Alejandro Toledo pide más tiempo para elaborar su defensa contra extradición

El expresidente Alejandro Toledo (74) formalizó su oposición frente al pedido de extradición que realizó el gobierno del Perú ante la justicia de Estados Unidos que procesará su caso en setiembre próximo. Por ahora, el exmandatario ha obtenido permiso del juez federal Thomas S. Hixson, para cambiar de domicilio, según documentación judicial a la que accedió El Comercio.

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Graham Archer, abogado de oficio de Toledo Manrique, presentó un escrito en el que informa su posición contra la extradición y solicita a la Corte Federal del Distrito Norte de California que se le otorgue un poco más de tiempo para reunir la documentación a fin de sustentar su defensa.

-Mudanza silenciosa-

El último sábado y domingo, el expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp, abandonaron su residencia ubicada en el 1370 Trinity Dr. Menlo Park, California 94025, donde han vivido los dos últimos años.

El pasado 23 de junio, el abogado Graham Archer, defensa de oficio del expresidente, solicitó al juez Thomas Hixson que autorice a su patrocinado para variar las condiciones de su libertad el sábado 27 y domingo 28 de junio, a fin de “mudarse de residencia”.

Según la documentación judicial a la que accedió El Comercio, previamente, el abogado consultó con el Oficial de Servicios Preventivos de los Estados Unidos, Anthony Granados, quien no tuvo ninguna objeción con el pedido.

Por ello, el 24 de junio, el magistrado autorizó el cambio de domicilio de Toledo Manrique, dentro del espacio territorial de California.

“Las condiciones de liberación de Alejandro Toledo se modifican para permitirle salir de su casa para mudarse de residencia el 27 y 28 de junio durante las horas determinadas por los Servicios de Pre-Juicio de los Estados Unidos. Alejandro Toledo proporcionará los servicios previos al juicio con los detalles de su mudanza”, dispuso el magistrado.

No obstante, Hixson precisó que las condiciones de su liberación, es decir la fianza y su arresto domiciliario con vigilancia electrónica a través de un GPS, continuarán.

Este diario trató de conocer las razones de la mudanza, pero su abogado en Perú, Roberto Su, no respondió. Tampoco lo hizo su abogado en Estados Unidos, Graham Archer.

Cabe recordar que para poder ser excarcelado, Toledo pagó US$500 mil en efectivo y otros US$500 mil en garantías presentadas por terceras personas, como parte de la fianza impuesta.

Además, se conocía que por la residencia en Menlo Park, Alejandro Toledo y Eliane Karp, pagaban una mensualidad de US$6,500.

Y, antes de ello, ambos vivieron en una exclusiva residencia en Maryland valorizada en US$1′200.000 (8933 Holly Leaf en la ciudad de Bethesda muy cerca de Washington DC) por la que también habrían pagado una mensualidad.

-Piden más tiempo-

En la nueva residencia, Toledo y su abogado, vienen organizando lo que será su defensa cuando el juez Hixson ingrese a analizar el pedido de extradición el próximo 4 de setiembre en una audiencia pública.

No obstante, el último 24 de junio, Archer solicitó al magistrado extenderle el tiempo para presentar sus descargos y el sustento por el que está solicitando se deniegue la extradición.

Inicialmente, el juez había señalado el 25 de junio como fecha límite para la defensa del expresidente presente su defensa; sin embargo la nueva fecha propuesta será el 10 de julio.

Por tanto, la respuesta del gobierno a través de la fiscal federal de Estados Unidos, Elise Lapunzina, será antes del viernes 7 de agosto de 2020.

Y la réplica de la defensa de Toledo sería hasta antes del viernes 21 de agosto de 2020.

“La razón de esta solicitud es que el Dr. Toledo necesita tiempo adicional para reunir y traducir documentos de respaldo para su moción”, se explica en el documento federal.

La primera audiencia para la extradición en setiembre, se realizará a las 10 de la mañana (hora de EE.UU) vía comunicación telefónica. La audiencia versará sobre los cargos contra Toledo Manrique por el Caso Odebrecht.

-Pasos judiciales y políticos sin concluir-

En marzo último, la Corte Suprema aprobó el segundo pedido de extradición contra Alejandro Toledo y también contra su esposa Eliane Karp, por el Caso Ecoteva. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno peruano no ha debatido el caso en el Consejo de Ministros para que se concrete el pedido oficial ante la justicia de Estados Unidos.

En noviembre del 2018 el Presidente Martín Vizcarra, aseguró que antes de concluya su gobierno, Toledo Manrique estaría en nuestro país siendo juzgado por la justicia peruana.

“Antes que deje el cargo de Presidente de la República, Alejandro Toledo estará aquí afrontando a la justicia. Es un compromiso que asumo”, aseguró el mandatario. Aún tiene un año de plazo para cumplir dicho anuncio.

Por lo pronto, el magistrado supremo César San Martín, quien presidió el tribunal que autorizó la extradición, confirmó a este diario que el documento judicial fue remitido al Ejecutivo como corresponde.

La acusación por el Caso Ecoteva ya fue presentado en junio del 2019 por el Equipo Especial Lava Jato, ante la Carta Sala Penal de Lima, que aún no dispone el debate de piezas para iniciar esta etapa. Por este caso, que empezó en enero del 2013, se ha pedido 16 años y ocho meses contra el expresidente y Karp de Toledo.

No obstante, aún está pendiente la acusación oficial contra Toledo Manrique, en nuestro país por el Caso Odebrecht. El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, dijo en enero pasado que la acusación se iba a presentar a finales de ese mes.

La acusación deberá esperar un poco más puesto que, en marzo y a pedido del fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez, el Poder Judicial amplió por tres meses más el período de la investigación preparatoria.

Con llegada de la cuarentena, los plazos procesales se suspendieron. Vela anunció recientemente que este 30 de junio retomarán las labores dentro del Equipo Especial Lava Jato.

DOS GRANDES INVESTIGACIONES

A Toledo se le investiga por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión agravada dentro del Caso Odebrecht. Mientras que por el Caso Ecoteva, se le imputa supuesto enriquecimiento ilícito, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

Hace tres años y medio, Alejandro Toledo abandonó el país cuando el Ministerio Público se alistaba a pedir su prisión preventiva –inicialmente por el Caso Odebrecht-, luego que obtuviera información sobre su presunta participación en la recepción de dinero ilícito de parte de la constructora brasileña y otras empresas, durante su período presidencial.

A lo largo de los meses, la justicia peruana no solo ha obtenido información importante; sino que ha llegado a concretar acuerdos de colaboración eficaz con personas jurídicas y naturales, que sindican a Toledo Manrique como el exfuncionario que urdió diversos actos ilícitos para defraudar al Estado Peruano.

Pero la situación legal del expresidente también tuvo diversos cambios desde que llegó a Estados Unidos, tras salir del Perú el 11 de enero del 2017.

Solo dos meses antes, el 21 de noviembre del 2016, ex exdirector de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, acudió hasta el despacho del fiscal Hamilton Castro para confesar y solicitar acogerse a una colaboración eficaz. El pedido en nuestro país, fue uno de los muchos que dicha constructora había dispuesto como persona jurídica y para sus trabajadores, tras confesar ante la Justicia de Estados Unidos, haber diseñado un esquema de corrupción durante los últimos 20 años que afectó a 12 países.

“Habría puesto de manifiesto la conducta de favorecimiento ejercida por el imputado a favor de la empresa Odebrecht, orientado a que se le otorgue la buena pro en las licitaciones de los tramos dos, tres y cuatro del proyecto corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil a cambio del pago de un soborno ascendente a la suma de US$35 millones a cuyas resultas la acotada empresa logra la adjudicación de la buena pro a favor de los consorcios integrados por Odebrecht, procediéndose a concretar el pago escalonado desde el año 2006 a 2010 a través de cuentas off shore del grupo empresarial de Josef Maiman”, es la imputación del Ministerio Público.

Josef Maiman, amigo del exmandatario, ha corroborado la declaración de Jorge Barata, en un proceso de colaboración eficaz que empezó en agosto del 2017, tal como lo reveló El Comercio.

Durante este proceso especial, el empresario peruano israelí ha rendido su testimonio en diversas oportunidades y ha entregado documentos contables de las transferencias que las constructoras brasileñas implicadas en este esquema de corrupción como Odebrecht, Camargo Correa y sus consorciadas; hicieron a las cuentas de sus empresas. Y que, posteriormente, fueron derivadas a otras cuentas offshore en Costa Rica.

Maiman, también se convirtió en el eslabón del segundo caso que actualmente está en proceso para ser enviado a Estados Unidos: Ecoteva. Respecto a este, el empresario también confesó que por orden de Toledo dispuso enviar dinero a Costa Rica y de allí remitirle dinero al Perú para la compra y pago de inmuebles, por casi US$8 millones.

Según teoría del Ministerio Público, los casos Odebrecht y Ecoteva están concatenados, puesto que él último sería el efecto de los presuntos sobornos recibidos por el exmandatario investigados en el primero.

Toledo, quien inicialmente entró en un estado de negacionismo ante las graves imputaciones en su contra, continuó con su vida académica en Estados Unidos. Acudía a la Universidad de Stanford, donde era investigador y hasta daba charlas para unidades descentralizadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre libre comercio.

Todo ha cambió para el expresidente peruano el 16 de julio del 2019, cuando el Servicio de Alguaciles Federales de California, ingresó a su domicilio en Menlo Park, para arrestarlo por orden del Juez federal Thomas S. Hixson.

El magistrado norteamericano había dado inicio así a un nuevo camino legal para Toledo Manrique en Estados Unidos. El expresidente permaneció bajo prisión por ocho meses, hasta que en marzo de este año, Hixson dispuso su arresto domiciliario.

La decisión del magistrado no fue porque los cargos en contra de Toledo Manrique hayan decaído; fueron las condiciones sanitarias que afronta el mundo debido al Covid-19, lo que llevó al juez a ordenar la excarcelación del expresidente peruano y tenerlo bajo custodia de un GPS mediante un grillete electrónico.

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