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El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, habla durante una rueda de prensa hoy, en Quito (Ecuador). (Foto: EFE/ José Jácome).
/ José JácomePor Agencia AFP
El poderoso sector indígena de Ecuador se movilizará desde la medianoche de este lunes contra medidas económicas del gobierno, en un desafío adicional al estado de excepción que rige para combatir la violencia del narcotráfico.
El poderoso sector indígena de Ecuador se movilizará desde la medianoche de este lunes contra medidas económicas del gobierno, en un desafío adicional al estado de excepción que rige para combatir la violencia del narcotráfico.
“Nuestras estructuras de base a partir de las cero horas (del martes, 05H00 GMT) estarán en diferentes puntos a nivel nacional”, advirtió a la prensa Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que se declaró en oposición al gobierno.
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Los pueblos originarios, protagonistas de la política ecuatoriana en los últimos 30 años con marchas que incluso han derrocado a tres mandatarios entre 1997 y 2005, saldrán a las carreteras próximas a sus comunidades y se sumarán a las protestas de sindicatos y estudiantes convocadas en Quito.
Las manifestaciones, que apuntan a ser las más nutridas desde la llegada al poder del conservador Guillermo Lasso en mayo, se darán en medio de un estado de excepción por 60 días decretado por el mandatario.
Lasso envió a los militares a patrullar las calles junto con policías, pero de momento no ha suspendido libertades como la de protesta o reunión pese a estar facultado a hacerlo bajo la figura de emergencia.
Al tiempo que combate la violencia de las mafias, el presidente está empeñado en la reactivación económica ante el efecto devastador de la pandemia a través de medidas que son rechazadas por sectores de oposición por considerarlas de corte neoliberal.
La oposición se aglutinará en torno al rechazo del alza de los precios de combustibles que decretó Lasso, seguido de un congelamiento de tarifas que no disipó el descontento popular.
“Que impere la ley”
Este lunes el gobierno advirtió que no permitirá desmanes.
“Vamos a desarrollar todo un dispositivo para evitar el cierre de vías, para que impere la ley porque el cierre de vías y el obstáculo al libre tránsito de personas y mercaderías está prohibido en la ley”, expresó Lasso el lunes a la prensa en la casa de gobierno.
“Con la fuerza pública, con la Policía nacional, vamos a imponer el orden”, enfatizó.
Nelson Erazo, presidente del Frente Popular -que aglutina a diversos sectores sociales-, lanzó una advertencia al tenor del anuncio de los indígenas:
“No se descarta bloqueos hacia la ciudad de Quito si el gobierno nacional no entiende que debe retroceder en sus políticas que han golpeado a la mayoría del pueblo ecuatoriano”, sostuvo, y dejó entrever que la de este martes podría ser la primera de una serie de acciones de presión: “no descartamos nuevas acciones en el transcurso del mes y en lo que va en los primeros días de noviembre”.
El detonante de las protestas
El mandatario conservador elevó hasta en 12% el precio de los combustibles, con lo que el sábado la gasolina corriente pasó de 2,50 a 2,55 dólares y el diésel de 1,69 a 1,90 dólares.
Al mismo tiempo suspendió los incrementos mensuales que se aplicaban con base a la cotización del petróleo en el mercado internacional desde 2020, cuando el diésel costaba 1 dólar, con miras a eliminar de manera gradual los subsidios que para este año le representaban al Estado unos 1.900 millones de dólares.
El Ejecutivo tiene previsto enviar en los próximos días reformas tributarias y laborales al Congreso para tratar de aliviar la crisis económica que afronta el país y que se agravó con la pandemia.
En septiembre presentó ante el Parlamento una propuesta de ley para reactivar la economía y generar empleo, pero la opositora Asamblea Nacional la devolvió argumentando inconsistencias con la Constitución.
En 2019 los indígenas, que representan el 7,4% de los 17,7 millones de habitantes del país, se movilizaron en masa en manifestaciones duramente reprimidas y salpicadas de violencia contra la eliminación de subsidios a los combustibles.
Al término de varios días de protesta, que dejaron once muertos, el gobierno del entonces mandatario Lenín Moreno (2017-2021) dio marcha atrás a la medida que había acordado con el FMI, para recibir millonarios préstamos.
En 2020 estableció los reajustes mensuales de acuerdo a la cotización del petróleo, que en el que caso de diésel era de máximo 3% al mes.
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