¿Chicago, el nuevo frente de una guerra migratoria o el laboratorio del poder de Trump?

MIRA: Trump pide cárcel para el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois “por no proteger al ICE”

“¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE! ¡Y el gobernador Pritzker también!”, increpó el mandatario republicano a través de Truth Social.

Las afirmaciones de Trump pronto tuvieron respuestas de los referidos políticos, ambos críticos de la manera agresiva en el que la actual administración ha llevado a cabo sus redadas migratorias en su territorio y otras regiones del país en lo que calificaron como “abuso de poder”.

“No daré un paso atrás”, afirmó Pritzker a través de X. “Trump ahora pide el arresto de los representantes electos que ponen a prueba su poder. ¿Qué más queda en el camino al autoritarismo declarado”.

Por su parte, Johnson afirmó en la misma red social que “esta no es la primera vez que Trump intenta arrestar injustamente a un hombre negro” y que “no irá a ningún lado”.

En conversación con El Comercio, el politólogo estadounidense y profesor de UCLA Octavio Pescador consideró que las declaraciones de Trump más que tener un tono jurídico, son sobre todo “un pronunciamiento político y cultural con el mensaje de ‘no contravengan mi voluntad o habrá consecuencias”.

Y es que según el experto, incluso si las bases legales de las acusaciones del mandatario sean dudosas, el proceso de ser acusado puede causar daños a la reputación y prestigio de los políticos acusados en la opinión pública, pintándolos como personas que ponen en riesgo a los ciudadanos que los eligieron. “No hay nada más valioso para una persona que su nombre, su reputación, su honorabilidad y cuando esta se tiñe no se puede limpiar con facilidad”, consideró.

Un conflicto que se intensifica

Los enfrentamientos entre el presidente y las autoridades de Chicago se intensificaron a partir del 9 de setiembre, cuando inició la operación de ICE Midway Blitz destinada a arrestar a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales, pero pronto desató críticas del gobierno estatal, que afirmó no fue consultado.

Las operaciones de ICE también causaron las protestas de los habitantes de la metrópolis, y si bien según reportes la gran mayoría fueron pacíficas, algunas concluyeron violentamente, con agentes federales utilizando gases lacrimógenos y violencia contra los manifestantes, incluyendo un incidente el pasado sábado donde agentes de la Patrulla Fronteriza disparó a una ciudadana estadounidense que alegan embistió a una de sus patrullas.

Por su parte, Brandon Johnson, firmó el 6 de octubre una orden ejecutiva que establecen ‘zonas libres’ de ICE, prohibiendo a agentes de esta entidad utilizar estacionamientos y terrenos propiedad de la ciudad o controlados por ella y amenazando a quienes las violen con ser imputados con un delito.

El Departamento de Seguridad Nacional, del que ICE es una división, afirmó en un comunicado a inicios de octubre que la operación ha resultado en el arresto de más de mil inmigrantes ilegales, pero activistas y familiares de algunos de los arrestados indicaron que en las redadas también han caído ciudadanos estadounidenses sin pasados criminales, indicó un artículo del New York Times.

Las manifestaciones llevaron a que la administración de Trump ordenara la federalización y movilización de hasta 500 miembros de la Guardia Nacional a Chicago bajo la orden de proteger a los agentes federales, una táctica que previamente utilizó en ciudades como Los Ángeles y Washington D.C., y que los estados han intentado detener en las cortes, exitosamente en Portland, Oregon, y con una jueza federal decidiendo el caso de Illinois el jueves 9 de octubre, aunque Trump ya ha advertido que plantea utilizar la Ley de Insurrección de 1807 en caso sus demandas sean negadas.

¿Qué es la Ley de Insurrección?

Una de las maneras en las que el presidente Donald Trump busca franquear los impedimentos de las cortes a enviar tropas a las ciudades es invocando la Ley de insurrección.

“Tenemos esta Ley de Insurrección por algo. Si tuviera que promulgarla, lo haría. Si hubiera muertos, y los tribunales, gobernadores o alcaldes nos estuvieran reteniendo, por supuesto que lo haría”, indicó el mandatario el pasado lunes desde la Casa Blanca.

Aprobada por primera vez en 1792 y modificada por última vez en 1871, esta ley ha sido invocada 30 veces en la historia de los Estados Unidos y permite el despliegue de tropas en el territorio estadounidense solo en ciertas situaciones limitadas como “insurrección, rebelión o disturbios civiles generalizados”. La legislación sirve como la principal excepción de la Ley Posse Comitatus (del latín ‘fuerza del condado’) de 1878, que establece límites al poder del Gobierno federal para utilizar personal militar como fuerzas del orden, dándole esta facultad a los estados.

La Ley de Insurrección se puede invocar de varias maneras, aunque la principal forma es que el gobernador o la legislatura de un estado puedan solicitarla al presidente, como ocurrió en 1992, cuando el entonces gobernador de California, Pete Wilson, pidió apoyo al presidente George H.W. Bush para lidiar con los disturbios en Los Ángeles por el caso de Rodney King.

Sin embargo, la manera en que está escrita la ley da la principal discreción de cuando puede ser invocada al presidente, incluyendo el facultar usarla para reprimir “cualquier insurrección, violencia interna, combinación ilícita o conspiración”, incluso en un estado que “se oponga u obstruya la ejecución de las leyes de los Estados Unidos o impida el curso de la justicia conforme a esas leyes”, algo que utilizaron tanto los presidentes Dwight D. Eisenhower y John F. Kennedy para obligar a algunos estados sureños a cumplir con la desegregación de las escuelas.

¿Zona de guerra?

Central a la tesis de la administración es presentar a ciudades como Chicago, Portland, Washington D.C. son actualmente “zonas de guerra”, lugares donde la anarquía y el crimen reinan bajo la incompetencia de los políticos demócratas.

Una imagen que dista de las estadísticas del Departamento de Policía de Chicago, que reportó un descenso interanuales de homicidios del 28% con el mismo periodo del año pasado y un descenso de casi el 50% con respecto a hace cuatro años.

Mientras tanto, datos de la ONG Freedom For All Americans posicionan a Chicago solo en la décima posición de asesinatos per capita con 24,0, debajo de San Luis, Misuri (69,4); Baltimore, Maryland (51,1); Nueva Orleans, Luisiana (40,6); Detroit, Michigan (39,7), Cleveland, Ohio (33,7); Las Vegas, Nevada (31,4); Kansas City, Misuri (31,2); Memphis, Tennessee (27,1) y Newark, Nueva Jersey (25,6).

“(El objetivo) es generar una idea de que los lugares demócratas son peligrosos donde se contraviene la ley y están respaldando actos ilegales”, consideró Octavio Pescador. “Esto porque en términos de encuestas en temas como la inmigración y seguridad, aunque los republicanos siguen teniendo favorabilidad, la aprobación de Trump si está bajando lo que tendrá repercusiones en las elecciones intermedias de 2026.”

Una opinión similar a la de María Puerta Riera, profesora de Gobierno Americano en el Valencia College de Orlando, quien notó que los esfuerzos de la administración contra la inmigración ilegal parecen haberse concentrado en los estados controlados por demócratas.

“Aquí en Florida hay inmigración ilegal y en Texas ni que se diga, que es fundamental para la economía local, pero la diferencia es que esos estados son gobernados por republicanos. Por ejemplo, yo vivo en Florida y si bien ha habido redadas en lugares puntuales, no se asemeja a lo que podemos ver de lo que ocurre en Los Ángeles, Chicago o Portland.”

Para la experta, el envío de la Guardia Nacional para proteger a funcionarios de ICE de ‘grupos terroristas’ como Antifa es solo una excusa más para que la administración pueda imponer su política migratoria extrema, utilizando legislaciones como la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a personas sin el debido proceso y utilizando la Ley de insurrección para sofocar las protestas.

“Lo que él quiere es militarizar los estados y las ciudades gobernadas por demócratas. Él cree que con eso va a poder forzar a la gente a votar por el Partido Republicano en las elecciones del año que viene”, sostuvo. “Pero también me parece que este es un preámbulo a la militarización total del país, que es el verdadero propósito de todo este despropósito”.

La sombra de la militarización

Una posibilidad que se volvió casi una certeza a finales de septiembre, cuando el presidente y su jefe del Pentágono, Pete Hegseth, citaron en una reunión presencial a toda la cúpula de las Fuerzas Armadas, un evento en que el mandatario rompió con la tradición de dejar a los militares como un sector apolítico, sino también declaró que se deberían utilizar las “ciudades peligrosas como campos de entrenamiento para nuestro ejército, la Guardia Nacional”.

Una propuesta peligrosa, ya que como lo nota María Puerta Riera estas tropas han sido entrenadas para la guerra.

“En Estados Unidos, como muchos países democráticos del mundo, los cuerpos policiales son los encargados de la protección y seguridad de la ciudadanía. La Guardia Nacional, como organismo militar, no es el órgano adecuado para asumir estas funciones al no estar entrenado para esto”, señaló.

La experta dio como ejemplo el caso de Marcos Leao, un veterano que el 13 de junio fue detenido por marines que estaba protegiendo el Edificio Federal Wilshire en Los Ángeles, donde tenía que realizar unos recados, un caso que no solo muestra la falta de entrenamiento que tienen el personal militar para tratar con los civiles dentro del territorio nacional, sino que también difumina la línea divisoria entre el personal policial y el militar establecido por la Ley Posse Comitatus.

Una opinión que comparte Octavio Pescador, que señaló que el uso de fuerzas militares podría generar una animadversión en la misma sociedad y agravar la polarización política que se vive en el país. El experto también resaltó los papeles diferenciados entre las fuerzas militares y las de la ley:

“La policía está para preservar el orden y la vida; el ejército, para ejecutar órdenes de vida o muerte. Son herramientas diferentes”, señaló. “El ejército no va a detener gente. En algunos casos, bajo las reglas de guerra, sí se respeta, pero en el estado en que están las Fuerzas Armadas ahora con sus operaciones en el Caribe, si ve un enemigo señalado, no lo va a cuestionar, sinó dinamitar”.