Contraloría fiscalizó uso de más de S/ 1300 millones en 43 municipalidades de Lima Metropolitana

Auditores de la Contraloría General se desplegaron a las 43 municipalidades distritales de Lima Metropolitana para supervisar el uso adecuado de los más de S/ 1300 millones que vienen recibiendo del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), los cuales deben ser utilizados para cubrir las necesidades reales de los gobiernos locales.

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Entre el 20 y 24 de abril, más de 100 auditores de la Gerencia Regional de Control de Lima Metropolitana acudieron a las entidades públicas, donde se identificó que algunas de estas registraban una mínima o nula ejecución de recursos del Foncomun destinados a proyectos de inversión pública, se observaron riesgos en los proyectos que se ejecutan con dichos fondos, inconsistencias presupuestales, deficiencias en el registro de información y falta de transparencia en la administración de estos recursos.

Distribución del Foncomun

De acuerdo con la legislación vigente, el concejo -integrado por el alcalde y los regidores- decide la distribución del Foncomun estableciendo el porcentaje anual que se utilizará en gasto de capital (inversión) y en gasto corriente (planillas y otros). Cabe precisar que, a partir de este año, las municipalidades están recibiendo un incremento del fondo (en promedio 25 % más de lo que reciben anualmente) para ser destinado exclusivamente a proyectos de inversión que permitan cerrar las brechas en infraestructura.

Las comisiones de control han realizado un seguimiento al uso del Foncomun en proyectos de inversión a abril de 2026, y constataron que las municipalidades distritales de Miraflores, La Victoria y Pachacamac registraban 0 % de ejecución presupuestal en este rubro, a pesar de que en esa fecha contaban con transferencias por más de S/ 3.6 millones, S/ 10 millones y S/ 42.7 millones, respectivamente. En el caso de la primera, aún no se había programado ni priorizado los proyectos para su ejecución.

San Juan de Lurigancho (1.66 %), Los Olivos (2.2 %) y San Martín de Porres (5.22 %) cuentan con una baja ejecución; mientras que las municipalidades de San Luis (10.04%), Villa El Salvador (11.6%) y Carabayllo (11.9%) también registran niveles mínimos de avance en la ejecución de inversiones financiadas con recursos del Foncomun, situación que podría afectar la continuidad de los proyectos, el cierre de brechas en infraestructura y la prestación oportuna de servicios públicos.

Cabe precisar que, a la segunda semana de mayo, algunos municipios muestran un ligero aumento en la ejecución del Foncomun; no obstante, este incremento sigue siendo mínimo como en el caso de La Victoria (0.4 %), Los Olivos (2.3 %), SMP (6.8 %), VES (12.4 %), San Luis (13.3 %), Carabayllo (14.0 %) y SJL (19.2 %).

Inversiones en riesgo

Los auditores también han advertido riesgos en la ejecución de proyectos con recursos del Foncomun en algunas entidades como la Municipalidad de Lima Metropolitana (MML), Villa María del Triunfo (VMT) y Punta Hermosa.

En la MML, se advirtió que el proyecto de inversión denominado “Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Prolongación Vía Expresa Paseo de la República, tramo Av. República de Panamá - Panamericana Sur, en los distritos de Barranco, Santiago de Surco y San Juan de Miraflores”, no cuenta con opinión favorable de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), lo cual podría afectar el Sistema Integrado de Transporte Urbano e incluso generar la nulidad del proyecto.

Mientras que en VMT, los funcionarios de la entidad habrían efectuado y suscrito modificaciones presupuestarias para que cerca de S/ 4 millones, originalmente destinados a proyectos de inversión, sean utilizados para el pago de planillas y otros fines distintos a la inversión contraviniendo el acuerdo del concejo.

En el caso de Punta Hermosa, se identificó que la obra “Renovación de puente en el camino vecinal Puente García Rada - Quebrada Malanche”, cuyo monto contractual asciende a más de S/ 8.6, se encuentra paralizada debido a la falta de autorizaciones y expedientes técnicos necesarios, situación que viene generando retrasos y riesgos en el uso eficiente de los recursos públicos.

En San Bartolo se ha programado cerca del 100 % del Foncomun a gastos de inversión (más de S/ 1.8 millones este año). Sin embargo, los fondos son destinados únicamente a proyectar estudios de preinversión y no a la ejecución de la obra o al equipamiento de la entidad, lo cual podría ocasionar una baja ejecución de metas físicas y no garantizaría que los recursos públicos se orienten a resolver las necesidades reales de los ciudadanos.

En los dos últimos años, en San Borja se ha destinado los recursos del Foncomun íntegramente a gasto corriente (pago de planillas y otros), sin asignar presupuesto a inversiones públicas, lo cual podría afectar la mejora de la infraestructura y los servicios públicos locales.

Inconsistencias presupuestales

Durante el operativo, la Contraloría General identificó inconsistencias en el registro y ejecución de los recursos del Foncomun en diversas entidades ediles. De acuerdo con la revisión efectuada en el Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en la MML se detectaron registros de gastos ejecutados con recursos del Foncomun en cuentas que no contaban con presupuesto aprobado ni programado para el año fiscal 2026, situación que afectaría la transparencia y trazabilidad del uso de los fondos públicos. Similar situación fue identificada en las municipalidades distritales de San Miguel y Pucusana.

Asimismo, en Magdalena del Mar se advirtieron inconsistencias entre el presupuesto aprobado y la distribución programada del FONCOMUN, debido a que en el acuerdo de concejo no se habría considerado un monto de S/ 1.4 millones para la distribución del recurso. De igual forma, en Puente Piedra, los importes registrados en el portal del MEF no guardarían relación con el acuerdo de concejo.

Medidas correctivas

La Contraloría General ha comunicado las situaciones adversas identificadas a los titulares de las municipalidades distritales para que adopten las acciones preventivas y correctivas correspondientes, orientadas a garantizar el uso eficiente, transparente y adecuado de los recursos del Foncomun.