Al municipio de Lima le tarda más de un año reparar la red de cámaras de vigilancia

En el Cercado de Lima, un territorio de casi 2.200 hectáreas, casi la mitad de las cámaras de seguridad instaladas no transmiten imágenes. De un total de 158 dispositivos para vigilancia ciudadana, 69 no cumplen su función, y de otro grupo de 36 cámaras municipales destinadas a centros educativos, 10 también tienen fallas en la red de fibra óptica, según un comunicado enviado a El Comercio por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pese a los altos índices de inseguridad y caos vial en el centro de la ciudad, al municipio le toma más de la cuarta parte de su gestión reparar este sistema.

El origen de estos desperfectos se remonta a julio del 2019, cuando un informe determinó que una gran cantidad de equipos no funcionaban. ¿Por qué hasta la fecha la situación sigue igual? Para entenderlo, solicitamos información oficial a la Municipalidad de Lima.

Todo comenzó a mediados del 2019, cuando el regidor José Pacheco le expuso al alcalde que unas 60 cámaras de seguridad del Cercado de Lima no funcionaban, entre ellas, las que apuntaban a zonas claves. Un informe de la contraloría, dirigido al propio alcalde, también lo demuestra. La Municipalidad de Lima sostiene que en agosto del 2019, la gerencia de seguridad ciudadana formuló los términos de referencia (TDR) para la contratación del servicio de mantenimiento. Recién en diciembre del 2019, cuatro meses después, se revisaron las especificaciones técnicas para iniciar el estudio de mercado. En febrero del 2020, se solicitó la disponibilidad presupuestal. En marzo, según el comunicado de la Municipalidad de Lima, “se suspendieron los procesos de compra por la Emergencia Sanitaria”.

En junio del 2020, con la reapertura de las actividades, se actualizaron los términos de referencia (TDR) y los estudios de mercado. En agosto del 2020 se volvió a solicitar disponibilidad presupuestal y recién el 9 de setiembre del 2020 se inició la convocatoria para el proceso de selección del proveedor del servicio. Según el municipio, el 28 de octubre del 2020 se otorgó la buena pro y en noviembre se suscribió el contrato para dar inicio al servicio. Ese mismo mes, ocurrieron las marchas contra la gestión de Manuel Merino en las que se registraron denuncias por abuso policial. Supuestamente no hay registro gráfico del punto de las marchas con más denuncias por agresión: el cruce de las avenidas Abancay con Nicolás de Piérola.

El motivo de la demora para componer la red de cámaras también podría estar vinculado a que la Municipalidad de Lima decidió dar mantenimiento a todo el sistema en su conjunto y no hacerlo por partes, priorizando los “puntos ciegos” más importantes. En una conversación con El Comercio, Johnny Velarde, vocero del municipio y miembro de la comisión de seguridad ciudadana –es regidor metropolitano de Acción Popular– sostiene que la comuna quiso darle mantenimiento conjunto “para cumplir con los procesos que establecen las normas”. Sin embargo, Velarde luego añadió que, a raíz de las protestas de noviembre pasado, sí se evaluó la posibilidad de hacerlo con grupos específicos de cámaras.

¿Cuál es la falla en las cámaras? “Esta situación obedece a problemas de transmisión de imágenes por fallas en la red de la fibra óptica que trasmite los registros al Centro de Control de Seguridad Ciudadana (Cecop). En el caso concreto de la cámara número 30, ubicada en el cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, se encuentra inoperativa desde el 22 de noviembre de 2019″, dice un comunicado de la Municipalidad de Lima.

La Municipalidad de Lima aclaró que en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay solo hay un equipo de video controlado por esta institución (que tampoco funciona). En esta intersección hay otro dispositivo, pero, según el municipio, solo cumple funciones de tránsito, es decir, supuestamente sirve solo para registrar placas de vehículos.

Por medio de un comunicado, La Municipalidad de Miraflores aclaró que esta institución no emitió ninguna opinión sobre el mantenimiento de las cámaras de vigilancia, como se informó en El Comercio el 27 de noviembre del 2020.