¿Las principales medidas con las que el Ejecutivo busca combatir la inseguridad podrán implementarse inmediatamente?

Durante 4 horas y media, este lunes, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, junto a su gabinete, sustentó la solicitud de delegación de facultades legislativas en sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Los argumentos dados abordaron las propuestas de agilizar el levantamiento del secreto de comunicaciones en casos de extorsión, generar denuncias desde el trabajo de inteligencia policial, reestructurar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entre otras.

En su participación, Álvarez precisó que el pedido de delegación de facultades legislativas, por un plazo de 60 días, tiene por finalidad implementar medidas urgentes para enfrentar la grave crisis que amenaza a la sociedad peruana.

Cabe mencionar que el Proyecto de Ley N°13280/2025-PE señala 26 medidas referidas a seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad violenta. Asimismo, se añaden otras 24 están ligadas al crecimiento económico responsable y 8 al fortalecimiento institucional.

Álvarez estuvo acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Transportes y Comunicaciones, Ambiente, Cultura y Desarrollo e Inclusión Social.

El Poder Ejecutivo propone modificar el Código Procesal Penal para autorizar a la Fiscalía y Policía la revisión y extracción inmediata de información de equipos informáticos incautados en flagrancia, sin necesidad de una autorización judicial, para delitos como extorsión, sicariato o secuestro.

Desde el Ejecutivo se busca agilizar el levantamiento del secreto de comunicaciones para el delito de extorsión, incluyéndolo en el catálogo de emergencias para obtener pruebas más rápido.

Esto garantizará que los requerimientos de esta medida donde se investiguen casos de extorsión, sean atendidos dentro de un plazo de 24 horas. Además, permitirá el fortalecimiento de la investigación y persecución de este delito, pues la obtención de pruebas que vinculen directamente al sujeto activo con los hechos imputados, permitirá alcanzar la verdad procesal para la sentencia condenatoria.

Además, a través de esta, el fiscal -previa autorización judicial- podría intervenir, grabar o registrar comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación y geolocalización de teléfonos móviles desde donde se estén realizando los actos extorsivos, muy útil para la investigación de dicho delito.

A su turno, el titular del sector Justicia, Walter Martínez, sostuvo que la estructura organizacional del INPE se encuentra desfasada y no se muestra acorde con la realidad delictiva actual. Por ello, el Poder Ejecutivo plantea la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), ente rector que absorberá al INPE y al Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ).

“Bajo dicha superintendencia se materializará una estructura organizacional moderna, especializada y eficiente, que fortalecerá la seguridad y el tratamiento penitenciario y, lo más importante, reducirá el nivel de reincidencia delictiva y de infracción de la ley penal”, expresó.

El presidente José Jerí dijo este domingo en una entrevista con el periodista Beto Ortiz que el INPE iniciará un proceso de transformación radical que implicará su “desaparición” tal como se conoce actualmente.

Esta necesidad de reingeniería ya había sido señalada por Ernesto Álvarez, quien previamente había confirmado que las cárceles enfrentan una grave situación con organizaciones criminales ejerciendo un alto grado de control en los penales.

Otra propuesta relacionada a optimizar el control y la custodia de armas tiene que ver con reducir de 3 años a uno el plazo para destruir armas incautadas, incorporando la supervisión del Ministerio Público a fin de evitar el reingreso de estas al mercado ilícito.

Asimismo, se propone ampliar el delito de tenencia ilegal de armas. “Hoy enfrentamos un incremento del uso de armas de fuego en hechos delictivos y evidencia de que armas incautadas reaparecen en el mercado ilícito. Buscamos modificar el Código Penal para sancionar la tenencia ilegal compartida de armas, incluso inoperativas, y modificar la ley para evitar que las armas incautadas regresen a mercados ilícitos”, explicó el ministro Martínez.

Entre las medidas denominadas prioritarias por el Ejecutivo contra la extorsión está la de regular la inteligencia criminal como fase pre procesal. Para ese fin, Martínez dijo que se propone modificar el Decreto Legislativo 1611 y el Código Procesal Penal.

“Una de nuestras prioridades es fortalecer las medidas contra el delito de la extorsión. Actualmente, el Código Procesal Penal no reconoce expresamente a la inteligencia criminal como una fase pre procesal legítima”, mencionó el titular del Minjusdh.

A través de esta medida, se busca que la información de agentes especiales e informantes adquiera mayor solvencia probatoria y credibilidad. De esa manera, la Policía Nacional y la Fiscalía no dependerán solamente de las denuncias de las víctimas para iniciar investigaciones, sino que podrán hacerlo con la información proveniente del trabajo de inteligencia.

Entre las otras medidas planteadas se encuentran la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC), con fiscalías, juzgados y unidades policiales especializadas. Además, los juzgados de justicia juvenil funcionarían de forma unipersonal en lugar de colegiada para agilizar procesos.

En tanto, se detalló que el aumento de delitos como sicariato y extorsión exige que la Policía Nacional despliegue sus operaciones sin interferencias y con la debida reserva. Por ello, se propone incorporar el artículo 26-A en la Ley N° 31061 para evitar interferencias y actos invasivos a las operaciones de la PNP de persecución del delito en los estados de emergencia.

Por otro lado, se plantea la creación de la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (SUNADEP), con la que se proyecta pasar a un mínimo de 14 defensores por cada 10.000 personas en situación de pobreza.

Finalmente, para combatir las redes de telecomunicaciones ilegales en los penales, se propone incorporar al Código Penal el delito agravado de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones, sancionando a quienes instalan, financian u operan estas redes.

“En lucha contra las telecomunicaciones ilegales en penales, queremos sancionar penalmente el suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones y ampliar la zona de protección alrededor de penales”, expuso Álvarez.

Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, comentó a El Comercio que definitivamente le parece importante que el Ejecutivo esté pensando en iniciativas legislativas nuevas para luchar contra la inseguridad, independientemente del listado que esté proponiendo. No obstante, consideró que previamente a la solicitud de facultades existen dos temas que deberían priorizarse.

Lo primero, precisó, es que hay un listado de normas antitécnicas del Congreso que tendrían que ser realmente materia de revisión por parte del Ejecutivo. “Entre esas normas se encuentran, por ejemplo, aquellas que han delimitado y restringido la investigación de las bandas criminales, aquellas normas que le han atado las manos a la policía para que realmente pueda decomisar la dinamita que se encuentra en manos de gente que tiene un Reinfo vigente pero que no tiene la documentación adecuada, entre otras”, detalló.

Por otro lado, Valdés se refirió sobre la pertinencia de plantear medidas legislativas a escasos 8 meses de que el presidente Jerí deje el poder. “Me genera dudas y suspicacia que salga con un paquete de iniciativas legislativas que es con lo que debiera empezar el próximo gobierno. Debiera dejarles las recomendaciones luego de un proceso mucho más acentuado de estudio y de propuestas para el próximo gobierno”, expresó.

Sobre las iniciativas legislativas, el experto opinó que lo que se necesita es fortalecer la gestión a través de recursos porque, por ejemplo, los temas de inteligencia no requieren de iniciativa legislativa alguna, indicó. En el caso de la propuesta de reestructurar el INPE, dijo que lo que tiene que hacer realmente el Estado peruano es tomar una dirección, que me parece más apropiado que sea el otro gobierno que lo haga, que es discutir si es que queremos un organismo penitenciario que resocialice o uno que solamente penalice, o sea, solamente punitivo.

“Las normas constitucionales y las del Ministerio de Justicia nos ubican en un organismo penitenciario que resocializa. Pero en la práctica no están los recursos dados para que ello se produzca. Y creo que hay un ánimo en la población y en los congresistas de tener realmente un régimen totalmente punitivo. Entonces, esa es una discusión seria que hay que dar y que no se requiere de una iniciativa legislativa para ello“, manifestó.

Asimismo, consideró importante también revisar el marco legal de las sanciones, ya que dijo que se ha caído en los últimos meses en una vorágine populista: mientras más se elevaba las penas, mejor se sentía el votante y mejor se sentía el legislador y eso ha hecho que sea más útil para un criminal asesinar a la víctima que dejarla viva, porque la víctima viva lo puede reconocer.

“Creo que esos son temas que hay que discutir y que requieren de decisiones de fondo más que de crear un nuevo sistema, un nuevo aparato burocrático. A mí me preocupa que tras este pedido de iniciativas legislativas, tengamos al Ejecutivo ocupado en reglamentarlas, lo que va a tomarle al menos cinco o seis meses, justamente cuando ya sepamos quién será el próximo presidente. Entonces, creo que los tiempos no son los adecuados“, acotó.

Mientras tanto, el criminólogo Nicolás Zevallos dijo que de las 26 propuestas planteadas, algunas sí resultan interesantes, mientras que otras pueden ser un poco complicadas de poner en marcha. Una que destaca es la que propone la relacionada a la inteligencia criminal, para que la información que la policía produzca como inteligencia sea suficiente para investigar a las organizaciones o bandas vinculadas a la extorsión.

“En un contexto donde la gente tiene miedo a denunciar, que la policía no dependa de la víctima es, sin duda, un cambio sustantivo. Después, hay medidas que son necesarias, como la del INPE y temas vinculados al control de las comunicaciones y demás asuntos“, comentó.

No obstante, para Zevallos, el gran asunto de fondo es que todas estas medidas necesitan una base sólida para implementarse, que tiene que ver con equipamiento, infraestructura, personal, comunicaciones y recursos.

“En lo que debería pensar el presidente y su equipo es de inmediato hacer un inventario con los proyectos de inversión prioritarios para poner en marcha los elementos que van a ser modificados, reformados a partir de este paquete normativo, armar un equipo que va a trabajar para asegurar que esos proyectos se ejecuten adecuadamente. A partir de eso, garantizar que haya recursos e implementos suficiente para poner en marcha lo que está planificando“, explicó.

En tanto, Zevallos consideró que estas propuestas del Ejecutivo debieran verse como compromisos de Estado y no como compromisos de Gobierno, para que el presidente entrante los pueda continuar. "Es imposible pedirle reformas, pero sí puede comenzar a implementar medidas o normas que sean bases para reformas importantes. Como por ejemplo la del INPE“, resaltó.

Lo que sí le parece llamativo al especialista, es el plazo que el Ejecutivo está pidiendo para la formulación de sus propuestas (60 días), pues solo le queda 7 meses de gestión. “En la práctica va a poder ejecutar 4 o 5 meses, es casi nada. Es muy poco tiempo para poner en marcha las cosas que se propone legislar en este periodo si es que le dan las facultades", finalizó.