Ocho de cada diez locales escolares tienen su infraestructura en riesgo

En los dos primeros años de pandemia, la inversión pública en el sector educación tuvo un incremento significativo; sin embargo, la brecha de infraestructura aún se mantiene en niveles muy elevados. Según el portal Consulta Amigable del MEF, en el 2020 el gasto en proyectos dentro de este rubro creció un 17% respecto al 2019 mientras que en el 2021 fue mayor en 46%, superando los S/8.100 millones en todos los niveles de Gobierno.

El fuerte aumento en los recursos asignados contrasta con la velocidad de gasto incluso, que incluso disminuyó o se mantuvo constante respecto a años anteriores. Las municipalidades, que en los dos últimos años administraron el 42% de la inversión total en proyectos (S/6.183 millones de S/14.680 millones), tuvieron una reducción del porcentaje de presupuesto ejecutado, pasando del 65% en el 2019 a solo el 49% en el 2020. El año pasado, esta cifra regresó al 65%, pero fue la más baja en comparación a la observada en el gobierno central (75%) o en las regiones (79%) [ver gráfico].

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En el caso del Ejecutivo, la inversión en obras del Minedu durante los diez primeros meses del gobierno de Pedro Castillo alcanzó los S/680 millones, monto superior a lo registrado durante el mismo período de las gestiones encabezadas por Martín Vizcarra (S/413 millones) y Pedro Pablo Kuczynski (S/352 millones).

La mayor cantidad de recursos para la inversión en proyectos durante los dos años de pandemia no se reflejó en una mejora significativa de los servicios educativos. Según los perfiles regionales elaborados por la unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación (Escale) al 2021, el 82% de los locales educativos identificados en todo el país (55.150 de 67.322) presentan algún tipo de riesgo en su infraestructura. De este último número, el 39% (21.669 locales) presentan un riesgo de derrumbe; es decir, que necesitarían una reestructuración total para que puedan operar.

A nivel regional, Cajamarca y Apurímac tienen la proporción más alta de locales en riesgo de derrumbe. Según las cifras del ministerio, el 59,8% y el 54% de los locales calificados en riesgo tienen falencias estructurales. En el 2021, la región de origen del presidente de la República, Pedro Castillo, ocupó los últimos lugares de inversión en proyectos a nivel de gobiernos subnacionales. El Gobierno Regional invirtió solo el 57% de los fondos asignados, mientras que las municipalidades ejecutaron el 51% de su presupuesto.

Las fallas en la infraestructura se reflejan, por ejemplo, en la calidad de los servicios sanitarios, pieza clave para evitar futuros rebrotes de COVID-19 y otras enfermedades infecciosas. Solo el 47% de los servicios higiénicos dentro de locales educativos en el país están en buen estado. Los índices más bajos se encuentran en Puno, Huancavelica y Apurímac [ver infografía].

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¿Qué acciones debería tomar el Gobierno para revertir la situación precaria de los colegios? Para Idel Vexler, exministro de Educación, la alternativa pasa necesariamente por una reestructuración del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), entidad encargada de la construcción y mantenimiento de las escuelas, y por la implementación de nuevos esquemas de inversión destinados a cerrar la brecha como la modalidad de contratación de Gobierno a Gobierno, la cual funcionó con éxito durante los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Hace un par de años vengo insistiendo en declarar en emergencia la infraestructura educativa hasta el 2026 y reorganizar totalmente ese programa (Pronied) porque es un mal crónico en el Minedu. Si se reorganiza y se da una legislación especial para declarar emergencia educativa a lo mejor podemos disminuir la brecha y de mobiliario. Hay que comenzar por lo más grave, por los colegios que tienen aula prefabricada donde no hay servicios de salubridad”, explica.

El especialista resalta que la participación de los colectivos civiles fue fundamental para el retorno a los colegios y añade que el en Gobierno actual, al igual que las gestiones anteriores, no hay voluntad política para mejorar la gestión pública.

“Si actualmente los colegios reciben a los alumnos, pese a todos sus problemas de mantenimiento, restitución y mobiliario, es porque hubo una movilización de las comunidades educativas, colectivos de padres, líderes educativos y en salud pública. El ministerio está debilitado con equipos técnicos y el gobierno general naturalmente tendría que haber un cambio general de la decisión política”, detalla.