El Consejo Nacional de Trabajo (CNT) se reunirá esta semana. Será la primera reunión después de que la presidenta anunciara en el discurso de 28 de julio que se espera subir el sueldo mínimo en el segundo semestre.
Daniel Maurate, titular del Ministerio de Trabajo, viene hablando de la posibilidad de un alza desde antes del mensaje presidencial. Tratar de impulsar un alza el año pasado era un sin sentido, pues atravesamos una recesión económica. Hoy, sin embargo, con un panorama más optimista, el ministro Maurate ha vuelto a la carga y no ha escatimado en visibilizar el tema dentro y fuera del Gabinete. Entre sus pares, sin embargo, su optimismo parece no ser totalmente compartido.
El aumento del sueldo mínimo “está en cartera este año, julio 2024-julio 2025″, dijo el ministro Arista en una reciente entrevista a El Comercio, en la que también refirió que el aumento no tiene fecha, pues se está esperando que la reactivación económica muestre resultados mucho más sostenibles.
Esta no es la primera vez que vemos esta diferencia de caracteres entre ambos ministerios, lo que incluye gestiones anteriores. Y, aunque se ha dicho que una potencial alza debe ser conversada en el CNT, si no se llega a un acuerdo, es potestad del titular de Trabajo el decidir sobre dicho incremento. De hecho, así se han manejado las alzas en el pasado.
Podríamos decir que el consenso de economistas y entendidos en la materia es que en el corto plazo nada cambiará de manera drástica como para que impacte positivamente en la productividad, elemento con el cual se suele evaluar una medida como esta. Son lejanos los escenarios donde las condiciones del país actualmente son las óptimas para aplicar un alza.
Por eso, no debemos olvidar que existe ya una metodología aprobada en el CNT desde el 2007, la misma que no ha sido aplicada en esta propuesta.
Institucionalizar esta fórmula, tomar el consenso analítico y construir una norma sería lo esperado por parte de un Poder Ejecutivo articulado. Ese ejercicio además nos daría una -necesaria- dosis de predictibilidad más allá de quiénes sean los actores políticos y gremiales del país, así como la posibilidad de construir una distancia suficientemente espaciosa de cualquier voluntad antojadiza que tanto daño nos hace.
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