La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte detuvo la madrugada de ayer al alcalde de Carabayllo, Marcos Espinoza Ortiz, y a otras 14 personas, entre funcionarios, proveedores y dos policías en retiro, por presuntamente dirigir de forma irregular la compra de 21 camionetas por S/2′654.655, que favorecía a la empresa Autoland S.A.
Este grupo también habría promovido un proceso para mantenimiento preventivo de las camionetas adquiridas por S/399.959 a otra compañía, cercana al burgomaestre, explicó la fiscalía.
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Desde las 5:30 a.m., la fiscalía especializada y agentes de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) allanaron, de manera simultánea, 17 propiedades vinculadas a los detenidos y cinco oficinas de la municipalidad distrital.
Según la investigación, a cargo del fiscal Marcos Carrasco, esta organización criminal habría dirigido la contratación pública para la adquisición de los vehículos, incluida una camioneta de alta gama, pese a las observaciones realizadas por el OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado).
“Las especificaciones de la contratación estarían orientadas a favor de una sola empresa. Incluso, se dejó sin efecto un primer proceso porque la compañía no se presentó al concurso y se le otorgó un puntaje adicional cuando no correspondía. Todo ello fue observado por el OSCE”, explicó Carrasco a El Comercio.
Responsabilidad
Alianza para el Progreso (APP), partido al que pertenece Espinoza Ortiz, es la segunda organización política con más candidatos con antecedentes judiciales (74 penales y 104 civiles), solo por debajo de Somos Perú.
El hermano del detenido burgomaestre, Hernán Espinoza, que postula a la alcaldía de Carabayllo en los próximos comicios por APP, minimizó el monto de S/16 mil que se encontró en la vivienda de su familiar. “Nosotros somos empresarios, manejamos miles y miles de soles, S/16 mil para nosotros no es nada”, dijo.
Para Herber Campos Bernal, experto en derecho público, este hecho es una consecuencia de la reforma política electoral inconclusa. Asimismo, el docente de la PUCP manifestó que existe una responsabilidad de los partidos políticos que no hacen una selección idónea de sus candidatos.
“Esta situación hace que se pierda legitimidad en la política, porque los ciudadanos perciben que los políticos instrumentalizan los cargos para sus beneficios propios”, puntualizó.
Por su parte, el experto en temas municipales Johnny Zas Friz explicó que las organizaciones políticas han perdido su naturaleza en pro de la ciudadanía y los candidatos que se presentan tienen intereses particulares.
”Es necesaria una reforma política iniciando por tener una mayor participación ciudadana para definir a los precandidatos y que estos no sean designados por los órganos directivos”, precisó.
Por su parte, José Manuel Villalobos, expertos en temas municipales, criticó que muchas autoridades han sido detenidas, pero no todo ellos fueron sentenciados. “Ese es uno de los problemas. ¿Por qué demoran tanto en tener la sentencia? Tienen indicios de supuesta responsabilidad, pero no para sentenciar. Esto ocasiona que no se tenga un caso bien armado”, explica.