Cómo la minería ilegal logró infiltrar a miembros del Ejército para fortalecer su aparato armado

Los detenidos fueron identificados como Alan Alex García Nevado, suboficial de primera con 14 años de servicio e integrante de la Compañía Veterinaria 511 de Lima, quien se encontraba de vacaciones; Edgar Percy Cari Calcina, también suboficial con 14 años de servicio, asignado a la Quinta Brigada de Selva de Tarapoto y de vacaciones; y Félix Vivanco Chávez, suboficial de segunda de la Brigada de Fuerzas Especiales, con ocho años de servicio, quien cumplía un descanso médico absoluto de 80 días.

Según las fuentes consultadas, los tres impartían instrucción en manejo de armas de guerra, prácticas de tiro y entrenamiento táctico a los integrantes de la organización criminal Los Guardianes de la Trocha. Además, les proporcionaban municiones y asistencia logística. Por estas labores recibían alrededor de S/7.000 semanales, de acuerdo con información obtenida en la zona de minería ilegal del distrito de Inambari, provincia de Tambopata.

Las mismas fuentes indican que los militares mantenían comunicación directa con Benjamín Rondo Barreno, alias “Benjamín”; Edison Fernández Pérez, alias “Chili”; y Alvert Carranza Fernández, alias “Gringasho”, integrantes de la facción encargada de la seguridad de Los Guardianes de la Trocha.

Este grupo disputa actualmente el control del cobro de cupos y las extorsiones con la facción liderada por Eynerser Fernández Pérez, alias “Brayam”, detenido en Lima el pasado 18 de mayo. Tras su captura, la organización dirigida por Chili habría incrementado las tarifas de extorsión y consolidado el control sobre el comercio ilegal de oro, el abastecimiento de combustible para la minería y el ingreso de personas a las zonas de explotación, todo bajo amenazas armadas.

De momento el Ejército Peruano no ha emitido ningún pronunciamiento respecto a la detención de los tres militares.

Durante el operativo se incautaron 19 fusiles y carabinas, entre ellos una carabina American Tactical modelo MIL SPORT utilizada para tiro de precisión; ocho pistolas, diez granadas de guerra, cinco cartuchos de dinamita, cientos de municiones de distintos calibres, equipos de comunicación y chalecos antibalas.

Asimismo, la Policía decomisó S/329.600 en efectivo, dinero que, según las investigaciones, evidenciaría el nivel de organización y la capacidad operativa de esta red criminal dedicada a extorsionar a mineros, comerciantes y trabajadores de La Pampa.

No es la primera vez que militares aparecen vinculados con Los Guardianes de la Trocha.

El 11 de julio de 2025 fueron asesinados Joseph Antony Gonzales Gonzales (18), quien cumplía servicio militar en la Segunda Brigada de Protección de la Amazonía de Puerto Maldonado, junto con Jack Torres Machaca y Francis Machaca Berrio. Los tres fueron acribillados dentro de un vehículo en el jirón Shinchi Roca, en Puerto Maldonado.

Las investigaciones determinaron que habían sido citados para entregar armamento a integrantes de la organización criminal. La Policía concluyó que Gonzales actuaba como nexo entre la banda y los proveedores de armas.

La intervención policial se ejecutó el 7 de julio, alrededor de la 1:30 p.m., cuando agentes ingresaron a una zona controlada por la organización.

Los delincuentes respondieron abriendo fuego contra el personal policial, lo que dio lugar a un enfrentamiento armado. Como resultado, dos integrantes de la seguridad de la organización fueron abatidos, uno quedó herido y el resto fue reducido y capturado.

Los fallecidos fueron identificados como Edibrando Roldán Crispín y Jairo Tejada Araujo, mientras que Celestino Yeferson Bermeo Hurtado resultó herido por impacto de bala.

Entre los capturados figura Cleison Ronaldo Livia Julca, alias “Pollo”, quien aparece en registros de videovigilancia del 10 de enero de 2025 junto a Chili y Gringasho cuando estos asesinaron con armas de largo alcance a Ana García Solsol, tesorera de alias Brayam, en el kilómetro 110 de La Pampa.

Fuentes protegidas de La Pampa señalan que esta facción continúa dirigida por Benjamín Rondo Barreno, alias “Benjamín”, junto con Edison Fernández Pérez, alias “Chili”, y Alvert Carranza Fernández, alias “Gringasho”. El grupo se hace llamar “El Sindicato”.

La organización también estaría integrada por Damián Riquelmer Nolorbe Martínez, alias “Chino”, encargado de logística y reclutamiento; Jhon Fernández Pérez, alias “Coco”, hermano de Chili; Alejandro Villalobos, alias “Mackey”; Joel Fernández Pérez, alias “Polaco”; y Óscar Palomino Calle, alias “Chapo”, quienes cumplirían funciones de sicariato, según información de inteligencia obtenida en la zona.

En las últimas semanas, la organización difundió mensajes por WhatsApp y redes sociales locales anunciando nuevos cobros extorsivos a comercios, bares, cantinas y otros negocios, fijando incluso fechas y horarios para el pago obligatorio.

Según información recogida en campo, antes de la captura de Brayam los cobros oscilaban entre S/300 por cada motor utilizado en minería, S/500 a negocios de suministros, S/700 u S/800 a bares y cantinas y S/1.500 a tiendas de compra de oro.

Tras la caída de ese cabecilla, la facción de Chili habría incrementado considerablemente las tarifas: entre S/5.000 y S/10.000 a establecimientos dedicados a la compra de oro, S/3.000 a bares y cantinas, S/500 por motor y entre S/10 y S/15 por cada trabajador que ingresa a las zonas mineras, siempre bajo amenazas armadas.

Las investigaciones apuntan a que estas organizaciones ya no operan únicamente en La Pampa, sino que han extendido su influencia hacia el denominado corredor minero, incluyendo Lago Inambarillo, Laberinto, Huantupac, la vía Chorillo-Tres Islas y las riberas del río Madre de Dios, entre Tres Islas y Sonene.

Entre mayo y julio de este año se han registrado más de veinte asesinatos y desapariciones vinculados con la minería ilegal.

Uno de los casos ocurrió el 16 de mayo, cuando Yvid Wilder Carbajal Estrada fue asesinado dentro de su tienda por tres sicarios en la comunidad Lago Inambarillo. Sus familiares denunciaron que días antes había sido extorsionado para pagar S/20.000 mensuales y continuar trabajando.

Otro crimen se produjo el 17 de junio, cuando Liseth Frías Rufasto, de 17 años, fue asesinada de un machetazo en el cuello en el kilómetro 117 de La Pampa. Testigos señalaron como presunto autor a Jhon Fernández Pérez, alias “Coco”, quien sospechaba que la adolescente colaboraba con una facción rival.

El 5 de julio de 2026, otra mujer fue asesinada presuntamente por su pareja en la zona minera de Huantupac. De acuerdo con las investigaciones, el cuerpo fue descuartizado y colocado dentro de un costal antes de ser abandonado en el monte. La víctima había comunicado un día antes a sus familiares que viajaría a Puerto Maldonado, pero desapareció del bar donde trabajaba.

El 15 de julio de 2026, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Ambientales de Tambopata dictó 18 meses de prisión preventiva contra los 21 detenidos, acogiendo el pedido formulado por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios.

Los investigados afrontan cargos por minería ilegal agravada, tráfico de insumos químicos y tenencia ilegal de armas y municiones.