Existen 38 proyectos que buscan reformar el capítulo económico de la Constitución

Desde julio de 2021 a la fecha, se han presentado 40 proyectos de ley (PL) a la Comisión de Constitución y Reglamento para reformar diversos artículos del título económico de la Carta Magna, de los cuales 38 aún se encuentran en dicha comisión. La mayoría de estas se concentran en cambios al rol del Estado en la economía y modificaciones sobre los recursos naturales y comunidades nativas. Otros cambios planteados están vinculados a garantías contractuales, protección al consumidor, cambios tributarios y a la promoción del desarrollo agrario. Además, existen otros 11 PL, adicionales a los 38 mencionados, que proponen una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, de los cuales cuatro basan su argumento en las críticas al régimen económico.

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Las iniciativas relacionadas al rol económico del Estado proponen su participación directa en actividades productivas o un mayor control de la actividad privada. Por ejemplo, el archivado PL 2259 planteó la “nacionalización del cobre y la creación de la empresa nacional Las Bambas SAC”, mientras que el PL 2046 busca “acentuar el deber estatal en la industrialización del país”. Estas iniciativas implican eliminar el principio de subsidiariedad que establece la Constitución, bajo el cual el Estado solo participa en actividades empresariales cuando estas no pueden ser cubiertas por privados y son de alto interés nacional, con la aprobación del Congreso.

Por otro lado, los PL para proteger los recursos naturales y las comunidades nativas se enfocan principalmente en añadir derechos que, en general, ya son reconocidos en otros capítulos de la Constitución u otras normas legales. Por ejemplo, el PL 3531 plantea incluir derechos como “emplear sus propias leguas en procesos judiciales”, obviando que, durante la pandemia, el Poder Judicial (PJ) atendió el 99,5% de los 436 requerimientos de traductores de lenguas originarias.

Por su parte, si bien los proyectos para fortalecer la protección al consumidor incluyen reformas positivas para aumentar la autonomía del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), también recogen propuestas como la creación de la Superintendencia de Protección del Consumidor o la prohibición de monopolios. Esta última resulta redundante dado que la Constitución ya establece el combate a toda práctica que limite la competencia y el abuso de posiciones monopólicas.

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Propuestas riesgosas

Las iniciativas constitucionales para otorgar una mayor participación al Estado en la economía omiten los perjuicios que generaron este tipo de políticas en el pasado. Entre estos casos, se encuentran por ejemplo las propuestas para promover la industrialización del país con la creación de empresas públicas. En la segunda mitad del siglo XX, el Estado Peruano se involucró en actividades industriales como la fabricación de acero, fertilizantes, embarcaciones industriales, entre otros. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el ineficiente manejo de estas empresas condujo a pérdidas financieras y mayores pasivos fiscales para la mayoría de las economías que adoptaron estas prácticas.

Mas aún, varios de los objetivos que se buscan con las reformas planteadas al capítulo económico de la Carta Magna no requieren de un cambio constitucional, sino más bien de una mejora en las capacidades del Estado para proveer servicios básicos, aspecto que habría perdido prioridad en los últimos 18 meses. Prueba de ello es lo ocurrido en el Gobierno Nacional, donde las inadecuadas designaciones y la alta rotación ministerial causaron que carteras como Transporte y Educación – que representan 49% del presupuesto de inversión del Ejecutivo – acumulen una caída de inversiones de 29% y 11% durante el 2022, respectivamente.

Experiencia chilena

Un ejemplo de las consecuencias que genera un cambio radical de la Carta Magna es el proceso constitucional chileno de 2021-2022 que derivó en la elección de una convención para redactar y proponer una nueva Constitución.

Si bien esta propuesta fue rechazada en setiembre de 2022 por el 62% de votantes, la incertidumbre regulatoria causada por el debate constituyente ocasionó una de las mayores subidas del tipo de cambio en la historia de Chile. En el 2021, el peso chileno perdió casi 20% de su valor frente al dólar, siendo una de las monedas de mercados emergentes que más se depreció, solo por debajo del peso argentino (22%) y la lira turca (79%).

El mayor riesgo político generó también un contexto menos favorable para la inversión. Hacia fines de 2021, el 70% de las empresas encuestadas por el Banco Central de Chile manifestaron que no realizarían inversiones en el 2022. Este deterioro en la confianza empresarial se tradujo posteriormente en una significativa caída del gasto de inversión en construcción y equipamiento, el cual en términos desestacionalizados acumuló un retroceso promedio de 4,3% desde el cuarto trimestre del 2021 hasta el segundo trimestre del 2022. Esta contracción comenzó a revertirse a medida que el rechazo hacia el nuevo texto constitucional fue ganando mayoría en las encuestas de cara al plebiscito de setiembre de 2022.

El caso chileno ilustra algunos riesgos iniciales que podrían afectar al Perú frente a propuestas como la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Este escenario expone innecesariamente a la economía peruana a una potencial pérdida de las fortalezas fiscales y monetarias que aún la sostienen, pese a la precaria institucionalidad. Optar por este camino es un costo que el país y sus próximas generaciones no deberían asumir.