La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, fue denunciada el martes pasado ante el Congreso por los presuntos delitos de abuso de autoridad, negociación incompatible y omisión de actos funcionales, y por una supuesta infracción a los artículos 2, 38 y 126 de la Constitución.
Estas imputaciones buscan su destitución e inhabilitación de la función pública por 10 años. De ser así, no podría asumir la presidencia si el mandatario Pedro Castillo renuncia o es vacado.
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Una primera denuncia fue presentada por la congresista Norma Yarrow, de Avanza País. Horas después, el legislador Javier Padilla, de Renovación Popular, ingresó la segunda.
El caso, que será evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se basa en un informe de la contraloría que señala que Boluarte habría incurrido en infracción constitucional por firmar documentos como titular de la asociación privada Club Departamental Apurímac en el 2021.
El artículo 126 de la Constitución establece que los ministros están impedidos de ser gestores de intereses propios o de terceros.
El mismo informe de contraloría añade que Boluarte tampoco incorporó en su declaración jurada de intereses a ocho parientes de segundo grado de afinidad.
Además, refiere que el hermano y el cuñado de la ministra, Nicanor Boluarte Zegarra y Alfredo Pezo Paredes, respectivamente, fueron contratados por la Municipalidad de Pueblo Libre y la Escuela Nacional de Control, respectivamente, lo que atentaría contra la Ley de Contrataciones del Estado.
La imputación de Yarrow resalta que Boluarte habría vulnerado la Constitución al intervenir en la dirección y gestión del Club Departamental Apurímac mientras ejerce como ministra y vicepresidenta. Destaca que la titular del Midis firmó 13 documentos del citado club entre el 26 de agosto y el 20 de octubre del 2021, vinculados a cambios en los estatutos, convocatorias a sesiones del consejo directivo y constancias sobre el quórum.
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Boluarte fue elegida presidenta del consejo directivo del club departamental el 15 de enero del 2017 y reelegida hasta febrero de este año. Luego, cambios en los estatutos de la organización prorrogaron su mandato hasta el 2024.
La denuncia señala que los descargos de Boluarte, quien aseguró que no recibe ningún beneficio económico del club y que este no tiene fines de lucro, no la eximen de responsabilidad.
La denuncia también señala que la vicepresidenta habría cometido el delito de omisión de actos funcionales al no consignar en su declaración jurada su participación en el club.
Asimismo, asegura que la ministra no reportó el nombre de su cuñado en su declaración “para permitir que este pueda contratar con el Estado”.
Por otro lado, Yarrow acusa a Boluarte de presuntamente abusar de sus atribuciones como vicepresidenta y ministra para “solicitar irregularmente” una licencia de su cargo de jefa de la oficina del Reniec en Surco.
En tanto, la denuncia del congresista Padilla señala que los hechos descritos por la contraloría “constituyen una objetiva y manifiesta infracción” del artículo 126 de la Constitución.
Durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) y horas antes de que se presentasen las denuncias en su contra, Boluarte dijo que la derecha no deja gobernar al Ejecutivo. Añadió que el presidente Pedro Castillo y sus ministros son “resilientes frente al ataque diario”.
“Desde el primer instante que el presidente y yo juramos servir al pueblo peruano. No nos han dejado gobernar en paz, pero aun así, dentro de esa situación con ruido político, nos hemos puesto firmes”, señaló.
El lunes pasado, la vicepresidenta Dina Boluarte negó que haya cometido alguna infracción constitucional.
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