Tres influencers peruanos que usaron las redes para difundir odio y violar la intimidad de mujeres

“¿Cómo es posible este suceso?” y “¡Qué abuso con Bolaños, causa!” son algunos de los audios virales en redes sociales de Luis Enrique Alvarado Sánchez (26). Miles de usuarios en TikTok, hasta famosos como Nicky Jam, han publicado videos utilizando sus frases, que son llamativas por su forma de expresarse. Este hecho le permitió ser nominado en la categoría de ‘MIAWDIO’ a los premios Millennial Awards 2023 (MIAW) que otorga el canal MTV.

Sin embargo, el 26 de julio, Alvarado fue acusado en Twitter por hostigamiento sexual y vulneración de la intimidad de seguidoras, compartir imágenes de mutilaciones de personas, entre otros presuntos delitos. Este influencer ha sido denunciado ante el Ministerio Público.

Marco Alaba publicó un hilo de Twitter para acusar a Alvarado de hostigamiento sexual contra sus seguidoras. “Viola la intimidad al publicar sus datos e incitando a hostigarlas mediante imágenes de sus partes íntimas”, escribió en un primer mensaje y adjuntó capturas de pantalla del contenido que compartía el tiktoker en sus estados de WhatsApp. Las víctimas eran las personas que reclamaban a Alvarado por el contenido que compartía.

Por otra parte, Alaba asegura que Alvarado prometía compartir contenido exclusivo mediante sus estados de WhatsApp a cambio de una transferencia de 5 soles. Alaba y su hermano Leomar decidieron pagar por este beneficio y fue así como accedieron a su número de celular.

Ambos querían acordar una campaña publicitaria con el influencer. Sin embargo, abandonaron este deseo debido a las imágenes que publicaba Alvarado en sus estados.

Alaba inculpa al influencer de apología al delito de perturbación de la tranquilidad pública por “mofarse del descuartizamiento de bebés, publicando a todas luces que le produce una excitación, hasta admitir que es un psicópata y que tiene ganas de descuartizar a un bebé”.

Alaba indicó a El Comercio que presentó una denuncia contra Alvarado mediante la página web del Ministerio Público debido a que “los delitos fueron [cometidos] por Internet”. Además, manifestó que, al registrar la denuncia, solo le solicitaron los datos de los agraviados, del denunciado y los hechos que ocurrieron. Alaba espera que las autoridades determinen el nivel de culpabilidad del tiktoker.

A través de una transmisión en vivo en TikTok, Alvarado se defendió afirmando que lo habían ‘sembrado’, es decir, que el contenido difundido por Alaba fue hecho desde una cuenta que suplantó su identidad. La evidencia que ha publicado el denunciante dejaría sin sustento esta justificación.

Ronny Santillán, abogado penalista, señaló a El Comercio que Alvarado podría afrontar una denuncia por acoso sexual debido a que publicó información personal de las jóvenes e incentivó a sus seguidores a que las hostiguen a través de comentarios y contenido de connotación sexual sin su consentimiento. De acuerdo con el artículo 176-b del Código Penal, este delito se reprime con una pena no menor de tres ni mayor de cinco años:

“El que, de cualquier forma, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona, sin el consentimiento de esta, para llevar a cabo actos de connotación sexual, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de cinco años e inhabilitación”

Artículo 176-b del Código Penal.

Asimismo, Santillán menciona que si se comprueba que Alvarado compartía videos e imágenes que demostraban la realización de un delito —como un descuartizamiento— puede ser investigado por apología al delito. Conforme al artículo 316 del Código Penal, esta falta se sanciona con una pena privativa de libertad no menor de un año ni mayor de cuatro años.

Por otra parte, el influencer se considera a sí mismo como un psicópata, condición que debería ser comprobada por una evaluación psicológica y psiquiátrica de acuerdo con Santillán. Sin embargo, el jurista asegura que este trastorno de personalidad no excluiría su responsabilidad penal, porque “los psicópatas actúan con premeditación”.

La denuncia contra Alvarado rememora el caso de Einer Gilbert Alva León, conocido popularmente como ‘Makanaky’, quien confesó una presunta violación a una menor de edad cuando el boxeador Jonathan Maicelo le preguntó cómo fue su primera vez. “Ella no quería, pero mis amigos son fríos de fríos y la cogieron a la fuerza (...). Al final se dejó”, declaró Alva en una entrevista en YouTube a fines de marzo de este año.

El 27 de marzo, ‘Makanaky’ publicó un video en sus redes, donde aseguró que todo se trataba de una broma y de un “podcast armado”.

Semanas después, ‘Makanaky’ fue detenido el martes 25 de abril tras bajarse el pantalón y mostrar sus partes íntimas a los comensales de una pollería. Sin embargo, quedó libre porque no se realizó una denuncia en su contra.

Sebastián Palacín Newell hizo una justificación similar a la de Makanaky abril del año pasado luego de los cuestionamientos en su contra. Sin remordimiento, contó la presunta violación sexual de una mujer en estado de inconsciencia luego de una fiesta, al igual que un amigo que habría hecho lo mismo con otra joven.

La investigación por violación sexual que inició el Ministerio Público contra el hijo del expresidente ejecutivo de Indecopi Palacín fue archivada debido a que no se identificó a la víctima. Así también, el 15 de abril del año pasado Palacín fue incluido como participante en una denuncia por chocar su auto contra un poste.

Hoy en día, Palacín realiza recomendaciones gastronómicas en una nueva cuenta de TikTok.

Miguel Sánchez, escritor y comunicador de la PUCP, sostiene que estos casos demuestran que las redes sociales “reproducen lo bueno y, sobre todo, lo malo que existe en la sociedad”.

“Por un lado, las redes proponen políticas de uso que establecen restricciones en cuanto a lo que los usuarios pueden hacer, publicar, etcétera. Sin embargo, posibilitan discursos de odio, prácticas abusivas desde el anonimato y otros actos denunciables”, detalla. No obstante, Sánchez afirma que las redes sociales y el Internet no han originado estas malas prácticas: “Se trata de nuevos espacios para su difusión”.

Sofía Pichihua, comunicadora de la PUCP, afirma que plataformas como Twitter, Instagram, Facebook, entre otras plataformas pueden lograr que una denuncia ciudadana contra un delito obtenga resultados desde las autoridades judiciales. Sánchez coincide, pero subraya que tal éxito responde al ejercicio de la ciudadanía responsable.

“Como ciudadanos, debemos estar alertas para denunciar cualquier delito. El espacio simbólico que ofrecen las redes sociales puede conseguir que una acusación se difunda masivamente. Incluso, las autoridades pueden conocer del caso a través de este medio. De lo contrario, debemos acudir a los canales oficiales”, argumenta.