El proyecto Majes Siguas II se encuentra en su momento más crítico. La empresa (consorcio Angostura Siguas) encargada de su ejecución ha dado un ultimátum al Estado. Por medio de una carta [ver al final de la nota] anunció que quieren resolver el contrato porque a una década de haberse firmado, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no cumple con acuerdos que se comprometió ejecutar para destrabar esta mega obra.
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Majes Siguas II se concibió en diciembre de 2010 a través de una Asociación Público Privada (APP). Inició con una inversión de US$ 404 millones, pero cinco años después su costo se incrementó a US$ 550 millones. De ese monto, el Estado aportaba el 51% y el privado, el 49%. Con ese recurso se debió construir – en cuatro años- una gran infraestructura hidráulica para habilitar 38.500 hectáreas áridas en cultivos de agroexportación.
Ha pasado casi 10 años y el proyecto se encuentra paralizado, apenas se ejecutó el 14% de las obras. Se firmaron 12 adendas para modificar el contrato inicial y nueve actas para prorrogar los plazos. Ahora, para reactivar el proyecto se necesita otra adenda y US$ 104 millones más. El costo de esta mega obra pasará de US$ 550 millones a US$ 654 millones. El privado asumirá el adicional, pero requiere del Estado una garantía soberana por el monto de la nueva inversión.
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Hasta hace unos días de debatía dos propuestas para conseguir la garantía. El gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, está gestionando a través del Congreso de la República una iniciativa legislativa para que el Estado otorgue el aval económico. Por su parte el Ejecutivo propuso al GRA un convenio para que transfiera Majes Siguas II al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) y éste asuma la representatividad para negociar directamente con la concesionaria. Una vez esté encaminado el proyecto, (cinco años) volvería la administración al GRA.
Cambios repentinos
El GRA y el Minagri realizaron sus gestiones por separado, todo parecía marchar bien, el plazo- según el acta de acuerdo número 9, del 30 de junio- para que se firme la adenda 13 vencía el 30 de octubre, tenían tiempo. Sin embargo, el panorama cambio en menos de 24 horas. La concesionaria inició el proceso de resolución de contrato por incumplimiento de compromisos del gobierno regional. En la última acta se estableció un cronograma de cumplimiento obligatorio. Para suscribir la adenda 13 se debe tener la opinión favorable de Proinversión, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Contraloría y la autorización del Consejo Regional.
Según el cronograma que figura en la acta mencionada, Proinversión debió darle visto bueno a la adenda más tardar el 7 septiembre. El MEF debió dar su aprobación el 23 septiembre y luego el documento debió ser remitido a la Contraloría para que lo avalúe y también emita su respaldo. No se hizo nada. La propuesta de la adenda 13 está encarpetado en el despacho del gobernador regional.
“Para que (el documento de la adenda 13) pase a Proinversión y al MEF se necesita la garantía soberana. El año pasado le advertimos a la ministra de Economía que era importante la garantía de los US$ 104 y me dijo que el gobierno nacional lo daría, que no se necesitaba una ley, solo era necesario una cláusula en el contrato. Creímos en la palabra de la ministra, pero nos ha paseado. Por eso ahora estamos gestionando la garantía en el Congreso de la República”, indicó Cáceres Llica durante conferencia de prensa, realizada ayer, miércoles 30 de setiembre.
Según se lee en la carta que envió la concesionaria al gobernador, el incumplimiento de los compromisos le genera costos, perjuicios y daños a la empresa y lo responsabiliza directamente. La concesionaria indica que han enviado reiteradas solicitudes para que les entreguen documentos que constaten que el GRA está cumpliendo sus compromisos, pero nunca les respondieron.
Resolución
En ese sentido, la concesionaria envió la carta para iniciar la resolución del contrato. Esta no es la primera vez que está por caerse. En el 2015 -se lee en el documento- también se inició un proceso de resolución del contrato a pedido de la concesionaria, también por incumplimiento de compromisos del GRA. Esa fecha no se llegó a sanear los terrenos, no tramitaron los certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA), había conflicto con los propietarios de los terrenos que iba a ocupar el proyecto. Lograron superar las diferencias a duras penas con el compromiso de que el GRA subsane esos pendientes, pero hasta la fecha no hizo grandes avances.
La carta para iniciar el proceso de resolución del contrato ingresó el martes 29 de setiembre. A partir de esa fecha, el GRA tiene un plazo de 30 días para que solucione los incumplimientos que alegó la concesionaria, es decir, firmar la adenda 13. Si el GRA no cumple, se pasa a la etapa del trato directo para la solución de controversias, que son seis meses. En ese periodo las partes plantean sus pretensiones. La concesionaria no solo demandará la inversión que realizó, que asciende a más de US$ 60 millones (US$ 20 millones en la tuneladora y US$ 40 millones en obras), sino por el lucro cesante (lo que ha dejado de ganar la empresa con el proyecto), el daño emergente (cuánto ha perdido la empresa en estos 10 años de espera), entre otras valoraciones, según pudo conocer este Diario por fuentes vinculadas a la concesionaria.
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Si en el trato directo no se resuelven las controversias, las partes se van a un arbitraje internacional. Según el contrato, acordaron acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que está ubicado en la ciudad de Washington D.C en Estados Unidos. La sentencia en este tribunal es cosa juzgada, sin apelaciones.
Alternativa
Este miércoles, el presidente de la República, Martín Vizcarra, resaltó que Majes Siguas II es importante para todo el país, pero al ser un proyecto complejo y encontrarse entrampado pidió que se transfiera la competencia al gobierno nacional. Aclaró que no busca centralizar la mega obra, solo se trata de una gestión técnico administrativo para sacarlo adelante.
“La competencia del proyecto Majes Siguas II es 100% del gobierno regional de Arequipa. Se ha tenido absoluto apoyo de parte del MEF y Proinversión. Hemos puesto a disposición del GRA y del consejo regional todos los recursos técnicos, legales, científicos y operativos para que el proyecto tenga éxito. Hemos visto que la manera más adecuada es que se le transfiera el proyecto al Ejecutivo. Invocamos al GRA a continuar las negociaciones”, indicó el viceministro de Políticas Agrarias, Alberto Maurer.
Por su parte el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, no da su brazo a torcer. Dijo que lo ha analizado bien y no conviene transferir el proyecto al Ejecutivo. “Presidente Vizcarra, hablemos, recíbame en Palacio de Gobierno para zanjar de una vez este tema”, apuntó Elmer Cáceres.
Lee aquí parte de la carta:
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