Hay hechos que estremecen a una sociedad y la obligan a mirarse al espejo. La reciente denuncia de violencia sexual contra un estudiante de un colegio nos interpela, más allá de las responsabilidades individuales que deberán determinarse, sobre una pregunta mayor: ¿qué estamos haciendo como sociedad para prevenir la violencia que alcanza a nuestros niños, niñas y adolescentes?
El problema no empieza ni termina en las aulas de un colegio. Durante décadas hemos construido políticas para prevenir la violencia ejercida por adultos contra estudiantes. Se han producido avances importantes, pero persisten situaciones de violencia sexual, física y psicológica. Al mismo tiempo, enfrentamos nuevas expresiones: nuevas formas de violencia entre estudiantes, cyberbullying y agresiones que se dirigen, incluso, contra docentes. El propio Ministerio de Educación reportó, a través del SíseVe, 85 967 casos de violencia escolar entre 2013 y 2024. No son solo cifras: detrás de cada reporte hay una persona cuya dignidad ha sido afectada.
Por eso debemos preguntarnos por las causas profundas de una violencia que cambia de forma, pero permanece en nuestras relaciones. Una sociedad que tolera, acepta y, por tanto, normaliza la humillación, la discriminación, el racismo, la imposición o el desprecio hacia quien es distinto en cualquier aspecto termina creando condiciones para que la violencia se reproduzca.
Combatirla exige algo más que sancionar cuando el daño ya ocurrió. Exige educar en el respeto, en la igualdad y en la valoración de la diversidad. Esta es precisamente la esencia del enfoque de género por tanto no debería ser entendido como una amenaza, sino como una herramienta para comprender cómo determinadas desigualdades, estereotipos y relaciones de poder pueden favorecer situaciones de discriminación y violencia. UNICEF ha señalado que las desigualdades de género están relacionadas con diversas formas de violencia en las escuelas, ante lo cual la comunidad educativa debe convertirse en el espacio de transformación hacia la igualdad en el ejercicio de los derechos y una convivencia libre de violencia.
Nuestro desafío actual es aún mayor con el aumento de la tecnología. Niñas, niños y adolescentes conviven también con contenidos digitales que pueden transmitir modelos distorsionados de violencia, sexualidad y relaciones humanas. Frente a ello, la familia, la escuela, el Estado, los medios y las plataformas digitales tenemos responsabilidades que no podemos eludir.
El Perú necesita coherencia para hacer efectiva la prevención de la violencia, acciones que coloquen en el centro la dignidad humana y el interés superior de cada niño, niña y adolescente. Por ello, las leyes y las políticas públicas no deben estar a contracorriente de esta necesidad pues no se trata solo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, o solo de proteger a la familia, se trata en buena cuenta de proteger a todas las personas.
Si verdaderamente nos importa el presente y el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes debemos concentrarnos en lo esencial: formar personas capaces de reconocer el valor del otro. Porque aprender a valorar a quien es diferente por razones culturales, raciales, identitarias o de otra naturaleza es también aprender a no violentarlo.
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