El trabajo forzoso continúa siendo una grave problemática en el Perú. En los últimos cinco años, el país ha registrado cerca de 400 denuncias por este delito, lo que pone en evidencia la persistencia de prácticas de explotación laboral y la vulnerabilidad de amplios sectores de la población frente a redes que operan al margen de la ley. Así lo informó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) al conmemorarse este 1 de febrero el Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso.
El trabajo forzoso continúa siendo una grave problemática en el Perú. En los últimos cinco años, el país ha registrado cerca de 400 denuncias por este delito, lo que pone en evidencia la persistencia de prácticas de explotación laboral y la vulnerabilidad de amplios sectores de la población frente a redes que operan al margen de la ley. Así lo informó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) al conmemorarse este 1 de febrero el Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso.
De acuerdo con cifras oficiales del sector, entre los años 2020 y 2025 se han contabilizado 393 denuncias por presuntos casos de trabajo forzoso. Las regiones que concentran el mayor número de reportes son Lima Metropolitana, Callao, Puno y Loreto. No obstante, el MTPE advirtió que estas cifras podrían no reflejar la real magnitud del problema, debido a que muchas víctimas optan por no denunciar ante el temor de represalias, amenazas o la pérdida de su única fuente de ingresos.
MTPE alerta sobre la persistencia del trabajo forzoso en el país. (Foto: Andina)
El ministro de Trabajo, Óscar Fernández Cáceres, explicó que este delito suele iniciarse con falsas promesas laborales, dirigidas principalmente a personas en situación de pobreza, migrantes internos y extranjeros, jóvenes y poblaciones rurales. Según detalló, las víctimas son captadas mediante ofertas de empleo que prometen altos ingresos, alojamiento o condiciones laborales favorables, las cuales no se cumplen una vez iniciado el vínculo laboral.
En muchos casos, los trabajadores terminan sometidos a jornadas excesivas, retención de documentos personales, amenazas, deudas ficticias o restricciones para abandonar el centro de trabajo. Estas prácticas generan un círculo de dependencia y sometimiento que impide a las víctimas escapar o buscar ayuda.
“El trabajo forzoso constituye un delito y está prohibido por la Constitución Política del Perú y por los principales instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado peruano”, señaló el ministro, recordando que el país es parte del Convenio N.° 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Las estadísticas del MTPE muestran que el trabajo forzoso no se limita a un solo sector económico ni a una región específica. En Lima y el Callao, la alta concentración poblacional y económica facilita el ocultamiento de estas prácticas, mientras que en regiones como Puno y Loreto el delito suele estar vinculado a actividades extractivas, agrícolas y al comercio informal, donde las víctimas enfrentan aislamiento geográfico y mayores dificultades para acceder a las autoridades.
Casi 400 denuncias por trabajo forzoso revelan una realidad oculta en el Perú. (Foto: Andina)
El ministerio recordó que el trabajo forzoso está sancionado con penas severas. La legislación peruana contempla condenas de entre 6 y 12 años de prisión para los responsables, las cuales pueden extenderse hasta los 25 años cuando existen agravantes, como la afectación a menores de edad, el uso de violencia extrema o la muerte de la víctima. A ello se suman las multas administrativas impuestas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), que pueden oscilar entre 50 y 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Como parte de la respuesta del Estado, el MTPE informó que se viene formulando la Política Nacional Multisectorial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Forzoso, un instrumento que busca articular acciones entre distintos sectores públicos para fortalecer la prevención, fiscalización, persecución penal y atención a las víctimas. Esta estrategia también apunta a mejorar los mecanismos de detección temprana y reforzar la capacidad de respuesta de las autoridades regionales y locales.
Finalmente, el ministerio exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de trabajo forzoso o situación sospechosa. Las denuncias pueden realizarse a través de la SUNAFIL, mientras que las víctimas o personas que requieran orientación pueden comunicarse de manera gratuita a la línea 1819 del MTPE.
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