Ángel Delgado, director del proyecto de reestructuración Petro-Perú de Proinversión, afirmó, durante su presentación ante el Tribunal Constitucional (TC) realizada el martes último, que la reorganización patrimonial de Petro-Perú permitirá atraer inversión para recuperar el valor de los activos de la empresa, sin que el Estado pierda su propiedad.
Durante su exposición, Delgado explicó que el proceso de reorganización patrimonial y operativa de Petro-perú busca cambiar el modelo bajo el cual la petrolera ha operado en los últimos años, el mismo que ha ocasionado un deterioro de la situación financiera de la empresa estatal que cerró el 2025 con pérdidas superiores a US$468 millones y una deuda financiera de más de US$6.300 millones.
En ese contexto, el representante de Proinversión explicó que el Decreto de Urgencia 010-2025 plantea reorganizar determinados activos mediante bloques patrimoniales, con el objetivo de atraer inversión y gestión privada para recuperar su valor.
Delgado puso como ejemplo el Lote 192, que permanece inoperativo desde 2019. Señaló que Petro-Perú no cuenta actualmente con los recursos suficientes para realizar las inversiones necesarias para recuperar este activo, por lo que se busca la participación de un operador privado. En ese sentido, sostuvo que los bloques patrimoniales permitirán incorporar capital y gestión privada para poner nuevamente en funcionamiento activos de la petrolera estatal, manteniendo su propiedad en manos del Estado.
Asimismo, el director del proceso de reestructuración precisó que el Decreto de Urgencia 003-2026 habilita hasta US$2.000 millones de financiamiento de la banca internacional, sin garantía soberana, para asegurar la continuidad operativa de Petro-Perú. Además, dicha norma, designa a Proinversión como única entidad autorizada para instruir la utilización de estos recursos a través de un esquema de fideicomisos y cuentas separadas.
En ese sentido, en caso el DU 010-2025 que establece medidas extraordinarias para la reorganización de Petro-Perú fuera declarado inconstitucional, los recursos habilitados por el DU 003-2026 no podrían utilizarse, lo que impediría la recuperación del capital de trabajo de Petro-Perú y el colapso de la cadena de pagos. Tras escuchar los alegatos de las partes involucradas, el pleno del Tribunal Constitucional dejó la causa al voto, por lo que queda pendiente la emisión de su fallo definitivo sobre las demandas presentadas contra la norma.
