Tras acusaciones contra Miami Beach Peruano salen a la luz otras “megaciudades”: clientes viven en la incertidumbre

Uno de los proyectos cuestionados es Flamencos Condominio de Río Casma S.A.C. José, a quien llamaremos así debido a que prefirió mantener su identidad en reserva para evitar represalias, contó a El Comercio que decidió comprar un lote en este proyecto, ubicado en el kilómetro 164 de la Panamericana Norte, en Végueta, Huaura. “Yo adquirí mi terreno en la primera etapa, en el año 2014. Pagué 40.000 dólares y firmé un contrato de compraventa junto con un representante legal de Río Casma. Además de venderte el lote, también te ofrecían construirte tu casa”, relató.

“Estuve casi un año y medio recibiendo información sobre supuestos avances, pero de repente todo quedó congelado en el tiempo. Me prometieron que pronto tendría la independización municipal para que el lote estuviera a mi nombre. Pero hasta el día de hoy no me entregan mi título de propiedad, por lo que, en papeles, ese terreno no es mío. Por eso no puedo hacer nada, porque pese a que han pasado diez años, en Registros Públicos todavía no figura a mi nombre”, resaltó.

El hombre señaló que no puede construir ni vender el terreno hasta contar con las escrituras públicas que le permitan disponer legalmente de él. “Yo les dije que, si se estaban demorando tanto con el tema de la independización, prefería vender mi lote. Pero me respondían: ‘Sí, vamos a ver’, y no pasaba nada. Los permisos no son míos, son de Río Casma. Por ende, si construyo, al final ellos se quedarían con todo. ¿Quién va a construir sabiendo que, en papeles, el lote no es suyo?”, cuestionó.

“En mayo de 2024, después de tanta insistencia, me dijeron que los trámites municipales se habían retrasado, pero que ya íbamos a proceder con la firma de la independización. Fui a firmar a la notaría y se suponía que el siguiente paso era la entrega de las escrituras públicas. Sin embargo, en setiembre de ese año la empresa me informó que habían surgido observaciones y que las estaban solucionando”, contó.

“En 2025 les pregunté qué había pasado con mis escrituras. Me dijeron que ya estaba casi listo y que debía efectuar un pago de 150 soles por derecho de presentación. Luego, en 2026, el equipo de Flamencos Condominio me respondió que todavía no había novedades y que me avisarían cuando el expediente fuera aprobado por Sunarp”, mencionó.

José aclaró que, en un principio, su intención era vender el lote. “Yo lo compré pensando que con el tiempo multiplicaría su valor, pero no puedo hacer nada porque sigue sin estar a mi nombre. Este tema no ha avanzado en diez años. Hicieron una piscina y un campo de minigolf para llamar la atención de la gente y tratar de vender, pero luego todo queda congelado porque no te entregan el título de propiedad de tu lote. Es como si te prometieran un parque Disney y al final solo hicieran una calle. Dicen que falta poco, ¿cuánto más van a tardar? Si me hubiesen dicho que la fecha era indefinida, no compraba”, concluyó.

El otro proyecto reportado a El Comercio fue Nueva Lima, de Corporación Zolla, el cual es promocionado como “la primera ciudad tecnoecológica del Perú”. Este proyecto está ubicado en el kilómetro 120 de la Panamericana Sur, en Cerro Azul, Cañete. Juana García contó que compró dos terrenos en 2021 con la intención de construir una vivienda para ella y otra para su madre. Según el contrato de compraventa de bien futuro que firmó, los lotes debían ser entregados en 2023.

“Compré dos lotes al contado por 10.200 dólares cada uno. Los adquirí con la ilusión de construir una casa para mí y otra para mi mamá. Por el tema de la pandemia se entendía que podía haber retrasos. Sin embargo, cuando llegó el 2023 no me entregaron nada. Ahí me di cuenta de que, como no cuento con un título de propiedad ni habilitación urbana, pese al contrato que certifica que he pagado, en realidad no tengo nada a mi nombre”, sostuvo.

629 es la cantidad de miembros del grupo de Facebook “Afectados Nueva Lima”, donde usuarios comparten públicamente sus denuncias contra el proyecto.

La mujer relató que presentó reclamos y que actualmente se encuentra en un proceso de conciliación, con el objetivo de obtener mayor información sobre el avance de los trámites de los lotes. “No tenemos absolutamente nada. Tratan de echarle la culpa a la pandemia y a la tramitología peruana, pero después de todos estos años no sé realmente qué ha pasado con los lotes. Mientras no me entreguen los documentos necesarios, solo tengo un papel que dice que he pagado, pero que el terreno no está a mi nombre”, dijo.

“Ahora, yo solo quiero recuperar mi dinero. Ya no quiero vivir ahí por todas las molestias generadas. Los terrenos están a nombre de Corporación Zolla, pero la firma del dueño, Claudio Zolla, no aparece en los contratos. Las firmas que figuran son las del gerente general, Jorge Chávez, y la de Carlos Babarczy, quien ya falleció”, enfatizó.

Otra denunciante de este mismo proyecto es Dula Verónica Flores Tanchiva. Ella contó que se enteró de la venta de estos lotes en una feria inmobiliaria realizada en junio de 2017. “Ese año mi esposo y yo firmamos un contrato de compraventa por un lote valorizado en 17.000 dólares, con ayuda de un préstamo bancario. El contrato estipulaba que a finales de 2018 nos entregarían el terreno con el trámite del título listo. Pero cuando llegó ese momento, no pasó nada. Luego vino la pandemia y esa fue la primera justificación”, señaló.

“Cabe resaltar que la Corporación Zolla colocó una cláusula que indicaba que, si desistíamos de la compra y nos retirábamos, no nos devolverían el dinero. Ante ello, nosotros agregamos una contrapropuesta señalando que, si no nos entregaban el lote dentro del plazo pactado, sí debían devolvernos el dinero. Pese a ello, han pasado casi nueve años y hasta ahora no tengo el título de propiedad”, contó.

“Mucho antes, en 2021, logré conversar con Claudio Zolla. Le dijimos que queríamos la devolución de nuestro dinero, pero primero intentó convencernos de que no era su culpa, sino consecuencia de la pandemia y de la tramitología. Luego nos ofreció asociarnos con él, pero nos negamos. Nuestra última conversación con él fue en 2023”, agregó.

“Sostuvo que el área legal de la empresa le aseguró que le devolverían el dinero. Sin embargo, al no concretarse ello, en 2023 presentó una denuncia ante Indecopi. Dos años después, la entidad emitió un primer fallo a su favor, ordenando la devolución del dinero más intereses. “En segunda instancia se confirmó que debían devolver el dinero. No obstante, la empresa demandada ha incumplido con ello, por lo que, junto al equipo legal de Acurio Rodríguez & Abogados Asociados, estamos solicitando que se dé cumplimiento a lo ordenado por Indecopi”, señaló.

“Ya no quiero saber nada del proyecto, solo quiero que me devuelvan mi dinero. Quien figura en la documentación es el gerente Jorge Chávez. Cuando lo contacté, se hizo el desentendido. ¿Qué se hizo con el dinero? No se sabe”, concluyó.

Una fuente interna de El Comercio que trabajó en este proyecto dentro del área legal reveló que “esta iniciativa nació como un proyecto gigante, pero se cruzó con su primera dificultad: no tenía zonificación. Por ello, el terreno no podía ser considerado urbano ni contar con una habilitación urbana. Se tuvo que realizar un trámite bastante complejo y recién pudo solucionarse en 2022”.

“Otra cuestión importante es que, en un principio, en lugar de firmarse contratos, se suscribían promesas de compraventa de bienes futuros que eran presentadas como contratos (...). Cuando vi que los plazos prometidos se estaban excediendo, decidí retirarme y, justo después, surgieron las denuncias ante Indecopi. Hay que estar muy atentos, sobre todo respecto a dónde termina el dinero, porque en ese entonces las cuentas de la corporación estaban bloqueadas por deudas con la Sunat”, dijo.

En relación con el proyecto Flamencos Condominio, este Diario se contactó con el número de consultas que figura en su página web, así como con el número personal de Pedro Chamorro, gerente general del proyecto. Sin embargo, no se obtuvo respuesta. Luego de que El Comercio solicitara sus descargos, el afectado señaló que “Chamorro me acaba de escribir para decirme que es un tema de Sunarp que escapa de sus manos. Que es muy demandante porque tienen muchos propietarios. Supuestamente, prometen poner en venta mi lote e intentarán acelerar la independización municipal”.

Del mismo modo, este Diario también se contactó con el número que aparece en la página web de Nueva Lima, así como con el número consignado en las redes sociales de Claudio Zolla, donde invita a realizar consultas. Sin embargo, tampoco hubo respuesta. Quien sí envió un mensaje fue Jorge Chávez, quien figura como gerente de Nueva Lima y señaló que “yo ya no soy gerente del proyecto, pero ya avisé para que se comuniquen contigo”.

Para analizar a fondo esta problemática, El Comercio conversó con el abogado especialista en derecho inmobiliario y docente de la Universidad de Lima y de la Universidad San Martín de Porres, Javier Roncal, quien explicó que los documentos que se firman en estos casos no son contratos propiamente dichos, sino compromisos de contratación. “Cuando se suscriben esos compromisos, todavía no se cuenta con la licencia de habilitación urbana. Hay empresas que optan primero por obtener dicha licencia y luego recién firmar los contratos”, señaló.

“Sea un compromiso o un contrato, el promotor inmobiliario debe entregar la habilitación urbana dentro del plazo establecido, que es de 36 meses. Así, las personas compran los lotes sabiendo que la empresa ejecutará el proyecto de habilitación urbana en un tiempo determinado. De todas formas, es importante precisar que, si las empresas no cumplen, sí estamos ante un incumplimiento contractual, lo que debería dar lugar a la resolución del ‘contrato’”, agregó.

El abogado enfatizó además que podría existir responsabilidad penal “si es que no se ha ejecutado absolutamente nada o si no se ha cumplido con los plazos pactados. En esos casos, podría tratarse de un fraude. Es necesario investigar a la empresa a la que se le está comprando: cuánto tiempo lleva en el mercado, cuáles son los proyectos que ha ejecutado y si registra sanciones ante Indecopi”.

Respecto a las normativas de índole inmobiliaria, el abogado especialista en derecho inmobiliario y docente de la Universidad de Lima, Moisés Arata, señaló a El Comercio que “sí está regulada la posibilidad de venta de bienes futuros. Y esos ‘contratos’ de compraventa sí son válidos y están respaldados por nuestra legislación”.

“Uno puede exigir al propietario del inmueble que le muestre la partida registral para verificar si efectivamente es el dueño. Además, siempre es importante contar con una licencia de habilitación urbana o, por lo menos, con un anteproyecto en consulta aprobado”, agregó.

El experto precisó que ante Indecopi se puede denunciar el incumplimiento de los plazos prometidos, por lo que el afectado podría recuperar su dinero más intereses. “Lo que no recibirá serán indemnizaciones, ya que eso debe ser determinado por un juez”, concluyó.