Elección de magistrados en manos del Congreso: Cambió la forma pero no el fondo

La Comisión Especial del Congreso encargada del proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional terminó su labor con a presentación de un cuadro de méritos de 15 candidatos. Pero el orden de mérito importa poco, pues resultarán elegidos los que obtengan 87 votos en el pleno, independientemente de sus calificaciones. Un año después, continúan las mismas objeciones sobre el proceso.

El año pasado, el Congreso aprobó una ley que establecía un concurso “meritocrático” para el proceso de elección de magistrados. Desde el 2019, el mandato de seis de los siete magistrados está vencido, pero el Congreso no ha podido ponerse de acuerdo para elegir a sus reemplazos. La nueva ley debía viabilizar el proceso y erradicar toda duda respecto a posibles “repartijas”.

Para el legislador Diethell Columbus, vocero de Fuerza Popular y miembro de la Comisión Especial, la ley fue una “estafa”. “Nosotros dijimos que era estafar a la gente diciendo que iba a ser un proceso meritocrático. Eso era para la galería, porque iban a ser elegidos los que tengan los 87 votos. Las etapas previas del proceso se han hecho tal cual se hizo en anteriores Congreso, la única diferencia es que ahora existe un reglamento. Se aprobó la norma tal cual la propuso Vizcarra, todos la aplaudieron e impulsaron, pero cuando se dieron cuenta que los candidatos que buscaban poner en el TC no saldrían elegidos, se han puesto de costado a criticar el proceso. Se los advertimos”, indicó Columbus.

Para el legislador Gino Costa, el problema radica en que el actual Congreso no cuenta con la legitimidad para llevar a cabo el proceso, y busca un tribunal a la medida de una representación que actúa al margen de la Constitución. “Tienes a miembros de la comisión cuestionados e investigados como José Vega y José Luna; la convocatoria no fue la mejor y tenemos candidatos sin el perfil idóneo”, dijo

Problema estructural

Para Úrsula Indacochea, directora de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (Washington), el problema principal del actual proceso radica en que no existe un espacio efectivo de participación ciudadana.

“Cuando publicaron el borrador del reglamento, presentamos observaciones, pero no las discutieron. Instituciones como la Junta Nacional de Justicia o Servir también presentaron, pero no fueron tomadas en cuenta. Las tachas, casi todas fueron rechazadas”, critica Indacochea.

La vicepresidenta de la Asociación Civil Constitucionalismo Crítico también cuestionó que las entrevistas a los candidatos no haya contado con participación de la sociedad civil. “Así hubiéramos tenido las preguntas que correspondían. [Carlos]Hakansson es un candidato muy preparado, pero dio una respuesta sobre el aborto que no puede ser concebida, porque representa un adelanto de opinión, y sin ninguna consecuencia. Las entrevistas fueron el desboque de la peor cara del proceso”, refirió.

En este punto coincide Columbus, quien aseguró que -más allá de lo anecdótico de las preguntas de sus colegas- lo más preocupante es que la mayoría de candidatos hayan respondido sobre casos que podrían ser materia de revisión en el caso de ser elegidos. “Alguien que ha leído las funciones de un magistrado sabe que no puede adelantar opinión, y lo alega en su respuesta citando la ley y la Constitución”, indicó.

Cambio de mecanismo

Todos los entrevistados coincidieron en señalar que el sistema de elección de magistrados del TC debe tener una reforma de fondo, donde el Congreso no sea el único encargado del proceso.

Perú y Venezuela son los únicos países de Latinoamérica donde los magistrados son elegidos solo por el Congreso. En el resto de países, optan por mecanismos mixtos.

“Debería darse la intervención de otros organismos, como la Corte Suprema o el Poder Ejecutivo. Lo que me preocupa es que se dé demasiado espacio a la sociedad civil y ocurra lo del CNM, donde se terminan politizando los decanatos, por ejemplo”, indicó Úrsula Indacochea.

Columbus indicó que sería interesante explorar la fórmula que se usa actualmente en el Banco Central de Reserva, donde el Ejecutivo designa a tres miembros, y el Congreso a los otros cuatro.

Al actual Congreso solo le basta cambiar a uno de los seis magistrados cuyo mandato está vencido, para cambiar la correlación de fuerzas en el pleno del TC. La norma establece que el proceso se realizará mediante el reemplazo del magistrado con la mayor antigüedad en su designación o, en su defecto, del magistrado que tenga mayor antigüedad de la colegiatura.