Se cierra un año lento para proyectos de infraestructura: ¿qué requiere con urgencia el sector de cara a 2023?

En una conferencia de prensa realizada en noviembre pasado, el entonces ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, afirmó que la brecha de infraestructura en el país es de aproximadamente US$100.000 millones. La cifra es muy cercana al cálculo inicial que publicó el primer Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) aprobado en el 2019, que estimó la brecha a largo plazo en S/363.452 millones. Es decir, en los últimos tres años no se dieron avances significativos para acercarnos a los estándares adecuados para la población.

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“El 2022 fue un mal año para el sector por la falta de capacidad y de toma de decisiones del Gobierno anterior. No hubo capacidad para el desarrollo para los proyectos que se necesitan, pero no es un tema solo del 2022, solo que este año resalta porque hay muchos proyectos importantes en cartera que se siguen pateando”, afirma Ronald Fernández Dávila, socio del estudio Philippi, Prietocarrizosa Ferrero Du & Uria.

El PNIC actual, que también fue publicado en noviembre de este año, entiende a la brecha de infraestructura de largo plazo como aquella necesaria “para alcanzar los niveles de acceso básicos de infraestructura de grupos de países más desarrollados, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”. En este punto, el Perú adolece de proyectos de Transporte (S/160.958 millones), Saneamiento (S/71.544 millones), Salud (S/58.727 millones), Agua (S/24.245 millones), entre otros.

Por otro lado, la brecha de infraestructura de corto plazo es aquella que puede ser construida y entregada en cinco años y está valorizada en S/117.183 millones. Según el documento, este monto de inversión se requiere “para alcanzar los niveles de acceso básico de infraestructura que debería tener un país con nuestras características socioeconómicas y geográficas”. Los sectores que urgen por mayor inversión también son Transportes (S/35.970 millones), Saneamiento (S/28.819 millones) y Salud (S/27.545 millones).

A pesar de la evidente necesidad, el nivel de ejecución del presupuesto para proyectos por parte del Gobierno Nacional no superará a la ejecutada el año pasado.

“[Hasta el viernes 23 de diciembre], el Gobierno Nacional ejecutó S/15.493 millones del presupuesto destinado a proyectos. En 2021, contando todo el año, llegó a los S/16.314 millones. En comparación, los Gobiernos Locales invirtieron S/18.848 millones, un 20% más que el año pasado. La cifra demuestra la inestabilidad que ha tenido el Gobierno Central”, indica Camilo Carrillo, director ejecutivo de Infraestructura en EY.

Proyectos en espera

Si bien el 2022 tuvo hitos como el destrabe de Majes Siguas II -aunque su programación de inicio de obras tuvo un retraso y recién comenzará en abril-, la adjudicación del proyecto “Escuelas Bicentenario” o la confirmación de que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez operará con un solo terminal, no hubo novedades auspiciosas para otros megaproyectos.

Por ejemplo, en todo el año solo se adjudicaron tres Asociaciones Público Privadas (APP) de la cartera de Proinversión: el Enlace Reque-Nueva Carhuaquero, la Subestación nueva Tumbes y el COAR Centro, que consiste en la construcción de colegios en Cusco, Huancavelica y Pasco. Entre las tres suman una inversión de US$79 millones.

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“El sector enfrenta dificultades estructurales por la deficiencia de marcos normativos y a eso se le sumó un Ejecutivo sin un norte claro ni objetivos definidos, que no supo dar estabilidad en los ministerios. Eso limitó la capacidad técnica para sacar adelante la infraestructura”, explica Alberto Ñecco, exdirector ejecutivo de Proinversión.

Uno de los problemas estructurales a los que hace referencia es la incapacidad de Proinversión para sacar adelante los proyectos, es decir, que son los ministerios los que tienen la última palabra al momento de priorizar -o no- un proyecto.

“Cuando ingresé a Proinversión encontré una cartera lista para salir al mercado de proyectos que ya están maduros. Nos fuimos y los proyectos seguían ahí, madurando. Proinversión es un asesor, pero es importante que los ministros, en especial el de Economía, quieran sacar los proyectos adelante”, agrega.

Hoy, la cartera de proyectos de APP maduros de Proinversión asciende a 30, los que supondrían una inversión total de US$7.700 millones. Día 1 buscó comunicarse con la agencia para que indique sus proyecciones de cara al 2023, pero su área de prensa indicó que el nuevo director ejecutivo, José Antonio Salardi, se encontraba revisando todo el portafolio y que en enero presentaría un balance de los proyectos.

La falta de convicción política por parte del Ejecutivo y la rotación constante de ministros terminó con la resolución del contrato de Chavimochic III. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) tuvo siete titulares distintos durante los 16 meses de Pedro Castillo en la presidencia, y cuatro de ellos negociaron el destrabe del megaproyecto agrario, que tendrá una inversión total de US$715 millones y que se encuentra paralizado desde diciembre del 2016. Ninguno de ellos decidió dar el visto bueno para la suscripción de una adenda al proyecto.

“Todo el mundo tiene miedo. El ministro anterior [dijo] ‘si yo firmo esto yo me voy a ir a la cárcel’. No obstante cuántas veces les hemos hecho sentir que hay aprobación social y aprobación política que tiene el proyecto”, señaló Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros, luego de que se vencieran los plazos de la negociación y se resolviera el contrato de concesión de Chavimochic III en octubre.

Señales hacia 2023

Los especialistas consultados para este informe coincidieron en que el gobierno de transición encabezado por la presidenta Dina Boluarte viene dando señales positivas con sus nombramientos ministeriales. Resaltan que, a diferencia de los gabinetes de su predecesor, destaquen profesionales con perfil técnico

“Con estos nombramientos se abre una ventana de oportunidad importante. Aunque sea un gobierno de transición, un año y medio es tiempo suficiente para destrabar proyectos como Chavimochic o los proyectos para abastecer el gas en el sur. Luego tienes el anillo vial periférico o el ferrocarril Huancayo-Huancavelica que hace años no avanzan. El año cierra con una nota optimista para reactivar el sector”, asegura Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors.

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“Los ministros nombrados no tienen mucha experiencia a nivel político, pero sí desde un punto de vista técnico. La ministra de Transportes y Comunicaciones tiene experiencia, esperemos que nombren a las personas indicadas en los viceministerios”, resalta Fernández Dávila.

Cárdenas añadió que no solo se debe considerar a los ministros como única señal positiva, sino también los nombramientos en cargos viceministeriales, así como en las direcciones.

“El nombramiento de Amalia Moreno [como viceministra de Construcción y Saneamiento] es una buena señal por la experiencia que tuvo en la dirección de la Reconstrucción con Cambios y por los resultados positivos de los acuerdos Gobierno a Gobierno. También falta ver si el nuevo gobierno hará movidas en Proinversión o en el Ministerio de Economía, pero creo que habrá un cambio drástico en el manejo”, señala Cárdenas.

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Sin embargo, para que los inversionistas locales e internacionales terminen de confiar en el nuevo gobierno, este deberá de manejar y reducir la convulsión social en su contra.

“Si los primeros meses del próximo año tienen estabilidad y eso se traduce en nombramientos competentes, si se toman las riendas de los proyectos paralizados, en el segundo trimestre del 2023 se verían las reacciones positivas del mercado. Por más que sea un año y medio de gestión, se pueden adjudicar proyectos en menos tiempo”, concluye Carrillo.

Se atrasa el calendario de destrabe de Chavimochic III

Según el cronograma que dejó la gestión de Patricia Ocampo en el Midagri, los bienes de Chavimochic III debieron de entregarse el 5 de diciembre pasado. Día 1 pudo conocer que hasta la semana pasada el Consorcio Chavimochic, concesionario del proyecto integrado por Novonor (exOdebrecht) y Aenza (exGraña y Montero), tenía decidido no hacer la entrega hasta que culminen los reclamos legales en curso luego de la resolución del contrato de concesión.

A pesar de que el consorcio no estaba obligado a seguir la petición del Midagri, la cartera decidió estructurar el destrabe del proyecto asumiendo que tendría los bienes en diciembre. Por ejemplo, la exministra Ocampo declaró ante el Congreso de la República en noviembre pasado que entre enero y abril del 2023 se realizaría el expediente técnico del saldo de la obra para que se lanzara la licitación en octubre.

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“La exministra dijo que el 5 de diciembre le entregarían el proyecto. Estamos cerca del fin de mes y no hay nada. Dijo que en enero iniciaría la licitación [del expediente técnico], pero eso no va a pasar porque las obras tienen que pasar por un diagnóstico que determine su estado y eso no se dará hasta que el concesionario entregue los bienes”, advierte Víctor Flores, presidente de la Comisión Investigadora Chavimochic del Parlamento.

Flores agrega que la semana pasada invitó a la actual ministra, Nelly Paredes, para que se presente ante la comisión antes de fin de año y dé alcances sobre cuáles serán los nuevos plazos con los que se licitará el proyecto. Aún espera su respuesta.

Este Diario buscó comunicarse con el Midagri para este informe, pero no obtuvo respuesta.

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Por su parte, Novonor negó ir en contra del destrabe de proyecto y aseguró que no condicionó la entrega de sus bienes al resultado final del laudo arbitral integrado.

“Novonor está lista y tiene la mejor predisposición para entregar las obras y bienes de Chavimochic al Midagri”, señala su representante Alfonso Pinillos. “Consideramos que la entrega de los bienes y la evaluación de los mismos debe hacerse de manera conjunta y con peritos de ambas partes. Este un proceso debe ser preciso y ordenado, dada la gran envergadura de la obra”, añade.

En octubre, un fallo arbitral resolvió el contrato de concesión de Chavimochic III, determinando que el Estado y la empresa incumplieron los acuerdos contractuales y deberían pagarse entre sí algo más de US$25 millones en indemnizaciones. El consorcio pidió la exclusión de tres puntos incluidos en el laudo vinculados a temas económicos y la respuesta del tribunal a su pedido se daría a mediados de enero.

Cabe recordar que en 2019, Odebrecht confirmó a la fiscalía que hizo dos pagos por casi US$500 mil destinados a la concesión del proyecto Chavimochic III.