Otro ‘mochasueldo’ blindado: la historia detrás de la protección a Edgar Tello en la Comisión de Ética

A casi un año de haber sido denunciado por recortar el salario de sus trabajadores y por hostigamiento en contra de una asesora en estado de gestación, el congresista Edgar Tello (Bloque Magisterial) fue blindado en la Comisión de Ética del Parlamento y solamente fue sancionado con 60 días multa y una amonestación pública.

La Comisión de Ética- dirigida por el parlamentario Diego Bazán (Avanza País)- aprobó con 14 votos a favor, uno en contra y una abstención un extremo de la acusación referido a una solicitud hecha por Tello a la Oficina Económica de Taipéi de US$8 mil para la compra de cocinas y otros elementos para las ollas comunes. No obstante, rechazó las dos imputaciones más fuertes: la del recorte de sueldo y la del hostigamiento.

Tello es investigado preliminarmente en la Fiscalía de la Nación por presunta concusión, a raíz del primer hecho.

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En la versión inicial del informe de la Comisión de Ética, se incorporó un polémico párrafo, que estigmatizaba y atacaba a Emely Silva Uriarte, quien fue la trabajadora parlamentaria que acusó públicamente al profesor. Por ejemplo, el documento señaló que ella “buscó ponerse en la condición de acoso y hostilización para mantenerse en el cargo que ocupaba”.

Incluso, el grupo de trabajo remarcó que Silva Uriarte hizo “uso del estado de gestación en el que se encontraba” para continuar como asesora de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, que el docente presidía.

Y esto por las denuncias que ella presentó contra Tello, contra la parlamentaria Marleny Portero (Acción Popular) y la jefa de Recursos Humanos del Parlamento.

Durante el debate del informe, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) solicitó, en dos oportunidades, que esta parte sea retirada.

“En casos de este tipo hay que tener mucho cuidado en generar una redacción trasladando la responsabilidad sobre la trabajadora [...] ¿Qué hechos hacen que una trabajadora se ponga en condición de “acoso” y “hostilización”? No se ha investigado a la trabajadora, sino al congresista. Se está dando a entender que la trabajadora es culpable por estar en gestación, esto no puede estar en un informe”, manifestó Luque.

Tras esta observación, la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética retiró este párrafo del texto final que fue aprobado.

Bloque Magisterial pidió rebajar sanción

Antes de la votación, el congresista Álex Paredes, del Bloque Magisterial, no solo realizó una defensa cerrada a favor de Tello, sino que solicitó que se le rebaje la sanción de 60 días multa a 30 días multa. Su moción previa fue rechazada.

“Cuanto daño le hicieron a un congresista con todo tipo de adjetivos, con grandes titulares, páginas, qué fácil es destruir la hora de las personas, hoy se van verificando algunas falacias, actos perversos de algunos medios de comunicación que necesitan de estos escandaletes para que los miren”, manifestó.

También intentó justificar la solicitud que hizo Tello a la Oficina Económica de Taipéi de US$8 mil como donación.

“No sé cuántos acá son padrinos de promoción, la bandeja está llena de oficios, la forma no fue la más adecuada pero el fondo es irrebatible, sino que lo digan las señoras de las ollas comunes. ¿Se va a sancionar a un congresista por apoyar a las ollas comunes? La sanción que se le está dando me parece desproporcionada”, subrayó.

A su turno, la parlamentaria Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) dijo que no se puede generalizar las denuncias de “mochasueldos”, porque inicialmente hubo varios casos, incluyendo uno que tenía relación con una donación de sillas de ruedas, en referencia a Portero, que fue rechazado.

“Quiero señalar y agradecer lo que está haciendo la comisión, indistintamente a pesar de los golpes mediáticos, se está actuando con la verdad, no podemos ser parte de un cargamontón. Hay que valorar y no confundir. En este punto se está sancionando no por tener un corazón grande y querer donar, sino por la práctica, estamos prohibidos de recibir una donación”, expresó.

Barbarán también exhortó a los congresistas a leer lo que firman, porque “la misma persona que ha denunciado [a Tello] ha elaborado el documento [a través del cual pidió la donación]”.

Así fue la votación del blindaje a favor de Tello

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Los “argumentos” del expediente

Para rechazar la denuncia en el extremo del recorte de sueldo a trabajadores, la Comisión de Ética argumentó que los voucher que Silva presentó de depósitos a favor de Ana Rojas Vargas, técnico en la oficina de Tello, no tienen el nombre de la persona que hizo la transferencia.

Y aunque los mensajes de WhatsApp que la asesora entregó hacían referencia a que esos voucher correspondían al descuento del 5% que presuntamente realizaba el profesor, el grupo de Bazán subrayó que “no se puede de este mensaje aseverar que ese abono sería correspondiente a entregas de dinero para el congresista Tello Montes”.

El informe destaca que, si bien Silva sostuvo en su declaración que el congresista del Bloque Magisterial le solicitó S/4.600 para la compra de un proyector, ni el aporte ni la compra se concretaron. “Por lo que no se habría producido recorte de remuneración en perjuicio de la citada extrabajadora”, agrega el expediente.

La comisión, además, utilizó una carta que la asesora envió a la jefa de Recursos Humanos, donde señala que entre agosto del 2022 y el 8 de mayo del 2023 no tuvo inconvenientes con Tello para determinar que incurrió en una contradicción. ¿La razón? Ante el grupo refirió que, en setiembre de 2022, el congresista ya le había solicitado el 5% de su salario.

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Sobre la acusación de hostigamiento, el grupo de trabajo subrayó que el artículo 13 del reglamento interno de Trabajo del Congreso establece que “cada congresista tiene derecho a contar con personal de confianza que labore bajo sus directas órdenes y supervisión”.

Por ello, el parlamentario del Bloque Magisterial “podía realizar los cambios que considere pertinentes en su personal de confianza”. El documento agrega que esto “no puede entenderse como un acto de hostilización hacia la trabajadora Silva Uriarte”.

El expediente indica que la protección de ser despedida de una madre gestante “no ha sido vulnerado en el presente caso”, porque Tello no cesó a Silva, “sino la cambió de puesto”, al pasarla de asesora a auxiliar.

Y a pesar de que este cambio de puesto implicaba una mejor jerarquía y una reducción del salario, la Comisión de Ética determinó que “este hecho no prueba la hostilización denunciada”.

El grupo de trabajo no tomó en cuenta la sanción que Sunafil le impuso al Congreso por S/500 mil por discriminación y hostigamiento por las acciones de Tello en contra de Silva.

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“Estoy bastante afectada”

Tras el blindaje al congresista del Bloque Magisterial, Silva dijo que está “bastante afectada” por esta decisión y refirió que ella había advertido esta situación a los parlamentarios, pero que estos le han dado la espalda.

“No tienen derecho de querer voltear todo y responsabilizarme, la participación de la comisión ha sido sesgada, nadie ha dicho que existía un acta de sanción por medio millón de soles por parte de Sunafil al Congreso, esta multa la van a pagar todos los peruanos, pero al congresista le dan una simple amonestación”, manifestó en diálogo con El Comercio.

Silva señaló que es probable que, tras desecharse las denuncias por recorte de salario y por hostigamiento en contra de Tello, a ella le inicien un proceso administrativo disciplinario para retirarla del Congreso.

“Esto es vergonzoso, que blinden a un congresista que hostigó a una persona gestante”, acotó.

¿Quién es Edgar Tello?

* Electo congresista en el 2021 en las filas de Perú Libre y representando a Lima. Obtuvo 5.133 votos preferenciales.

* Junto a otros legisladores docentes y aliados del expresidente Pedro Castillo, renunció a Perú Libre en mayo del 2022 y conformó el Bloque Magisterial.

* Desde enero del 2023 es investigado en la fiscalía por presunta organización criminal y tráfico de influencias por el Caso ‘Los Niños’.

* Junto a Pedro Castillo, encabezó la huelga docente del 2017 promovida por el Conare-Sutep, grupo sindical radical del magisterio y ligado al Movadef. Luego, fundó con Castillo otro gremio: la Fenate Perú.

* Tiene otra investigación por cohecho activo específico y cohecho pasivo impropio en el caso de la presunta red criminal que habría encabezado la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides en la cúpula del Ministerio Público.

* Afronta otra investigación por presunto tráfico de influencias agravado por haber ejercido influencia en la gestión de Álex González como alcalde de SJL para favorecer a un consorcio en una licitación.

Más información

De otro lado, la Comisión de Ética aprobó por unanimidad el informe de calificación que recomendó el inicio de una investigación en contra del congresista Raúl Doroteo (Acción Popular). Esto a raíz de la denuncia por presunto recorte de sueldo en contra de una trabajadora de su oficina.

En su declaración ante el Ministerio Público, María Fernanda Morales Gutiérrez refirió que Doroteo le exigió que entregue el 50% de su sueldo, sus bonos y todos sus ingresos como personal del Congreso, además de S/1.000 por la tarjeta de alimentos entregada a los empleados parlamentarios el año pasado por Navidad.

Además, el grupo que dirige Bazán también aprobó la denuncia de oficio en contra del legislador acciopopulista Darwin Espinoza por el presunto uso indebido de recursos y personal asignado a su despacho, los cuales estarían siendo orientados a la inscripción del movimiento regional Adelante Áncash.

1

Heidy Juárez, congresista de Podemos Perú

(09/06/2023)

La Comisión de Ética del Parlamento aprobó, por mayoría, sancionar a Heidy Juárez, de Podemos Perú, solo con una amonestación y 30 días de descuento de sus haberes. Esto a pesar de que el informe de la Secretaría Técnica de ese grupo congresal había propuesto inicialmente una sanción de 120 días de suspensión.  

Juárez, elegida por APP, fue acusada de haber realizado cobros irregulares mensuales a trabajadores de su oficina y de la Comisión Especial de Cambio Climático, que estaba bajo su dirección.  

Al menos cuatro extrabajadores parlamentarios mostraron testimonios que confirmaban que habían hecho depósitos de dinero a favor de Miguel Ángel Chafloque Domínguez, entonces asesor principal de Juárez. 

2

Magaly Ruiz, congresista de APP

(12/06/2023)

Aunque la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética había propuesto que la congresista Magaly Ruiz (APP) sea sancionada con 120 días de suspensión, la mayoría de sus integrantes aprobó cambiar este castigo por uno menor: una amonestación escrita y una multa de 30 días de descuento de su salario. Este cambio fue promovido por el parlamentario Eduardo Salhuana.  

Según informó “Punto Final”, un ex trabajador del Parlamento contó que le pagó a Ruiz la suma de S/1.500 mensuales para trabajar en la Comisión Especial de Protección a la Infancia, que era presidida por la apepista. Luego, una excoordinadora parlamentaria de la misma congresista denunció amenazas e intimidación.  

La protección a Ruiz no solamente fue en Ética, sino también en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), dirigida por Lady Camones (APP).  

3

Rosio Torres, congresista de APP

(23/06/2023)

La Comisión de Ética del Congreso, bajo la conducción de Karol Paredes, entonces de Acción Popular, blindó a la congresista Rosio Torres (APP) y aprobó una sanción de solo 30 días de su remuneración como multa y una amonestación escrita. Esto en vez de suspenderla 120 días como la Secretaría Técnica de ese grupo de trabajo había propuesto por la denuncia de recorte de salario a sus trabajadores.  

El pedido para salvar de la suspensión a Torres fue planteado por su colega de bancada, Cheryl Trigozo, pese a que en abril el líder del partido, César Acuña anunció su expulsión y pidió una sanción en la Comisión de Ética. 

4

Alejandro Soto, presidente del Congreso y parlamentario de APP

(02/10/2023)

La Comisión de Ética, dirigida por Diego Bazán (Avanza País), blindó al presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), por las tres acusaciones que pesaban en su contra y que podían llevarlo, a largo plazo, a dejar el cargo. Una de ellas fue la referida al presunto recorte de salario de parte del apepista a sus a sus trabajadores para financiar la publicidad en sus redes sociales y la instalación de un “troll center” en su oficina para atacar a sus oponentes. 

La Secretaría Técnica de la Comisión de Ética consideró “necesario iniciar la etapa de investigación” a Soto, al tener una serie de dudas sobre la actuación del apepista. 

5

María Acuña, congresista de APP

(05/12/2023)

La Comisión de Ética del Parlamento, ahora bajo la dirección de Diego Bazán (Avanza País), archivó la denuncia en contra de María Acuña, de APP.  

Según informó “Beto a Saber”, Acuña Peralta habría pagado el sueldo de Carlos Herrera González, trabajador de su oficina descentralizada, con el dinero que le recortada a otros empleados de su oficina. En la SAC también enviaron su caso al archivo.  

6

Hilda Portero, congresista de Acción Popular

(05/12/2023)

La Comisión de Ética resolvió, de manera unánime, declarar infundada la denuncia en contra de la congresista Hilda Portero, de Acción Popular.  

De acuerdo con “Cuarto Poder”, Portero realizó donaciones de sillas de ruedas con aportes que ella requirió a trabajadores de su oficina.