Se flexibilizará de seis meses a una semana el plazo para que las personas con discapacidad accedan a una pensión. (Foto: GEC)
Se flexibilizará de seis meses a una semana el plazo para que las personas con discapacidad accedan a una pensión. (Foto: GEC)
Lorely Requejo

El Ejecutivo presentará ante el Congreso su propuesta para atender las necesidades de los afiliados y pensionistas de la , sin que esto –tal como mencionó la ministra María Antonieta Alva– signifique “hipotecar el futuro del país”.

Se trata de seis medidas que buscan reformar estructuralmente el sistema público de pensiones para que quienes hoy aportan puedan gozar de una pensión. Es así que el Gobierno ha planteado pensiones proporcionales, dejando atrás la obligatoriedad del mínimo de 20 años para gozar de una pensión. “Quienes tengan 65 años y aportes acumulados de entre 10 y 15 años, tendrán una pensión de S/250, y de 15 años a 19 años con 11 meses, será una pensión de S/350”, dijo la ministra Alva.

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Con ello, se incorporan 700 mil personas más a los afiliados ONP que gozarán de una pensión. Adicionalmente, se otorgarán pensiones adelantadas: hombres y mujeres con 50 años de edad y 25 años de aportes podrán acceder a este beneficio que alcanzará a 120 mil afiliados actuales.

Se flexibilizará de seis meses a una semana el plazo para que las personas con discapacidad accedan a una pensión y también los requisitos para reconocer aportes: con una declaración jurada podrán sustentar hasta seis años de contribuciones. En el caso de los 560 mil pensionistas del sistema, se les entregaría un bono de S/760.

Asumir estos compromisos implicaría para el Estado un monto total de S/13.609 millones, frente a los S/15.000 millones que, según el , costaría asumir la propuesta del Congreso de una devolución de aportes.

Reforma planteada por el Ejecutivo. (Infografía: El Comercio)
Reforma planteada por el Ejecutivo. (Infografía: El Comercio)

ANÁLISIS

Noelia Bernal, docente de la Universidad del Pacífico, saludó la iniciativa impulsada desde el Ejecutivo en vista de alcanzar una reforma del sistema nacional de pensiones.

“Me parece que esta propuesta es superior a la que actualmente se ha aprobado, que es una devolución generalizada a todos los afiliados del sistema nacional”, manifestó en conversación con El Comercio.

Coincidió con su opinión Miguel Jaramillo, economista senior del Consejo Privado de Competitividad (CPC). El especialista resaltó que la propuesta del Ejecutivo, a diferencia de lo expuesto por el Congreso, tiene un fin previsional. Específicamente, señaló que es “razonable” el punto en donde se permite el retiro con diez años de aportes, al igual que los montos planteados.

“Muchos de ellos [los afiliados], por la regla de los 20 años, se quedaban sin pensión”, refirió. “Es inclusiva la medida, porque permite que se incluyan cerca de 700 mil personas que están en este rango de aportes”, precisó.

Resaltó que sí habrá una presión fiscal, pero no de la misma magnitud que generaría la iniciativa del Parlamento. Al mismo tiempo, el execonomista David Tuesta expresó que la propuesta planteada es “bastante generosa” cuando se realizan los cálculos completos.

Asumir estos compromisos implicaría para el Estado un monto total de S/13.609 millones.
Asumir estos compromisos implicaría para el Estado un monto total de S/13.609 millones.

Por su parte, el economista Enrique Castellanos comentó que sería más adecuado que el sector privado ofrezca alternativas en cuanto al tema de pensiones.

“En vez de tratar de reformar un sistema público que durante años nos ha costado un montón de plata en términos de impuestos y que no ha tenido los resultados deseados, yo preferiría que todo esto sea manejado de manera privada”, anotó.

En tanto, el profesor de posgrado de ESAN Jorge Guillén expresó que la entrega de los bonos es una opción más viable; no obstante, se debe tratar de alcanzar a las personas con ingresos medios-bajos.

“[La medida del Ejecutivo] tiene un efecto positivo de corto plazo. Solamente nos está aliviando temporalmente el malestar, pero no estamos viendo la parte estructural. Yo creo que se hubiera atacado de otra manera con los bonos”, sostuvo.

POR TRABAJAR

Tanto Bernal como Jaramillo expresaron su conformidad con respecto al punto en el que se señala que se incentivarán los aportes facultativos, mediante lo cual se pretende garantizar pensiones a trabajadores independientes.

“Entiendo que con esta propuesta, la ONP está pensando en facilitar el pago de aportes para que la gente independiente voluntariamente quiera pertenecer al sistema nacional”, destacó.

Finalmente, Jaramillo enfatizó que el ingreso de los trabajadores independientes es estacional.

“Ese tipo de flexibilidades son muy importantes, porque, precisamente, las rigideces que implican aportar el 13% de un [sueldo mínimo] excluyen a mucha gente”, anotó.