La ministra chilena de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, presentó este miércoles un proyecto de ley para legalizar el aborto sin causales hasta la semana 14, una de las grandes promesas del presidente, Gabriel Boric, y uno de los principales anhelos de las organizaciones feministas.
“A 36 años de que se ilegalizara el aborto terapéutico en nuestro país a través de un decreto dictatorial, hoy abriremos la discusión en el Congreso”, afirmó la ministra Orellana, en alusión a la prohibición del aborto impuesta por el régimen pinochetista en 1989.
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La iniciativa, que será debatida en el Congreso a partir del próximo lunes, contempla una norma técnica para concretar el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo de forma ambulatoria hasta las 12 semanas, siendo los otros casos -minoritarios según la estadística internacional- derivados a la red hospitalaria.
Consultada por la negativa expresada de antemano por algunos parlamentarios de oposición, la secretaria de Estado llamó a dar la discusión y confiar cada uno “en la justicia de sus argumentos”.
“Queremos abrir un debate respetuoso con base en evidencia, donde todas las posiciones, según en lo que se basen, tengan un espacio, pero donde no sigamos vetando un tema que sabemos sigue ocurriendo”, dijo Orellana.
“A quienes nos escuchan, especialmente a quienes han abortado, que sabemos por estadística son miles en nuestro país, tengan la edad que tengan, hayan usado métodos antiguos o más modernos, queremos que sepan que el Gobierno considera que no deben seguir siendo tratadas como criminales ni perseguidas penalmente”, enfatizó.
Boric se había comprometido a presentarlo el año pasado, pero aplazó el proyecto hasta que la Controlaría diera el visto bueno a un nuevo reglamento para regular la objeción de conciencia en la ley actual, algo que ocurrió la semana pasada.
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Chile despenalizó el aborto en 2017 durante el segundo mandato de la expresidenta socialista Michelle Bachelet, y aprobó una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos (riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación), aunque existen múltiples denuncias que apuntan a obstáculos para su plena implementación.
Pese al avance que supuso la actual ley, los obstáculos en su implementación y el estigma social hacen que muchas mujeres prefieran seguir interrumpiendo sus embarazos clandestinamente.
La presentación del proyecto fue aplaudida por gran parte de la izquierda y por las organizaciones feministas y recibió fuertes críticas por parte de la derecha, que actualmente tiene mayoría en un Congreso que se renovará en las elecciones de noviembre.
Desde la aprobación de la ley de las tres causales, el debate para ampliar la ley y aprobar el aborto sin causales se ha reabierto cada cierto tiempo, pero la derecha se opone frontalmente a ello y las encuestas muestran que la sociedad está dividida.
El último intento se hizo en 2022 cuando una propuesta para cambiar la Constitución chilena, vigente desde la dictadura militar, propuso garantizar el aborto libre en la Carta Magna, pero fue rechazada mayoritariamente por la ciudadanía.
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