Luis García Bendezú

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Un militar en retiro, una viuda, una huérfana y un hombre que sobrevivió a la explosión de un carro-bomba. Todos fueron tocados por la crueldad de. Todos muestran documentos que hoy, más de dos décadas después, reconocen derechos de los que debieron gozar desde el primer día. Desde que empezó su desgracia.

Estas cuatro personas fueron convocadas el martes por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) para un acto de reconocimiento. Les dieron certificados que los acreditan como víctimas del terrorismo y que les permitirán acogerse a los beneficios del Plan Integral de Reparaciones creado por la Ley 28592

En el país, para ser beneficiarios de los programas de reparaciones, los afectados por el terrorismo y sus familiares deben estar inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV). Este registro estuvo abierto desde el 2006, pero fue clausurado por el gobierno aprista en el 2011. En setiembre de este año, el Ejecutivo decidió reabrir el archivo para que más víctimas se inscriban. 

Según la titular del Minjus, Marisol Pérez Tello, lo que se busca es darle una oportunidad de inscripción a las víctimas del terrorismo que viven en lugares remotos (quechuahablantes en su mayoría), y también a los agentes de la policía y miembros de las Fuerzas Armadas. La ministra explicó que, aunque la ley nunca los excluyó, muy pocos policías y militares se han registrado.

“Queremos corregir distorsiones históricas. Los militares, policías y sus familias han sido marginados. Marginados por el discurso y porque a veces ellos mismos no se querían reconocer como víctimas y juntarse con los civiles”, dijo Pérez Tello a El Comercio.

Según la última información del RUV, en el país hay 219.746 personas inscritas como víctimas del terrorismo. De ese total, apenas 2.465 (poco más del 1%) son policías o militares, y 3.308 (1,5%) son familiares de policías y militares. La reparación económica que otorga el gobierno a las víctimas es de apenas S/10 mil.

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