Unidad de Investigación
No solo el exministro de Trabajo Alfonso Adrianzén tuvo injerencia en el pago irregular de S/41 millones que, en febrero de este año, Essalud hizo a la empresa Aionia Technology Corporation S.A.C. por la compra de un lote de pruebas rápidas para diagnosticar el COVID-19.
El Comercio accedió a nuevos chats de WhatsApp entre el presidente ejecutivo de Essalud, Arturo Orellana, y el exministro Adrianzén, en el que este último, además de exigir que se agilice el pago a Aionia, le dice: “Aurelio, llama para hacer tripartita con PCM [por el asunto]”.
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La conversación entre Adrianzén y Orellana se dio el sábado 28 de enero de este año, como quedó registrado en el chat.
Para esa fecha, Aionia ya había enviado un documento al Ministerio de Trabajo –al cual Essalud está adscrito– para pedir el pago de S/41 millones ordenado por el laudo arbitral –realizado en la Cámara de Comercio de Lima– relacionado con la venta de 1′174.800 pruebas rápidas que se hizo en el 2020, durante el gobierno de Martín Vizcarra (poco después, el pago a Aionia se detuvo luego de que un informe de la contraloría indicara que hubo direccionamiento en la contratación de la firma).
Antes, Aionia solo había obtenido órdenes de compra con el Estado por S/133.388. Su suerte cambió en la gestión de Fiorella Molinelli en Essalud, en la que ganó el contrato por S/41 millones.
El desembolso de febrero de este año fue irregular porque funcionarios de Essalud no ejecutaron la penalidad de S/4 millones a la compañía por incumplir los plazos de entrega.
Según la exasistenta presidencial Grika Asayag, el primer ministro Alberto Otárola estuvo al tanto del pago a Aionia. “[La llamada] es [entre] PCM, el ministro de Trabajo y el presidente de Essalud, eso es lo que dice el chat”, respondió a El Comercio cuando se le consultó quiénes habían participado en esa cita.
“Se entiende que es el premier [el jefe del Gabinete Alberto Otárola]. El presidente de Essalud no va a hablar con la secretaria [de la PCM]. Ellos están en el nivel de premier, [del] ministro”, señaló después sobre los participantes de la reunión.
Asayag está al tanto de esa conversación por WhatsApp porque Orellana, a quien conoce desde hace años, le mostró la conversación con Adrianzén, que estaba registrada en su celular.
De acuerdo con ella, habló del tema con Orellana luego de que ambos fueran implicados en el caso del pago por una supuesta reunión en el restaurante Delibakery de San Isidro, de propiedad de Félix Rosenberg, el empresario amigo de Alberto Otárola, quien fue su abogado.
“Él [Orellana] me dijo que yo no estaba comprometida en este proceso, en este trámite que han hecho, que el trámite venía de otro lugar y en mi nerviosismo le he exigido que me diga de dónde. Es por eso que conozco el contenido de los chats”.
Los otros chats
El 28 de enero pasado, Alfonso Adrianzén, cuando era ministro de Trabajo, pidió a Aurelio Orellana hacer una llamada “tripartita” con la PCM por el pago a Aionia.
El inusitado interés de Adrianzén para que se acelere el pago a Aionia quedó registrado en otras conversaciones que tuvo con Orellana antes del millonario desembolso. En estas, el entonces ministro le expresa su malestar porque el área de “finanzas le ha parado el trámite [a Aionia] pidiendo informes a gerencia central de asesoría jurídica y gerencia central de operaciones […], que vienen paralizando la acción; existe esta vez un tercero, no vinculado, que está llamando para solicitar lo que no corresponde. [Por] favor, indaga y salgamos de esta incomodidad”.
En una segunda comunicación con Orellana, del 9 de febrero, le reitera su molestia por los problemas para ejecutar el fallo arbitral. “Pese a tus indicaciones, el área financiera quiere fraccionar el reconocimiento del laudo distorsionando su verdadero sentido. Ya no te pido que continúes sancionando a esos funcionarios, pero me parece que este tipo de acciones fuera de libreto dan en la práctica una mala señal”, escribió.
En una tercera comunicación, Orellana le dice a Adrianzén: “Presidente [ministro], le informo que el gerente general de la empresa Aionia recogió los cheques por el cumplimiento del laudo arbitral”. Adjuntó capturas de los comprobantes de pago. Orellana había copiado el mensaje que previamente le había enviado el gerente central de Gestión Financiera de Essalud, Publio Román.
En un diálogo, Adrianzén le menciona a Orellana sobre las acciones “fuera del libreto” de los funcionarios, y sanciones a estos por cómo resolvían el caso.
Cuando este Diario le consultó por los mensajes, Adrianzén manifestó que su preocupación no era para que se acelerara el pago a Aionia, sino que, como ministro, “era más bien para que no existiera un condicionamiento a su pago, porque eso es lo que ellos denunciaban en su comunicación, cuando ellos mandan su carta por mesa de partes”.
En diálogo con El Comercio, el primer ministro Otárola negó que haya sido parte de alguna “llamada tripartita”. Dijo que “esa llamada nunca se dio. En ninguno de los chats entre Adrianzén y Orellana existe una preocupación de mi parte para que Essalud agilice el pago a la empresa Aionia. Nunca escribí ni una sola palabra sobre ello”.
“Esa falsa información considero que solo puede venir de los corruptos que tejen toda una red para desviar la atención y cualquier investigación”, agregó.
También afirmó: “Mis conversaciones con el exministro Alfonso Adrianzén solo eran temas estrictamente de gestión en el ejercicio de las funciones. […] Su salida es una expresión plena de mi indignación y la de la presidenta Boluarte”.
Días después, Adrianzén le trasladó al titular de Essalud sus observaciones sobre la labor de los altos funcionarios de la entidad en el trámite del caso.
No obstante, Adrianzén recién dejó el cargo el 23 de abril, dos meses después de que se hiciera público el pago irregular de S/41 millones.
Desde marzo de este año, la Fiscalía de la Nación investiga a Adrianzén y Orellana por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Asayag está comprendida en la indagación del caso, pero por el delito de tráfico de influencias agravado.
El papel de Adrianzén, hombre de confianza de Otárola, también se evidencia en los mensajes de WhatsApp e información que Publio Román entregó a la fiscalía por la investigación. Estos se centran en la conversación que tuvo con Orellana.
Román declaró a la fiscalía que el 12 de febrero, tras concretarse el desembolso de S/41 millones, Orellana le dijo en una comunicación por WhatsApp: “La presidenta de la República me ha llamado, del por qué he hecho el pago a Aionia, parece que el ministro de Trabajo está involucrado”.
También indicó que, junto con Orellana y el equipo técnico y financiero de Essalud, participó en una reunión realizada el 15 de febrero en Palacio de Gobierno, que fue convocada por Boluarte para que le explicaran el pago a Aionia. El funcionario agregó que el 13 de febrero había sido convocado a una cita con Boluarte en Palacio de Gobierno, pero que ese día solo se reunieron la presidenta, Orellana y Adrianzén.
Al cierre de esta edición, el titular de Essalud dijo sobre el chat de la llamada “tripartita”: “El mensaje se relaciona con una intención de coordinar con la PCM por temas relacionados con la escala salarial nada relacionado a Aionia. Esta nunca se concreta”.
Cuando el pago se concretó, Orellana le avisó a Adrianzén que el gerente de Aionia (Marco Valdivia) ya había recogido los cheques. Incluso le pasó capturas de estos.
La semana pasada afirmó que el pago de S/41 millones era de “obligatorio cumplimiento” debido al laudo arbitral.
Respecto a la reunión con Boluarte, afirmó que “se le informó que el pago se había realizado dentro de los parámetros normales, y para tratar de salvaguardar los intereses de la institución.
El descargo de Aionia
El representante legal de Aionia, Carlos Alberto Valdivia Montoya, afirmó que el laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Lima ordenaba que Essalud pagara los S/41 millones por el contrato de las pruebas rápidas, por lo que considera que el desembolso no fue “irregular”.
“Si Essalud no pagaba día a día, seguía sumando intereses a favor de nuestra empresa en perjuicio de Essalud”, dijo a este Diario Valdivia, quien ha sido cuatro veces candidato a la alcaldía de Bellavista (Callao).
El pago no incluyó una penalidad de S/4 millones que Essalud debía descontar de los S/41 mlls. Según Valdivia, “Essalud aplicó de manera arbitraria una penalidad, que fue desestimada en el laudo”.
En octubre del 2020, El Comercio reveló que Essalud contrató directamente a Aionia para comprar 1′174.800 pruebas rápidas a S/34,9 cada una, cuando en esa misma época Perú Compras había hecho adquisiciones grandes con precios unitarios entre S/16 y S/29.
