal.

Para Pedro Yaranga, analista en seguridad integral y gestión de riesgos, el asesinato de Homero Armas Villalobos debe ser investigado teniendo en cuenta las disputas y dinámicas criminales que se han instalado en Pataz. Aunque señaló que todavía no existen elementos suficientes para determinar el móvil, consideró que una de las hipótesis podría estar relacionada con un posible ajuste de cuentas o una rivalidad surgida en la propia zona.

“Presumo que debe ser una especie de ajuste de cuentas o, de lo contrario, alguna rivalidad, a lo mejor en la misma comunidad”, sostuvo.

Yaranga advirtió que, pese al despliegue de policías y militares que se mantiene desde hace más de dos años en Pataz, la presencia de organizaciones criminales no ha logrado ser contenida. A su juicio, uno de los principales problemas es la falta de mecanismos adecuados de contrainteligencia y control sobre el personal destacado en la provincia.

El especialista sostuvo además que la situación en el distrito de Pataz no puede explicarse únicamente desde la minería ilegal. Según indicó, existe desde hace años un conflicto social entre sectores de la comunidad y la gran minería, escenario sobre el cual posteriormente se han asentado dinámicas criminales. En ese sentido, señaló que las disputas vinculadas a la actividad minera y el ingreso de organizaciones delictivas constituyen problemas distintos, aunque actualmente pueden llegar a entrecruzarse.

“El mayor problema en el distrito de Pataz es un problema social entre la comunidad y la empresa minera grande. Eso es lo que no se ha resuelto”, afirmó Yaranga.

Yaranga consideró que este escenario requiere fortalecer el trabajo de inteligencia y contrainteligencia antes que mantener un elevado número de efectivos de manera permanente. Propuso contar con grupos policiales más reducidos y especializados, con rotaciones periódicas que permitan reducir el riesgo de vínculos entre agentes y actores de la zona.

“Ahí debe estar solamente un grupo selecto de policías, pero una contrainteligencia continua y cambiando cada cierto tiempo”, sostuvo el experto.

Greco Quiróz, exconsejero regional de La Libertad, advierte que la violencia que persiste en Pataz no puede desligarse del control que las organizaciones criminales han logrado ejercer alrededor de la actividad minera. Durante una investigación que realizó entre 2020 y 2022, identificó la presencia de mineros informales e ilegales que pagaban cupos a organizaciones que ya operaban en la zona.

“Pude determinar claramente que en ese lugar había mineros informales, había también mineros ilegales, pero casi todos estaban pagando cupos a las organizaciones criminales que habían tomado el control de la zona”, señaló el experto.

En esos años, recuerda Quiróz, las rondas campesinas intentaron expulsar a los grupos criminales instalados en Pataz. La respuesta fue violenta: varios de los dirigentes que participaron en estos esfuerzos terminaron asesinados. Homero Armas Villalobos también estuvo vinculado a las rondas campesinas de la zona.

La situación cambió temporalmente con la implementación del Comando Unificado y el despliegue conjunto de policías, militares y entidades encargadas de fiscalizar la actividad minera. Quiróz asegura que durante los primeros meses hubo mayor control sobre la salida del mineral y las actividades que se desarrollaban en la zona. Sin embargo, considera que ese trabajo perdió fuerza posteriormente con la reducción de la intervención articulada de las instituciones.

“Al inicio fue excelente, comenzaron a controlar la zona, evitaban la salida de los minerales, había una fiscalización”, recordó Quiróz.

Enfrentar a estas organizaciones únicamente mediante operativos armados tampoco sería suficiente, debido a las características geográficas de Pataz y a la extensa red de socavones utilizada en la actividad minera. Quiróz plantea que la estrategia debe apuntar también a las fuentes que permiten financiar y mantener la estructura criminal.

Uno de los principales puntos, explica, es reforzar la fiscalización sobre el suministro de explosivos y el transporte del mineral. Cortar ambos circuitos reduciría el acceso a dinamita y, al mismo tiempo, los recursos económicos utilizados por estas organizaciones para mantener hombres armados y otras estructuras a su servicio.

“Si les quita el suministro de dinero y el suministro de explosivos (...) sí se puede combatir, porque acabar con la criminalidad en una guerra a balazos no va a funcionar”, afirmó el exconsejero.