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Washington, Reuters.
La Casa Blanca pidió al Congreso de Estados Unidos un fondo de US$3.700 millones para manejar el ingreso al país de una ola de menores indocumentados procedentes de Centroamérica, lo que está afectando los recursos públicos y golpeando constantemente a la gestión del presidente Barack Obama.
Se trata de la respuesta más contundente de Obama, a quien le está costando controlar la crisis humanitaria a lo largo de la frontera entre Texas y México.
El dinero, solicitado en concepto de gastos de emergencia, se destinaría tanto a pagar asistencia a los niños como a acelerar el regreso a sus países de origen.
El pedido de financiación, además, pondrá a prueba la capacidad del mandatario para negociar de manera efectiva con los legisladores republicanos, quienes han bloqueado gran parte de su agenda de cara a una elección en noviembre en la que esperan retomar el control del Senado estadounidense.
Obama se comprometió a regresar rápidamente a sus países a las decenas de miles de niños menores de 18 años que han ingresado masivamente a Estados Unidos en los últimos meses. Muchos de ellos están huyendo de la extrema pobreza, de bandas criminales y de la violencia en torno al narcotráfico.
Con esa iniciativa, el presidente se arriesga a perder la confianza de sus aliados latinos en Estados Unidos, quienes pretenden que actúe flexibilizando -y no endureciendo- las reglas de inmigración.
Buscando que el pedido a los legisladores sea más aceptable en términos políticos, la Casa Blanca sumó US$ 615 millones que requiere con urgencia para ayudar a combatir los incendios forestales típicos del verano boreal, que han estado afectando a los estados del oeste del país.
Esto lleva el total de fondos solicitados a US$4.315 millones, una cifra que algunos republicanos probablemente se negarán a ceder sin recortes presupuestarios en otras áreas.
¿A QUE DEPARTAMENTOS BUSCA FINANCIAR?
Funcionarios de la Casa Blanca dijero en conferencia de prensa que la mayor porción del financiamiento, US$ 1.800 millones, irían al Departamento de Salud y Servicios Humanos para que brinde cuidados adecuados a los niños mientras permanecen en custodia en Estados Unidos.
Otros US$ 1.100 millones se destinarían al Departamento de Seguridad Nacional para pagar el transporte de los niños, ampliar las investigaciones sobre las pandillas que tramitan las inmigraciones ilegales [coyotes] y el pago de la detención y deportación de adultos indocumentados que viajan con niños.
Además, US$ 433 millones se invertirían en aumentar la seguridad en la frontera, incluidos incrementos en los controles por aire. El Departamento de Justicia recibiría US$ 64 millones para contratar alrededor de 40 jueces especializados en inmigración que agilicen los procesos de deportación.
Finalmente, US$ 300 millones se destinarían al Departamento de Estado para pagar la repatriación y reintegración de los inmigrantes en sus países de origen y para "ayudar a los gobiernos en la región a controlar mejor sus fronteras", dijo la Casa Blanca.
