Según indica Silvana Carrión, la modificación de la tarifa se produjo en el marco de la sentencia a Domingo Arzubialde por la aplicación ilegal del reajuste. (Foto: GEC)
Según indica Silvana Carrión, la modificación de la tarifa se produjo en el marco de la sentencia a Domingo Arzubialde por la aplicación ilegal del reajuste. (Foto: GEC)
Redacción EC

El Poder Judicial revisará este lunes 25 de enero el recurso de apelación presentado por la concesionaria , que busca dejar sin efecto el dictamen que obligó a la empresa a reducir la tarifa del de de S/ 5.70 a S/ 5.20.

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En entrevista concedida hoy a , Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, justificó la reducción del costo del peaje al recordar que el Poder Judicial ya había sentenciado a Domingo Arzubialde, exfuncionario de la durante la gestión de Susana Villarán, por haber “aplicado de manera ilegal” el reajuste de la tarifa.

“Él fue condenado por el delito de negociación incompatible por haber reajustado de manera ilegal esta tarifa lo cual hacía que los ciudadanos vengan pagando 5.70. El Poder Judicial determinó que hubo un interés indebido, un favorecimiento de parte del funcionario a favor de la empresa al haber reajustado, no como decía el contrato, la tarifa, sino haberlo aplicado de manera distinta conforme se lo había propuesto en su momento”, explicó.

“Nosotros el lunes [durante la audiencia] vamos a mantener nuestra posición de cara a que la decisión judicial de primera instancia se mantenga y pueda mantenerse la reducción de los 50 céntimos que impacta directamente en el ciudadano. El año pasado los ciudadanos han podido pagar 50 céntimos menos gracias a esta medida”, precisó.

La procuradora ad hoc afirmó que no están de acuerdo con la posición de Lima Expresa que señala que el reajuste de la tarifa está ligado a un tema contractual del contrato que mantienen con la Municipalidad de Lima y que se estaría discutiendo en un arbitraje internacional y por ello no debería ventilarse en el derecho interno.

“Nosotros no coincidimos con esta posición. El estado peruano tiene el derecho de pedir que se cesen los efectos de ese delito. [...] “De revocarse esta decisión judicial, lo que pasaría es que la tarifa volvería al monto de S/5.70 con lo cual los ciudadanos volverían a pagar más. Acá hay una persona condenada por este hecho, entonces es un tema que la sala evaluará en su momento”, refirió.

Como se recuerda, en enero del 2020, el Poder Judicial ordenó reducir a S/ 5,20 la tarifa cobrada a los clientes.

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