El presidente chileno Gabriel Boric anunció el viernes la creación de una comisión que determinará cuántos son los territorios ancestrales demandados por los indígenas mapuches de La Araucanía y cuántos se pueden devolver, en la primera iniciativa concreta que busca resolver la crisis generalizada que afecta a la región, la más pobre del país sudamericano.
Precisó que el ente, al que llamó Comisión por la Paz y el Entendimiento, empezará a funcionar en marzo de 2023 y trabajará durante dos años. Advirtió que “no será posible restituir todas las tierras” que fueron usurpadas por el Estado chileno en el siglo XIX, ni se concretarán antes del término de su gobierno, en 2026.
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El anuncio lo hizo al término de una visita de dos días a la región que sufre constantes atentados incendiarios que son reivindicados por pequeños grupos de mapuches que exigen por la fuerza la devolución de territorios, aunque la mayoría de los indígenas busca el mismo objetivo por vías pacíficas.
Los ataques se intensificaron con la visita de Boric a La Araucanía, 600 kilómetros al sur de la capital chilena, donde se reunió con autoridades, gremios, parlamentarios y con familiares de personas muertas en violentos atentados.
Poco antes de llegar a la zona hubo al menos tres ataques incendiarios y bloqueos de rutas, y durante la madrugada del viernes se sumó la destrucción de un camión y el intento de incendio de una vivienda con sus moradores en el interior, los que lograron huir, según informó el comandante de la policía Alejandro Albán.
Boric explicó que la comisión también deberá entregar “plazos concretos para saldar y reparar esta deuda que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche”.
No detalló quiénes integrarán la comisión, aunque anticipó que será dirigida por Víctor Ramos, un psicólogo y magister en Estudios Sociales y especialista en políticas públicas. Milita en la izquierdista colectividad Convergencia Social, al igual que Boric.
El gobernante añadió que muchas ciudades del sur fueron levantadas sobre territorios que fueron mapuches y que hay familias que por generaciones viven en ellas, cuyos derechos serán resguardados. “No por ello vamos a renunciar a buscar un entendimiento”, acotó.
La Araucanía es considerada la más pobre de las 16 regiones chilenas, y la permanente violencia en esa zona frena las inversiones, según las autoridades.
Boric, que cumple ocho meses en el poder, admitió por primera vez que varios de los atentados en la región son de carácter terrorista y anticipó que el gobierno usará todas las herramientas legales disponibles para perseguir a los responsables. “Todas las partes deberán hacer concesiones”, señaló.
La Araucanía y la vecina región del Biobío viven bajo un estado de emergencia que le permite al mandatario usar a los militares para que colaboren con las policías en el control de las rutas de la llamada Macrozona Sur. A los permanentes atentados se suman hechos violentos protagonizados por ladrones de madera y bandas de narcotraficantes, según el gobierno.
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