Amazonas: Cuatro fiscales y dos jueces integrarían red de protección en casos de abusos sexuales

Por Mayté Ciriaco

En al menos 11 resoluciones dadas entre el 2018 y 2021, cuatro fiscales y dos jueces de Amazonas aparecen como denunciados por delitos contra la libertad sexual y violencia familiar o han tenido participación en los procesos con resoluciones favorables para los agresores acusados. El caso más grave es el del fiscal José Novoa Vásquez.

La noche del 27 de noviembre del 2020, la joven abogada Shirley Novoa Torrejón, acompañó a su tío el fiscal José Novoa Vásquez a una cena en Bagua, Amazonas, realizada por el cumpleaños del doctor Neptalí Marquina Paz, exfiscal de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Bagua.

Novoa Torrejón narra cómo después de tomar una bebida se sintió muy débil y pidió a su tío llevarla a su casa. Este aceptó hacerlo, pero en lugar de detener el auto en la vivienda de la joven, la llevó a un cuarto que tenía en Bagua chica donde realizó tocamientos indebidos e intentó abusar de ella. “Él me dijo, en forma sarcástica, si quieres te llevo a denunciar”, aseguró la joven abogada a El Comercio. Antes le había comentado que era amigo de Gilder Zapana Mayta, Presidente de la Junta de Fiscales de Bagua y que por sugerencia de él, este había nombrado a Neptalí Marquina Paz como el encargado de la Fiscalía en Delitos de Violencia contra las Mujeres. Novoa Torrejón denunció el hecho gracias al apoyo de abogados del Centro de Emergencia Mujer - Comisaría de Bagua (CEM Bagua). Sin embargo, se han presentado diferentes situaciones irregulares en medio del proceso que impiden que se lleve a cabo una adecuada investigación.

El 28 de diciembre del 2020, el Fiscal Marquina Paz, sin realizar ni una sola diligencia, como tomar declaración de la víctima, o del mismo agresor, resolvió no formalizar la investigación preparatoria contra Novoa Vásquez. Por su parte, el Fiscal Guido Ojeda, quien también estuvo en la cena, aperturó diligencias preliminares contra los tres abogados del CEM Bagua que defendían a la víctima sin indicar en su resolución cuáles son los hechos delictivos, las fechas en que se habrían cometido ni las pruebas que respaldan la denuncia. Y ante la queja por no haber realizado una correcta investigación del caso, el 17 de marzo del 2021, el fiscal Gilder Zapana Mayta admitió que sí había irregularidades en el proceso, pero evitó pronunciarse sobre la acusación contra Novoa Vásquez y sobre la actuación irregular del Fiscal Marquina Paz en este caso.

A través de un formulario enviado por El Comercio, el Ministerio Público mencionó que la Fiscalía Suprema de Control Interno está investigando de forma preliminar al fiscal Novoa Vásquez. En el caso del fiscal Marquina Paz, además de ser investigado por la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Amazonas, por un presunto favorecimiento a Novoa Vásquez, la Fiscalía de la Nación dio por concluido su nombramiento provisional.

“La Fiscalía de la Nación, en atención a un informe elaborado por la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Amazonas, concluyó el nombramiento del fiscal adjunto provincial provisional Neptali Ernesto Marquina Paz, encontrándose actualmente separado del Ministerio Público”, explicaron. Sin embargo, resaltaron que el caso del fiscal superior Novoa Vásquez es distinto, ya que al ser un fiscal titular solo procede su separación cautelar una vez instaurado el procedimiento disciplinario. Por el momento, Novoa Vásquez sigue trabajando como fiscal y solo ha sido trasladado de oficina. En cuanto a los fiscales Zapana Mayta y Ojeda Torres, el Ministerio Público mencionó a El Comercio que no cuentan con investigaciones relacionadas a estos hechos.

El caso fue derivado a Lima, y se está a la espera que la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos defina quién lo asumirá. Aún no se pronuncia al respecto. “Desde que se ha presentado la denuncia no se le brinda las medidas de protección a la víctima y no se sabe a qué fiscal supremo se le ha asignado formalmente el caso”, asegura el abogado Juan José Quispe, representante de Novoa Torrejón, quien además lleva años investigando y denunciando las irregularidades en el sistema de justicia de Amazonas. El último 27 de mayo, el fiscal Guido Ojeda al igual que lo hizo con los primeros abogados de Shirley Novoa, abrió una investigación en contra de Quispe sin mencionar las razones de esta apertura. El caso es la carpeta Fiscal Nro. 1206025500-2021-66-0, de la Fiscalía Anticorrupción de Bagua.

En su respuesta, el Ministerio Público tampoco mencionó si la Fiscal de la Nación ha derivado la denuncia al fiscal supremo competente, ya que la víctima aún no sabe quién ve su caso y tampoco ha recibido las medidas de protección solicitadas y está escondida por temor a represalias. “Ya vamos a cumplir 47 días sin una respuesta de parte de la Fiscal de la Nación”, aseguró el abogado Juan José Quispe.

Modus operandi

La Unidad de Periodismo de datos de El Comercio identificó que este no es el único caso contra la libertad sexual y violencia familiar en el que este grupo de cuatro fiscales ha actuado de forma irregular. Al menos en once resoluciones dadas entre 2018 y 2021 estos mismos funcionarios y un juez de Amazonas aparecen como denunciados o han tenido participación en los procesos y han emitido resoluciones favorables para los agresores.

Según las resoluciones y documentos analizados, habrían aperturado diligencias preliminares contra abogados de las víctimas; solicitado no realizar investigaciones en casos de violación, abuso sexual y trata de menores; favorecido en investigaciones en denuncias contra la libertad sexual de fiscales amigos; emitido resoluciones sin realizar ni una sola diligencia; dado condenas que favorecen a los denunciados; y realizado acciones para retrasar y archivar los procesos.

“No puede ser posible que existan niñas violadas, niñas tratadas, actos contra el pudor y que el Fiscal Superior diga que archive los expedientes”, dijo en una audiencia realizada en el 2020 la jueza Soledad Barrueto Guerrero, refiriéndose a este grupo de fiscales. Barrueto ha investigado y seguido diferentes casos en Amazonas en los que están involucrados estos fiscales y jueces y ha recibido amenazas debido a sus investigaciones. “Han encontrado un proyectil de arma de fuego al interior de mi domicilio y he presentado una denuncia ante la autoridad competente para que se esclarezca quién o quiénes estarían detrás de estos hechos”, aseguró a un medio local.

Según explica el abogado Juan José Quispe además de casos de violencia sexual y familiar, documentos evidencian que algunos de estos fiscales habrían favorecido condenas por casos de narcotráfico y falsificación de documentos en los que pariticiparon sus familiares como defensores de los acusados o eran los acusados.

“Novoa Vásquez estuvo en las investigaciones y audiencias en un caso en el que su primo y su hermano en línea materna eran defensores del acusado”, expuso Quispe. El caso al que hace referencia es la apelación realizada el 15 de enero del 2019 por Paulo Villarán contra la prisión preventiva, dada por la jueza Barrueto, a “Los Cuellos Verdes del Milagro”, una organización criminal, de la que es parte, que habría alquilado de forma irregular vehículos para traslado de personal durante los dos últimos procesos electorales, por 1′589,660 soles a favor de la empresa El Cenepa EIRL. La audiencia de apelación se llevó a cabo el 14 de febrero del 2019. La fiscal Lyana Saavedra le explicó entonces a Novoa Vásquez que él no podía conocer el caso, debido al conflicto de intereses, pero este, sin importarle la advertencia, asistió a la audiencia.

En las resoluciones por intento de abuso sexual, abuso y violación sexual y violencia familiar revisadas por la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio se evidencia un modus operandi en el que hay retraso en recepción de denuncias; direccionamiento de denuncias para que sean remitidas a los despachos de fiscales amigos; omisión de correctos procesos de las investigaciones preliminares, como recibir declaración de la víctima; obstaculización del proceso de investigación; ejercicio de poder para detener las investigaciones, a través de denuncias a los funcionarios a cargo o a las víctimas; siembra de pruebas falsas o acusaciones con testigos anónimos que invalidan los procesos; y ante estas acciones, casos archivados o sentencias de No ha lugar.

También hay jueces implicados

A mediados del 2019, el juez Gonzalo Zabarburu Saavedra fue denunciado por acoso sexual y violencia de género. Un año después, la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo determinó que la competencia para investigar ese tipo de casos contra magistrados superiores (Jueces o Fiscales) le corresponde a la Fiscalía Suprema de Control Interno en lo Contencioso Administrativo de Lima. El procedimiento en este caso ha sido similar al de Shirley Novoa Torrejón. Si bien, la denuncia se realizó en diciembre del 2019, hasta la fecha se siguen investigando los hechos.

“Es una muestra de su poder abusivo. Se aprovecha de su condición para meter en problemas a terceras personas”, se lee en la denuncia interpuesta por la víctima de iniciales R.P.D. Al respecto, el juez Gonzalo Zabarburu explicó a El Comercio, a través de un mensaje enviado a prensa de la Corte Superior de Amazonas, que debido a que el caso está en investigaciones se encuentra impedido de prestar declaraciones. No obstante, mencionó que “según su geolocalización no estuvo en el lugar de los hechos como lo indica la víctima, ni en las fechas que la denunciante aduce. Las declaraciones se han actuado tanto en sede fiscal como administrativa”.

Según las resoluciones revisadas, desde el 2008 Zabarburu Saavedra se vio implicado en un caso de favorecimiento de condena contra un agresor sexual de una menor, debido a que suscribió junto a la jueza Nanci Sánchez Hidalgo, ahora presidenta de la Corte Suprema de Amazonas, una resolución en el caso de tentativa de abuso sexual contra una adolescente de 14 años. Este caso fue investigado por la jueza Esperanza Tafur Gupioc. Según explicó Sánchez Hidalgo a El Comercio, en aquella oportunidad, fue Tafur quien emitió una condena contra el agresor por cinco años de pena privativa de la libertad.

La Corte Suprema de Chachapoyas señaló entonces que dicha pena no resultaba proporcional, pues el condenado admitió haber realizado “tocamientos” a la menor. Además, la víctima mantuvo un testimonio consistente; y hubo una testigo que oyó los gritos y llantos de la niña. Según la Corte, la pena en estos casos es de 30 años. Sin embargo, no cambió la sentencia. En su resolución se lee que “el supremo tribunal se encuentra imposibilitado de aumentar la pena impuesta en la recurrida, al no haber impuesto recurso de nulidad contra la misma, el representante del Ministerio Público”.

La jueza Nanci Sánchez aseguró a El Comercio que ella solo suscribió la condena realizada por la jueza Esperanza Tafur, a quien no ratificaron debido a este caso, aunque tiempo después fue ratificada. La doctora Sánchez también explicó que en el caso del juez Gonzalo Zabarburu su despacho no tiene injerencia y es a la Junta de Fiscales a quien le corresponde tomar medidas al respecto. “Yo solo puedo quitar la confianza a jueces numerarios y lo he hecho, porque es lo correcto. Estos funcionarios con problemas de corrupción vienen de la administración anterior [la del juez Zabarburu]”, aseguró. Según dijo, Zabarburu viene siendo investigado. Pedimos descargos a todos los involucrados desde el 12 de mayo, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta o se excusaron de dar comentarios.