El Poder Judicial programó para el jueves 20 de agosto a las 11:00 a.m. la audiencia de apelación que presentó la defensa de Martín Vizcarra contra su condena por cohecho pasivo propio vinculada a irregularidades cuando fue gobernador regional de Moquegua por la que ahora cumple pena privativa de la libertad efectiva en el penal de Barbadillo.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional programó este acto procesal donde también se espera que evalúe la pertinencia de los nuevos medios probatorios ofrecidos por la defensa técnica de Vizcarra Cornejo para esta segunda instancia judicial.
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El exmandatario recibió 14 años de prisión efectiva tras un juicio oral y luego fue trasladado al Penal de Barbadillo para que cumpla la condena mientras se tramita el caso en segunda instancia. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional rechazó recursos de habeas corpus presentados a su favor al considerar que la sentencia aún no tiene la calidad de firme.
La Sala admitió el testimonio de Fernando Cotrim Barbieri, exoficial de la oficina de servicios de las Naciones Unidas (UNOPS), para esclarecer los procesos de licitación del proyecto Lomas de Ilo. Este testigo no pudo participar en la primera instancia del juicio por encontrarse fuera del país en el ejercicio de sus funciones oficiales.
Sin embargo, los magistrados Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Guillén Ledesma declararon inadmisibles otras siete pruebas testimoniales y documentales por no cumplir con los presupuestos legales de reserva y oportunidad. Entre los elementos descartados figuran declaraciones de excolaboradores del procesado y notas periodísticas.
Martín Vizcarra y los detalles de la condena por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua
El expresidente Martín Vizcarra fue hallado culpable de recibir sobornos de las constructoras Obrainsa e ICCGSA por un total de 2.3 millones de soles. Según el Poder Judicial, el exgobernador aprovechó su cargo para condicionar la buena pro de proyectos estratégicos de irrigación y salud a cambio de beneficios económicos personales.
La sentencia desglosa la pena en ocho años de cárcel por el Hospital Regional de Moquegua y seis años por el proyecto Lomas de Ilo. El fallo incluyó además nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago solidario de una reparación civil que supera los dos millones de soles a favor del Estado.
La audiencia de apelación es de concurrencia obligatoria para el fiscal y el imputado recurrente bajo apercibimiento de declarar inadmisible el recurso interpuesto.
