Gustavo Petro: expertos y documentos históricos desmienten afirmaciones de presidente de Colombia sobre Isla Santa Rosa

Este jueves, durante una ceremonia en Leticia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que su país “no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla de Santa Rosa en el río Amazonas”, que “Colombia no perderá su río Amazonas”, que “no se ha cumplido el tratado; Perú lo violó al no acordar la titularidad de la isla” y que “Colombia desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”.

Estas declaraciones altisonantes que se suman a lo que había indicado en su cuenta de X hace unos días han desatado una tensión diplomática con el Perú y reavivado un supuesto diferendo territorial que, según expertos, carece de fundamento legal.

En su alocución, Petro sostuvo que el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 creó una comisión para adjudicar islas nuevas, atribuyendo a ese convenio la exigencia de un acuerdo bilateral para definir la titularidad de Santa Rosa. No obstante, el texto del Protocolo, firmado tras el conflicto armado de 1932–1933, tuvo por único objetivo restituir Leticia a Colombia y ratificar el Tratado Salomón-Lozano de 1922, según explicó el diplomático Hubert Wieland Conroy.

En diálogo con El Comercio, el exembajador de Perú en Ucrania aseguró que “el protocolo no tiene nada que ver con Chinería ni Santa Rosa; su propósito fue devolver Leticia a Colombia y reafirmar los límites ya establecidos en 1922”.

La cancillería colombiana, en ese sentido, matizó la declaración de Petro y reconoció que las islas emergentes deberían atribuirse mediante una comisión derivada del protocolo de 1934, contradiciendo así la postura inicial del mandatario y dejando en evidencia la improvisación del discurso oficial.

Al respecto, el internacionalista Francisco Belaunde subrayó que este desfase entre la agresividad del discurso de Petro y la moderación de su Ministerio de Relaciones Exteriores evidencia falta de coordinación y convierte la controversia “en un asunto político interno más que en una disputa jurídica auténtica”.

Mito de la “isla nueva”

En su declaración, Petro caracterizó a Santa Rosa como una isla surgida tras la demarcación de 1929 y, por ende, sujeta a un reparto no cumplido. Sin embargo, la documentación histórica y la cartografía de la región indican que Santa Rosa es una prolongación natural de la isla Chinería, asignada al Perú en 1929 por la Comisión Mixta Demarcadora en aplicación del Tratado de 1922. Si bien la división física se acentuó en la década de 1970 —cuando las corrientes del Amazonas provocaron su separación parcial—, dicha variación no varió el estatus jurídico de la isla, que permanece bajo jurisdicción peruana desde entonces.

La Cancillería del Perú ha puntualizado en un comunicado oficial que “no existe técnicamente una isla independiente llamada Santa Rosa, sino la continuación natural de Chinería”.

Asimismo, desde su aparición demográfica en los años setenta, el territorio ha sido administrado por el Estado peruano de forma continua. Con una población cercana a 2 500 habitantes en todo el distrito y cerca de 976 en el núcleo urbano, los residentes se dedican principalmente al comercio transfronterizo con Brasil y Colombia. El 3 de julio de 2025, el Congreso de la República consolidó esta situación mediante la Ley N.º 32403, creando el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia Mariscal Ramón Castilla. Lejos de tratarse de un acto de anexión, la legislación formalizó una administración de facto que existía desde hacía décadas.

El exembajador de Perú en Chile Carlos Pareja declaró, en diálogo con El Comercio, que el Perú ha instalado escuelas, oficinas de migración y puestos de salud en la isla sin que Colombia presentara objeción formal alguna, “lo que constituye un reconocimiento tácito de soberanía que no puede revertirse por declaraciones presidenciales aisladas”.

La verdadera inquietud de Leticia radica en el desplazamiento del cauce del Amazonas, que amenaza el acceso directo de la ciudad al río. Como explicó Pareja, “el río se está retirando de las costas colombianas, un fenómeno natural cíclico que no altera los límites establecidos por tratados internacionales”. La instrumentalización de este tema para cuestionar soberanía evidencia la confusión entre problemas ambientales y derechos territoriales.

Instancias supranacionales

Petro también anunció que acudirá a instancias supranacionales para hacer valer su reclamo, en una evidente contradicción con la posición histórica de Colombia respecto a los tribunales internacionales.

En 2012, tras el fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que favoreció a Nicaragua en el diferendo marítimo por San Andrés, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá, tratado que reconocía la jurisdicción de dicho tribunal.

Al respecto, Francisco Belaunde señaló que “tras el litigio entre Nicaragua y Colombia, la Corte emitió tres sentencias: la primera favoreció a Nicaragua, luego Colombia anunció su retiro del Pacto de Bogotá, y en la segunda la Corte falló a favor de Colombia. No está claro si el retiro de Colombia se materializó o solo fue un anuncio”.

El internacionalista cuestionó la incoherencia de Petro al pretender recurrir ahora a la misma instancia que su país había desconocido previamente por razones de conveniencia política.

Respuesta peruana

El Ejecutivo peruano respondió con firmeza jurídica y moderación. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, afirmó que “no existe ningún diferendo limítrofe con Colombia” y que “seguiremos ejerciendo la soberanía en Santa Rosa de Loreto, un territorio reconocido internacionalmente como parte del Perú”.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, garantizó que “la legislación nacional y los tratados bilaterales reconocen de forma indiscutible la pertenencia de la isla al Perú”.

Y pese a que por la mañana del jueves, el canciller Elmer Schialer indicó a Canal N que le había recomendado a la presidenta Dina Boluarte no realizar declaraciones, en horas de la noche, desde Japón la mandataria llamó a la calma y subrayó que “no tenemos temas pendientes limítrofes con nuestro hermano país de Colombia”, al reafirmar que “la isla Chinería y su capital, Santa Rosa de Loreto, pertenecen a la jurisdicción peruana”.

La jefa del Estado recordó que tanto el Tratado de 1922 como su reconfirmación en el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 “establecen de manera incuestionable nuestra soberanía nacional sobre ese territorio” y destacó que los habitantes de Santa Rosa “perciben esa pertenencia en sus corazones, respaldada por más de un siglo de administración estatal”.

Este episodio marca un punto de tensión en las relaciones bilaterales que requerirá de la diplomacia tradicional para su resolución, alejándose de las declaraciones mediáticas que han caracterizado esta disputa. La falta de reclamos formales de Colombia durante todo este tiempo y la presencia de autoridades y servicios estatales peruanos en el territorio confirman el reconocimiento tácito de esa soberanía. Como señaló el internacionalista Francisco Belaunde, parece ser “una barbaridad e irresponsabilidad de parte de Gustavo Petro crear un conflicto de la nada con el objetivo de distraer”.