En medio de una jornada en la que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) abordó en una sesión la crisis política en el Perú, el Ministerio Público –que investiga al mandatario Pedro Castillo por presunta organización criminal y otros delitos, y ha advertido graves indicios de corrupción en su gobierno– y el Congreso –que reúne firmas para una nueva moción de vacancia presidencial– defendieron su autonomía y atribuciones constitucionales.
Por un lado, la fiscalía sostuvo que es base del sistema democrático y que conduce sus investigaciones con independencia, objetividad, respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. En ese sentido, refirió que la denuncia constitucional presentada contra Castillo “se enmarca dentro de las atribuciones constitucionales de la Fiscalía de la Nación y el cumplimiento de los mandatos constitucionales de perseguir el delito y luchar contra la corrupción”.
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“El respeto a la autonomía del Ministerio Público es una exigencia constitucional para todos los poderes y organismos constitucionales que garantiza la institucionalidad democrática en nuestro país”, dijo en un pronunciamiento.
Por su parte, el presidente del Congreso, José Williams, remitió al Consejo Permanente de la OEA un oficio advirtiendo que el jefe de Estado busca “encubrir y obstaculizar” las seis investigaciones penales en su contra, pretendiendo “desinformar” a los países miembros de dicho organismo. Asimismo, aseveró que en el Perú no hay un escenario de vulneración del orden constitucional.
En esa línea, Williams indicó que los argumentos con los que Castillo solicitó la activación de la Carta Democrática Interamericana “no se ajustan a la realidad y carecen del contexto necesario”, en torno a la actuación del Congreso y otras instituciones como la contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación en base a sus funciones constitucionales.
De otro lado, el gobierno de Estados Unidos emitió un pronunciamiento a través del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price: “Estamos dando seguimiento muy de cerca a la situación política de Perú y creemos que la rendición de cuentas es vital para un sistema político democrático”.
Mientras las citadas instituciones se pronunciaban en el Perú, en Washington (Estados Unidos) se desarrolló la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en donde –a pedido del gobierno de Castillo– se evaluó la situación política local.
El consejo aprobó por aclamación una resolución propuesta por la misión peruana, que incluye que una comisión de alto nivel visite el Perú “con el fin de hacer un análisis de la situación de la que informará a este consejo”. Uno de los cuatro puntos del acuerdo expresa “su solidaridad y respaldo al gobierno democráticamente electo de la República del Perú, así como a la preservación de la institucionalidad democrática”.
También instó a todos los actores a respetar el estado de derecho y expresó la disposición de la OEA a fin de realizar “gestiones para promover el diálogo y el fortalecimiento de su sistema democrático de gobierno”. La decisión se tomó tras escuchar al canciller peruano César Landa, quien manifestó que la comisión conformada por diversos estados miembros del ente “resulta esencial para realizar una mirada neutral e independiente a la actual situación que vive el Perú”.
Sin embargo, expertos consultados por El Comercio sostuvieron que era previsible que la OEA acoja el pedido de envío de una misión al Perú al ser un requerimiento a nivel de Estado y subrayaron que la resolución no es una victoria para Castillo ni un respaldo en específico a su gestión o actuación como gobernante, sino a la democracia en el país.
“Dudo mucho que esta organización juegue a su favor [de Castillo]. Va a jugar a favor de la democracia y el diálogo”, comentó Walter Albán, exrepresentante permanente del Perú ante la OEA.
Albán estimó ello pese a lo que pueda evaluar la OEA ante cuestionamientos contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides –aunque resaltó que tiene “un equipo independiente de fiscales que ha llevado seriamente una investigación”–, o la “torpeza” de un sector del Congreso al presentar una demanda competencial para que el Poder Judicial no pueda intervenir en sus decisiones, plantear un pedido al Tribunal Constitucional para interpretar el artículo 117 de la Constitución y tener un discurso de fraude electoral que victimiza a Castillo.
También recomendó que la misión tenga entre sus primeros entrevistados al personal del equipo especial PNP o al recientemente repuesto procurador general Daniel Soria, contra quien advirtió un atropello del gobierno. “Hay cantidad de argumentos como para demostrar que este gobierno de Castillo no tiene ninguna calidad moral para pedir que lo defiendan frente a un ataque contra la democracia cuando él mismo atropella la democracia a diario”, afirmó sobre la importancia de informar a la misión sobre la actuación del mandatario.
A su turno, el exministro de Justicia y exembajador del Perú ante la OEA, Juan Jiménez Mayor, recalcó que en el Consejo Permanente “no han dado un respaldo al presidente Castillo, sino al gobierno del Perú” y a la democracia peruana. “El presidente ha activado un procedimiento y el Consejo Permanente no se puede negar, el gobierno mismo pidió una misión. Pero la derrota que tiene el gobierno es que, en la resolución, el nombre Castillo no aparece para nada”, subrayó.
Sobre la misión, explicó que implica una gran oportunidad para que la OEA escuche no solo al gobierno, sino a importantes actores como el Ministerio Público o a la oposición parlamentaria. “El mandato que tiene esta misión es escuchar a todos los actores políticos. Eso pone en desventaja al gobierno, porque el único canal de comunicación que tenía el consejo era el gobierno”, señaló.
Ambos expertos sostuvieron también que el proceso resultará en la emisión de un informe a partir de los testimonios recogidos y un eventual pronunciamiento del Consejo Permanente de la OEA con exhortaciones y recomendaciones, y que “en absoluto” se detendrán investigaciones fiscales o procedimientos parlamentarios.
“No van a parar investigaciones, procesos, porque todos son temas internos. El gobierno ha abierto el escenario internacional a una crisis interna que ha provocado el propio presidente por sus presuntos crímenes. El presidente ahora será muy conocido a nivel internacional y todo el continente se va a enterar de los delitos que se le imputan a la fiscalía”, sentenció Jiménez, quien precisó que el citado informe deberá ser equilibrado.
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