El gobierno estableció una serie de multas por infringir medidas preventivas ante el coronavirus. Especialistas opinan sobre la aplicación de estas sanciones. (Foto: Lino Chipana)
El gobierno estableció una serie de multas por infringir medidas preventivas ante el coronavirus. Especialistas opinan sobre la aplicación de estas sanciones. (Foto: Lino Chipana)
Daniel Bedoya

Ha pasado un mes desde que el Perú entro en estado de emergencia debido a la aparición de los primeros casos de , y que hoy ya se cuenta por miles. Se ha probado con toques de queda, distanciamiento social, salida diferenciada por género, procesos penales, pero las infracciones a la medida de prevención siguen ocurriendo. Ahora, el gobierno aplicará multas a quienes infrinjan el aislamiento social.

En este sentido, por medio de un decreto supremo se establecieron 11 infracciones para las que se aplicarán la multas que van de 2% de la UIT (S/86) hasta el 10% (S/430) de la misma. Sin embargo, la aplicación tendría ciertas dificultades que podrían complicar más la situación, complicando el trabajo de militares y policías.

Para Romy Chang el gobierno ha pasado de lo penal a lo administrativo pues la amenaza de la sanción penal no estaba funcionando. La abogada penalista señala que hay dos dificultades en esta norma de fondo y de forma. En el primer caso, señala que el principal problema está en la capacidad de pago.

“Se pueden establecer multas pero, lo cierto es que generan un efecto pernicioso. Por un lado, los que no tienen dinero, aunque quisieran, no la van a pagar, y por otro lado, los que tienen dinero no les va a importar incurrir en una falta si la pueden pagar tranquilamente", indicó a este Diario. En cuanto a la forma, señala que el problema es quién va a cobrar, quién va a fiscalizar, y se tiene que crear un organismo.

En esa misma línea se encuentra Carlos Caro, profesor en derecho, quien considera que lo que ocurrirá será lo mismo que con las infracciones de tránsito. La diferencia es que no se cuenta con un SAT (Servicio de Administración Tributaria). “En el ámbito del tránsito existe el SAT para la cobranza coactiva pese a lo cual la gente no paga. Hay un accidente y se dan cuenta que los choferes tienen un montón de multas por pagar. Por ese lado tenemos ese problema: la capacidad del Estado para poder cobrar la multa”, indicó.

Problema social

Una de las imágenes más recurrentes es el aglomeramiento en mercados, es decir, la gran cantidad de personas que se concentran en un solo lugar y que hacen de esto un foco infeccioso de coronavirus. Las multas buscarían evitar esto, sin embargo hay un aspecto social que advierte Mario Amoretti.

“¿Quiénes son los que están infringiendo esta ley? Son la gente que no tiene trabajo, que no tiene qué comer, los ambulantes, los informales que salen a la calle en busca de trabajo (...) Estas multas son imposibles de hacerlas cumplir, solamente van a quedar en el papel como todas normas que vienen dictando. En la práctica esto es imposible”, concluye.

Chang también recalca la importancia de actuar en el lugar con medidas de separación como se hace en los supermercados u otros establecimientos, más allá de colocar multas. “Lo que se está haciendo es invertir el tiempo de la Policía y los militares, exponerlos al contagio y no se reduce el aglomeramiento”, enfatiza.

De lo penal a lo monetario

Las nuevas multas también generan dudas legales. Desde que se comenzó a aplicar el aislamiento social obligatorio o cuarentena se han reportado miles de detenidos que infringieron esta medida pues tenían consecuencias penales, con una sanción de hasta tres años de prisión.

“Aquí no hay una regularidad en aplicar sanciones por parte del Poder Ejecutivo. Si ahora se está sancionando con multa a los que salgan de casa, no respeten la distancia, la pregunta es ¿qué pasa con los 50 mil detenidos en estas mismas circunstancias y que fueron conducidos a las comisarías, exponiéndolos a la propagación del coronavirus? Lo que fue antes delito ahora ya no lo es”, señala Amoretti.

Esta situación también generaría problemas en el Ministerio Público, para los fiscales que tendrían que evaluar a los que fueron detenidos durante el anterior periodo de cuarentena. Advierte Amoretti que podrían aplicar una improcedencia de acción y los casos queden archivados.

Sin embargo, para Carlos Caro son procesos paralelos y las medidas de ahora no pueden ser retroactivas. “Ahora hay una acumulación de sanciones. Por un lado existe la sanción penal y por otro queda el tema administrativo (las multas)”, comenta. Para ello, será la Policía Nacional la que establezca el procedimiento.


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