El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, reiteró su propuesta de impulsar una nueva Constitución y planteó la participación de “agentes económicos, sociales, comunitarios y políticos” como parte de un proceso de reforma orientado a un “nuevo comienzo democrático”.
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“Nosotros creemos en un nuevo comienzo democrático, conversando con agentes económicos, políticos, sociales, comunitarios, regionales del Perú de todas las sangres para un nuevo comienzo patriótico y eso significa una nueva constitución”, sostuvo en conferencia de prensa.
El postulante indicó que este proceso implicaría realizar “arreglos constitucionales” para superar la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso, en referencia a mecanismos como la vacancia presidencial, las mociones de confianza y el cierre del Parlamento.
“Esto hay que pararlo, pero no con imposición autoritaria, sino con democracia”, señaló, al tiempo que afirmó que las decisiones deben adoptarse con participación directa de la ciudadanía.
En ese sentido, propuso fortalecer el uso del referéndum como herramienta para que la población se pronuncie sobre decisiones relevantes. Según explicó, este mecanismo debería ser modificado para facilitar su aplicación y permitir una mayor intervención ciudadana.
Por otro lado, Sánchez anunció que su bancada presentará el lunes dos denuncias constitucionales contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al considerar que ambas instituciones habrían realizado acciones fuera del marco legal tras los comicios.
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El candidato no brindó mayores detalles sobre los fundamentos de estas denuncias, pero indicó que forman parte de su postura frente al actual proceso electoral y al funcionamiento de las instituciones vinculadas al sistema de justicia y electoral.
Intervención ante el Congreso sobre robos diarios, homicidios virales, destrucción de 27 actas policiales a nivel nacional, fallos en competencias y flexibilidad policial. Critica normas garantistas que protegen intereses ideológicos, citando casos como Chorillos y captura de 2004. Exige revisión rigurosa de la ley. 
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