“Este gobierno ha pasado de ser un gobierno criminal a uno de centro izquierda”

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La inversión privada se contrajo 13% en el primer trimestre. Para este año, la estimación del MEF y el BCR ahora son iguales: una caída de 0,5%. ¿Podría ser mayor dicha caída?

La inversión privada tiene un efecto directo en la confianza del inversionista. No sorprende el retroceso en la inversión privada con los meses y años que hemos tenido, en los que había una política clara anti-empresa. Los efectos que estamos viendo ahora y hacia el final de año obedecen seguramente a decisiones que han sido tomadas el año pasado. Invocamos al gobierno retomar la senda de generar confianza hacia la inversión privada, fuente de empleo.

¿Qué se necesita por parte del Ejecutivo para recuperar esta confianza?

La pacificación del país es muy importante. En eso no solamente debiera trabajar el gobierno. Claramente, estamos poniendo nuestra cuota desde el sector privado. Eso es una cosa buena. Otra cosa buena es la generación de Alianzas Público-Privadas (APP). Hoy el Perú tiene un déficit de infraestructura tremendo, tenemos un Niño [Costero] que se nos avecina y que requiere de inversión en infraestructura pública. El desarrollo de un país debe hacerse a través del concurso entre el sector público y el sector privado. Las APP son una herramienta fundamental para generar crecimiento y alivio a los problemas de la población. Destrabar proyectos emblemáticos que solamente dependen de acciones políticas también serían señales muy importantes. Me refiero específicamente a proyectos como Majes Siguas II y Chavimochic III […] El presupuesto de inversión pública en el Perú a los gobiernos regionales y locales es de un 70%, y son ellos los que evidencian mayor atraso en la ejecución […] La simplificación administrativa es importantísima.

"Hoy día vemos que para hacer cualquier cosa estamos sumidos en una burocracia y tramitología excesiva que desalienta a cualquier inversionista"

De hecho, en el último pedido de facultades algo se avanzó. ¿Aún falta avanzar en ese sentido?

Sí, claramente.

El Ejecutivo está tratando de impulsar las Obras por Impuestos (OxI), pero hay falta de incentivos para que los gobiernos regionales tomen en cuenta este mecanismo. Es un problema que viene desde hace mucho. ¿Ven las OxI como una alternativa adicional a las APP?

Las OxI son una respuesta. Esta ley [de las OxI] hace es que el empresario pueda dirigir los impuestos que tiene que pagar a ejecutar obras con valor social, y que de otra forma seguramente estarían durmiendo el sueño de los justos y viviendo postergados como casi todo lo que hemos visto en infraestructura. Creo que es una magnífica cosa. En Confiep, hemos hecho una alianza con Aloxi, que es la alianza de las empresas que hacemos OxI , para ver cómo generamos un mayor impacto e identificar de manera conjunta cómo el sector privado puede generar un mayor impacto. Quiero resaltar, por ejemplo, el Puente de Santa Rosa. No es un puente solamente, sino un viaducto que va a conectar Lima con el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez […] Estábamos exigiendo al concesionario que cumpla con hacer este terminal de clase mundial, pero no nos ocupamos de la parte fuera del aeropuerto. Como este caso, hay muchísimos otros. Estamos trabajando saneamiento, educación, agua.

Pareciera que ni siquiera llegamos al 2025 con el viaducto.

Dependerá de qué tan rápido puedan sacarse todos los permisos. A eso me refería yo. Las barreras para hacer infraestructura, estén hechas por el sector público o privado, tienen que pasar por el mismo nivel de permisología, la eficiencia, la rapidez y la motivación de la gestión para aprobar los permisos. Si no es rápido, da lo mismo lo que escojamos, porque veremos demorados los procesos […] Cuando el Perú estaba quebrado, lo primero que se hizo fue una simplificación administrativa que lamentablemente no estuvo completa. Hacia mediados de los 90 o 2000, todavía teníamos hambre por captar inversiones. Necesitamos generar inversiones para generar trabajo y riqueza. Hoy día nos hemos aburguesado como país. Imponemos a a los inversionistas potenciales una serie de condiciones con una gestión de trámites que deja mucho que desear. Nuestra ley, que viene del derecho romano, dice que tenemos que hacer todos los pasos previos para que algo se autorice. Nuestra ley no es como la anglosajona, en la que primero haces y sabes que tienes que cumplir con las normas. Acá la ley te dice “prúebame que lo vas a hacer”. Tenemos que estar más alertas para no duplicar o triplicar estos requisitos y ponerles plazo a las respuestas del Ejecutivo. Lo que lo que nos ha impuesto nuestro modelo económico y de gobierno, es que el Estado es el que autoriza todas las acciones. El Estado es el promotor de las inversiones, es el adjudicador, el fiscalizador de las inversiones y el regulador. Los privados somos los administrados. Estamos lejos de los días en que decíamos “que el Estado se vaya de vacaciones para que el país crezca”. Ahora, si el Estado se va de vacaciones nos quedamos estancados. Por lo mismo, necesitamos un Estado ejecutivo y con capacidades para poder atender las necesidades del crecimiento. Y ahí hemos venido fallando, porque además, tercerizamos esas esas funciones (gobiernos regionales y los locales), sin capacitación

¿Esta tramitología que hasta hoy existe refleja desconfianza del Estado hacia el sector privado?

No creo que sea eso. El Estado, como dije, se ha aburguesado. Con cada elección, vemos que la planilla del Estado crece. Se pagan favores electorales con empleo estatal. La Ley de Procedimientos Administrativos del Estado tiene que revisarse profundamente y con un ojo crítico.

¿Han tenido ya reuniones con el Ejecutivo?

Estamos teniendo muchas reuniones, no solo con el Ejecutivo, sino con el Legislativo […] La regionalización como fue concebida tiene algunos problemas. Por ejemplo, los períodos gubernamentales de los gobiernos regionales y locales no coinciden con los del gobierno nacional. En esos traslapes, [una autoridad regional o local] se pasa la mitad de su período sin poder ejecutar o volviendo a presentar las cosas que estuvieron mal.

¿Deberían coincidir?

Deberían coincidir para eso. Una de las propuestas que hemos hecho a la Comisión de Constitución y se ha hecho a la Comisión de Descentralización, es esa: que coincidan los períodos gubernamentales.

¿Se han reunido con la presidenta Boluarte?

Hemos tenido reuniones con la presidenta Boluarte en actos protocolares. Tuvo la deferencia de ir al cambio de mando de Confiep. En esa reunión tuve la ocasión de hablar con ella en algunos minutos previos a la ceremonia. Confiep participa también del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, y hemos tenido dos ceremonias en las que también hemos tenido oportunidad de estar con la presidenta. Sin embargo, nos hace falta con ella una reunión de trabajo, puntualizando estas propuestas que estamos haciendo y que son transversales al gobierno central, al gobierno regional, a los gobiernos distritales. Estamos elaborando una propuesta integral pensando en poner al ciudadano al centro de la agenda nacional. Durante los últimos años hemos estado muy enfocados en peleas políticas, pero a esos que se adjudican ser voceros del pueblo, no les interesa el pueblo. Lo que les interesa es mantener al pueblo descontento y así utilizarlos como herramienta política, ideológica.

¿Está dentro de esta agenda en el corto plazo la restitución del Consejo Nacional de Trabajo (CNT)?

Está dentro de nuestra agenda, claramente. Este espacio se rompió en el periodo del gobierno de Castillo por unas iniciativas que nunca fueron socializadas ni hacia los trabajadores ni hacia los empleadores. Fue unilateral de parte del Estado [la decisión], que terminó afectando a ambas partes (trabajadores y empleadores) y al país. Estoy seguro que esa era la agenda de ese de ese gobierno. Hoy estamos buscando recuperar esos espacios. En esos espacios tienen que darse condiciones mínimas que fueron planteadas tanto por los trabajadores como por los empleadores.

¿Hay una fecha para el regreso del CNT?

No tenemos fecha. Lo que tenemos es un procedimiento, y ya dejamos claro cuáles son los requisitos. El tema de la tercerización, por ejemplo.

¿Debería eliminarse?

Esa, por ejemplo, fue una iniciativa inobservaba. Los primeros en levantarse fueron los trabajadores y después nos levantamos nosotros. No habían condiciones para eso. Creo que tenemos que retomarlo y de no poderlo retomar de manera tripartita, lo haremos bipartitamente con los trabajadores, pero estoy seguro que sí encontraremos ese espacio.

¿Han conversado con gremios como la CGTP?

Soy nuevo en Confiep. Tengo en agenda reunión con la CGTP y la CTP. Tenemos muchos puntos en común.

¿Cree que nos recuperaremos del deterioro institucional causado por Pedro Castillo? ¿Nos tomará un año o dos?

Quiero dar crédito al Ejecutivo en este momento, porque hoy día tenemos interlocutores válidos en todos los ministerios. Me consta que están teniendo que hacer una limpieza de lo que se hizo en el gobierno de Castillo, en el que se puso a cargo de ministerios a personal que no venía a construir, sino más bien a destruir la institucionalidad de estas entidades. Esto, no solamente en ministerios, sino también en organismos administrativos del Estado. Eso toma un tiempo, pero vemos que estamos en recuperación y con franca voluntad [de mejora]. También, sé que no es popular hablar bien del Congreso, pero si sacamos a los “roba sueldos”, el Congreso es un órgano colegiado y dentro de las reuniones durante este último mes y medio que he estado teniendo con miembros del Congreso, también encuentro personas de mucha valía y con intereses legítimos por el Perú. Hay que reconocer que durante el gobierno de Castillo, tuvieron un rol muy importante de cuestionar ministro a ministro para no caer en la trampa de la cuestión de confianza.

Hay también en el Congreso decisiones como la de los retiros de pensiones.

Ahí tenemos a personajes como Sigrid Bazán, que tienen una agenda compleja con el con el tema de las pensiones, que lo que haría es dejar desprotegidos a los pensionistas. Quieren reformas radicales. Es muy apetitoso llevarse los fondos privados de pensiones a una administración para que estos se repartan entre todo el mundo. Lo que no se toma en cuenta es que haría eso respecto a la confianza no solo de los inversionistas, sino de los propios beneficiarios. Se está desbordando la Comisión de Trabajo de iniciativas de ese tipo. Debe haber un espacio para para que los actores podamos discutir esto y medir las consecuencias. Y otra vez, pensar en el ciudadano. El Perú hoy día es un país que tiene recursos suficientes para abordar todos sus problemas. Tenemos un problema serio de gestión y no de recursos. Y, ¿por qué no tenemos un problema de recursos? Porque hemos generado en el pasado la confianza suficiente para captar inversiones. Hemos crecido en los últimos 25 años como país más que nuestros vecinos, más que el promedio mundial. Eso se ha visto reflejado en el ingreso de los ciudadanos. Hemos visto cómo la pobreza monetaria en el Perú bajó de 60% a 20% antes de la pandemia. Esa victoria, que es parcial todavía porque quedaba ese 20% de peruanos fuera de la pobreza monetaria, no cuenta toda la historia. La pobreza no hay que medirla solamente por los ingresos de las personas, […] porque por más que se tenga dinero en el bolsillo, eso no compra agua potable de calidad en casa, por ejemplo. Tenemos que atender esas necesidades. Tampoco es suficiente para atender las necesidades de salud.

¿Es un deber de las empresas buscar el bienestar de la ciudadanía?

Es un deber no solo de las empresas, es un deber de todos los peruanos velar porque el crecimiento sea homogéneo. Es un deber de los líderes empresarial poner foco en que si queremos que el crecimiento del Perú se siga dando, tenemos que ser más inclusivos. Tenemos que velar por que todos los peruanos que han quedado postergados por una u otra razón, se pongan al día. La mejor forma que hemos visto para monitorear eso es la medición de la pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional es la que mide no solamente los ingresos, sino la educación, la salud y la vivienda […] Esos son los indicadores que hay que medir y que realmente yo los traduzco en dignidad para las personas […] El Perú tiene los medios para alcanzarlo y lo que no tiene es la capacidad. Lo que no ha hecho hasta ahora es gestionar adecuadamente esos recursos que han sido generados por la actividad económica. Un grupo de radicales de izquierda, que además son muy violentistas, quieren volvernos Bolivia o Venezuela. Ese es el camino que no debemos seguir […] Actualmente, los bolivianos se están refugiando en el sol peruano. La economía boliviana ha entrado en un espiral donde ya están interviniendo los bancos, están en franco deterioro. Les va a pasar lo que nos pasó a nosotros en los 80, cuando se tenía que imprimir dinero para pagar los sueldos del Estado. Argentina va ya por ese camino. La inflación en Argentina es aplastante, igual que en los 80.

¿ Cuál es la posición que tiene Confiep respecto a los proyectos del Congreso para imponer cuotas de contenidos a radio y televisión?

Las cuotas de contenido cortan la libertad de los medios y de las personas. Yo como usuario no quisiera que me impongan un contenido. Ahora con el ‘streaming’ puedo elegir qué quiero ver y qué no quiero ver. Es absurdo que en un momento de libertades, estemos pretendiendo legislar como el cangrejo, mirando para atrás. Me parece absurdo.

Sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hecho público, ¿qué posición tiene la Confiep?

Lamento lo que se ha publicado en este informe. Este informe ha consultado con el Gobierno y con los distintos actores de la sociedad y hay comentarios que se han incluido. Esto tiene puntos buenos y tienen puntos malos. Lo más resaltante de esto es que el informe reconoce que ha habido un golpe de Estado por parte de Pedro Castillo y que el gobierno que tenemos ahora es una sucesión legítima y democrática. Además, el informe identifica que ha habido acciones sumamente violentas y dañinas de parte de algunos manifestantes. También, identifica que ha habido como resultado de esta acción violenta, falta de acceso a servicios médicos y bloqueos, fallecimientos […] hemos visto que hay un sesgo ideológico con respecto a unas afirmaciones respecto a fenómenos sociales que según ellos -digo yo-, no tienen sustento, porque se basan en esas entrevistas a una persona, por ejemplo.

El informe dice, por ejemplo, que las protestas fueron el resultado de agravios sociales y rezagos económicos. Realmente sabemos que las propuestas en Puno fueron motivadas políticamente. Nadie pedía mejores servicios, se decía “que se vaya Dina”, “cambio de Constitución”. Nadie pedía los derechos de los ciudadanos y no es casual que esto se haya iniciado en Puno. En el sur vemos que en Puno hay una actividad ilícita de algunos grupos muy fuertes y muy arraigada […] Ese grupo de gente financia una actividad y inutiliza a los pobladores de Puno […]Puno es un pueblo trabajador, aguerrido, empresario, pero […] la falta de gestión para atender los problemas verdaderos de la población genera un gran descontento […] Estas personas han violentado y motivado económicamente [las protestas] […] La toma de Lima fue un fracaso. Sé que están planeando nuevamente una sonada por las mismas causas políticas y tratando esta vez de agraviar al sector privado.

El informe menciona que sí hubo violaciones de los derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza.

Sí, efectivamente, eso lo menciona. El uso excesivo de la fuerza hay que investigarlo hasta el final. Con lo que no estoy de acuerdo son las conclusiones arbitrarias basadas en conversaciones con algunas personas […] Esto no es un tribunal de justicia. Creo que se han cometido una atrocidad al poner en su informe conclusiones que deben deben pasar primero por un tribunal de justicia. Lo único que han desnudado al decir eso, al usar la palabra “ejecuciones” y al renegar de las industrias extractivas diciendo que no han generado ningún beneficio para las poblaciones, es su verdadero sesgo político e ideológico. Eso casi que invalida todos los criterios que no sean objetivos de este informe. Lamento mucho que una institución como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté hoy día absolutamente parcializada hacia una ideología que además es destructiva. Realmente va justamente contra los derechos humanos. Esto es informe que no tiene carácter vinculante para el Estado.

¿Considera inválido el informe por esta ideologización?

Creo que este informe está demasiado parcializado […] Yo no soy capaz de distinguir si es que el exceso de fuerza de un policía repeliendo a unos manifestantes obedecían a las órdenes de su superior inmediato o de la presidenta de la República si no vemos realmente a una persona que está haciendo uso excesivo de la fuerza. Llegar a la conclusión de que estas son ejecuciones extrajudiciales desautorizan absolutamente el informe, le quitan veracidad.

¿Sería lo mejor para el país que el Gobierno se quede hasta el 2006?

Lo que es mejor para el país es que las normas se cumplan. Este gobierno se ha convertido de un gobierno criminal dedicado a destruir las instituciones a un gobierno de centro izquierda que lo que quiere es reconstruir. Mientras hayan buenas intenciones y éstas además se puedan concretar en ejecuciones eficientes, nosotros vamos a apoyar las gestiones. Si se queda o no, no depende de nosotros. El período gubernamental del gobierno que hemos elegido acaba el 2026, nos guste o no nos guste. Si hubieran razones para descalificar a la presidenta por incapacidad moral para gobernar, que hasta donde sé no las hay, deberíamos recurrir al mecanismo constitucional. No creo que los peruanos debamos decir “se va el 2023 o el 2024″ o cuando nos provoque. Eso lo que hace es generar desconfianza. Los inversionistas necesitan confianza, paz y tranquilidad. Necesitan orden, democracia y predictibilidad. Sin ellos no tendremos inversiones, sin inversiones no tendremos crecimiento y sin crecimiento nuestros hijos no tendrán puestos de trabajo.

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