Los grupos de mafias organizadas de tarjeteros siguen burlando la seguridad y continúan con la comercialización ilegal de pasajes en diversas estaciones del Metro de Lima, lucrando a través de la reventa de saldos mediante el uso de tarjetas adulteradas en los ingresos de los terminales.
Estos revendedores exigen el pago de S/ 2 en efectivo o S/ 2.50 a través de transferencias digitales. El informe de ATV detectó estos casos en las estaciones Atocongo, La Cultura y Jorge Chávez. Los pasajeros optan por este servicio ilícito con el propósito de evitar las largas colas en las boleterías, lo cual agiliza el ingreso a los andenes.
La reventa ilegal de pasajes genera pérdidas millonarias al Estado peruano y desata disputas violentas entre bandas rivales por el dominio de las estaciones. En marzo, un homicidio ocurrió en el interior de la estación Jorge Chávez en Surco debido a los conflictos por el control de este negocio clandestino.
El fraude electrónico aprovecha la vulnerabilidad técnica de las tarjetas que almacenan el saldo directamente en su chip físico. Esta debilidad del sistema facilita que los delincuentes clonen o alteren los plásticos para colocarles saldos artificiales de manera ilícita.
Los reportes indican la impunidad con la que operan estos sujetos en estas estaciones concurridas especialmente en hora punta. Los delincuentes coordinan los ingresos en parejas para pasar a los usuarios por los torniquetes ante la mirada de los transeúntes.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao ejecuta coordinaciones constantes con la Policía Nacional para reforzar las medidas de vigilancia. Sin embargo, la presencia de custodios en los ingresos no frena este modo de operar que afecta la sostenibilidad del transporte urbano.
Desarticulan bandas de tarjeteros en el Metro de Lima
Hace dos semanas, la Policía Nacional desarticuló a la banda criminal autodenominada “Los Intrusos del Tren”. Durante este operativo especial, los agentes del orden incautaron más de 1,300 tarjetas adulteradas que servían para el fraude sistemático del cobro.
La intervención judicial implicó a cuatro suboficiales en actividad de la División de Seguridad Ferroviaria, quienes cobraban cupos a cambio de protección. El Poder Judicial dictó dieciocho meses de prisión preventiva para estos policías, quienes ahora cumplen reclusión en un penal de la capital.
